“Yo no soy ningún okupa, no es cierto que yo sea un inquilino okupa. Al contrario, si acaso soy una víctima, un inquilino víctima de lo que podemos llamar acoso inmobiliario”. Ese es el mensaje fuerza de G.S. (prefiere no dar su nombre ni mostrar su rostro en una fotografía, ya que entiende que podría perjudicarle), el hombre que mantiene un larguísimo y enconado pleito con el propietario de la vivienda en la que reside, en la zona norte de Jerez, desde hace cosa de seis años, cinco de ellos de litigio. Se trata de un asunto que incluso ha tenido sus minutos en un programa de televisión de la audiencia de Espejo Público.
La semana pasada, lavozdelsur.es publicó un reportaje que se centraba en la figura de Hervé, un ciudadano belga que vive entre Jerez y Bruselas, que mantuvo varios días una sentada a la puerta de su casa pidiendo el desalojo de G.S. y la devolución de la misma. Se trata de un unifamiliar, así que Hervé estuvo allí en las escaleras varias horas al día y repartió distintos papeles entre los vecinos explicando la situación y llamando incluso “okupa peligroso” a G.S., con quien no habló en ningún momento e incluso –señaló– dudaba de que estuviera en el interior.
Por supuesto, la visión del asunto que da G.S. es totalmente distinta. “Esto es acoso. Tener a una persona sentada en la puerta es acoso; empapelar la urbanización, como ha hecho, es acoso; cortarme el agua, es acoso. He llamado a la Policía [a la Local] para poner todo esto en su conocimiento”, señala G.S., que además afirma a este medio que no es la primera vez que lo hace en relación a este asunto, ya que hace unos años se presentaron, según sus propias palabras, “dos skinheads” en su casa y le estuvieron “aporreando la puerta” hasta que llamó a la Polícia, que los identificó como pertenecientes a la empresa Desokupa (y así figura en la documentación que presenta).
Llegados a este punto de la conversación, este cronista no pudo evitar preguntar a G.S. si toda esta situación, todo este tiempo, le merece la pena, que cómo él y el propietario no han sido capaces de llegar a un acuerdo. G.S. lo tiene claro: para él, la Justicia, la Ley, están precisamente para eso, “para cuando no hay posibilidad de acuerdo entre las partes. Para eso están. ¿Qué haces por evitar un conflicto, lo dejas, te vas cuándo llevas la razón? Pues no”, dice.
El caso es que estas dos personas son incapaces de ponerse de acuerdo sobre el mero hecho de siquiera si se conocen o no (como lo oye, perdón, como lo lee el lector). Hervé dice que se han visto en una ocasión y G.S. dice que nunca, que ni siquiera cuando se firmó el contrato en mayo de 2017, vía inmobiliaria (eso es de lo poco en que coinciden), se conocieron personalmente, “ya que a la firma acudió una chica muy joven, como de 18 años o así. Sería su hija, supongo…”, dice G.S..
Hervé dice que G.S. tiene el contrato de arrendamiento vencido y le adeuda entorno a los 18.000 euros. Incluso dice que aunque es consciente de que, en efecto, no están contemplados (ni lo estaban por entonces) los contratos de alquiler por un año, eso es lo que se acordó y se dijo cuando se firmó en la inmobiliaria, ya que él quería disponer de la vivienda pasado ese tiempo. G.S., por su parte, indica que primero hizo uso de los tres años que le permitía la ley, luego vino la reforma legal que subió dicho período a cinco años, a los que, por último, habría que sumar las prórrogas covid que se aprobaron. Que esa es la legalidad y que él de ahí no se ha movido. De dinero no ha hablado.
En julio de 2022 Hervé consiguió en principio una sentencia favorable a sus intereses
Por lo demás, son cinco años ya los que estas dos personas llevan yendo y viniendo a los juzgados. En 2018 desde la inmobiliaria, en efecto, le recordaron a G.S. que debía abandonar el piso cuando cumpliera el año. Él lo reconoce, pero decidió cumplir el contrato entero. Desde ahí todo han sido desencuentros. G.S., por ejemplo, narra que en 2021 le empezaron a devolver mes tras mes todas las transferencias de las mensualidades y que llegó a pagar por cajero. Al mes siguiente fue a hacer lo mismo y no pudo; la cuenta, según dice, estaba cerrada o cancelada. Fue al juzgado a consignar las cantidades, pero le comentaron que antes debía notificar al interesado, algo que una vez más le fue imposible, afirma.
En julio de 2022 Hervé consiguió en principio una sentencia favorable a sus intereses ya que el asunto finalmente fue juzgado y G.S. debería ser desalojado. Pero G.S. no acudió al juicio y aduce que nunca se enteró del mismo. Meses después, ha conseguido demostrar ante el juez que no asistió porque no recibió ninguna notificación al respecto, entre otras cosas, porque la dirección de la vivienda, que tiene acceso por dos sitios, "venía mal, venía cambiada", afirma. Esto –y cabe suponer que otros asuntos– ha llevado al juez a una última resolución de hace escasamente un mes, por la que decide “abstenerse” al entender que tomó una decisión basada en unos elementos de juicio y ahora tiene otros, por lo que la sentencia queda sin ejecución.
El tema está en estos momentos pendiente de que lo asuma otro juzgado. Y todo indica que vuelta a empezar. Por un lado, Hervé, que quiere que le devuelvan su casa seis años después de arrendarla con 1 hasta 3 años y, por otro, G.S., que estima que la ley le ampara como inquilino y va a defender su postura hasta el final. En medio, la Justicia.
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