Samantha Gallardo y Domingo Grimaldi se muestran defraudados con el sistema al tener que demolir su vivienda construida en el patio de sus padres en 2012.
"Ahora no me lo hace a mí, ahora se lo hace a mi hijo". A principios del pasado agosto, Samantha Gallardo denunció en lavozdelsur.es los continuos episodios de violencia y acoso que recibió por parte de su expareja y padre de su hijo. Y hoy, todavía los sigue sufriendo. Éste le dejó una enorme deuda que aún arrastra, además de innumerables denuncias por cuestiones inverosímiles. "Cuando vivíamos en Estella de alquiler, mi niño se arañó con un cochecito que tenía al lado de la cama y fue a denunciarme. Mami, que me ha tenido papi en la Guardia Civil, me decía mi hijo", contó en una entrevista con este medio digital. Por tanto, cuando Samantha quiso vivir con su actual marido, Domingo Grimaldi, y su hijo de once años, se encontró embargada y sin poder alquilar una vivienda. ¿Qué hizo? No tuvo otra alternativa que construir una pequeña casa en el patio de la residencia de sus padres, situada en la barriada rural de Las Pachecas. Y el presunto maltratador actuó.
Si bien este matrimonio empezó a habitar la casa en el verano de 2012, poco tardó su expareja en presentar una denuncia por la construcción justificando que carecían de las licencias de obra necesarias para acometer dicha actividad. "Nos la lió y nos la sigue liando, porque esto lo ha provocado él", comentó Samantha durante la entrevista. El 100% de las casas edificadas en esta barriada rural se encuentran sin escrituras y con riesgo de ser derruidas, según afirman los vecinos. Pero el padre del pequeño de once años presentó una denuncia ante la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez en octubre de 2012, por la cual se iniciaron los procedimientos judiciales. Y el pasado 24 de abril, el juez Antonio Ruiz Villén, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictó una sentencia en la que exigía la demolición de la vivienda en un periodo máximo de seis meses —23 de diciembre de 2017 como fecha límite—, además de imponerle seis meses de prisión a la acusada, Samantha Gallardo —que al no tener antecedentes no cumplirá—, dos euros diarios de sanción durante seis meses —unos 60 euros al mes— y el pago de las costas judiciales.
"Yo solo quiero que me dejen vivir, que me dejen tranquila"
A escasos día de que se cumpla la fecha límite, Samantha declara que la demolición comenzará en la tarde de este lunes: "No quiero que nos agüe las navidades". Cuenta que desde hace un mes viven de alquiler en otra casa de Las Pachecas y que han hecho la mudanza en las últimas tres semanas con la ayuda de familiares y amigos. "Ayer estuvieron terminando de sacar las cosas", señala Samantha a través del teléfono con la voz temblorosa. "Yo no me había visto hasta ahora. No me encuentro muy bien, un poco nerviosa...", incide. "Aquí tengo al pequeñín, que es quién lo está pasando peor que nadie, porque ya no va a vivir con sus abuelos", agrega. Samantha y Domingo se manifiestan indignados ante un sistema que les ha dado la espalda. "Lo más triste es que al final le hayan dado la razón a él —su expareja—. Ahora no me lo hace a mí, ahora se lo hace a mi hijo", declara ella. Samantha lamenta la falta de voluntad por parte de todos los partidos políticos, los que le prometieron y luego no contestaron sus llamadas, y los que no quisieron hacerse cargo de su caso. "Ellos se han dedicado a venir los días de manifestaciones, a hacerse la foto y nada más". Asegura que el PSOE le prometió una reunión con la Junta de Andalucía, cita que nunca llegó a concretarse. "Y como se cansaron de que les llamara, ni me cogían el teléfono". Y del mismo modo, dice que "PP y Ciudadanos no han querido saber nada de mi situación". También destaca que el alcalde de Las Pachecas intentó mediar con el Ayuntamiento de Jerez y que incluso Emuvijesa quiso tomar cartas sobre el asunto en una de las concentraciones, hasta que vieron el problema que ella tenía con Hacienda. Por todo esto, y por el fulminante derribo de una vivienda que ella misma ha levantado, Samantha se siente defraudada. "No entiendo por qué me caen la casa, me están quitando lo único que tengo. Y tampoco entiendo por qué la Justicia se ha ensañado conmigo: me prohíben construir en dos años, me prohíben la política en dos años (afiliarme a un partido)... yo no he matado, no he delinquido, lo único que he hecho es una casa de 48 metros".
A todo ello, se suma que la pareja es la que tiene que encargarse de la demolición. "Esta tarde vienen a tirarla", dice entre sollozos. "No han querido saber nada de mí. Ni un piso de protección oficial. Y esa es la verdad", manifiesta y continúa: "Al final ha sido una lucha en balde, pero nos queda la recompensa de que lo hemos intentado". A través del teléfono se oye cómo Samantha se retira las lágrimas y dice: "Mira, a fin de cuentas es algo material, si pensaban que nos iban a quitar las fuerzas, ha sido al contrario. Hoy la caigo y si dentro de dos años tengo la oportunidad, haré otra". En la actualidad, tanto Samantha como Domingo están trabajando, "pero a ver cuánto nos dura", porque a ella se le acaba el contrato el próximo enero. "Yo solo quiero que me dejen vivir, que me dejen tranquila", y es que piensa que su expareja buscará algo para volver a hacerle daño a ella y a su propio hijo.
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