Emuvijesa ha denunciado a María Isabel del Toro, jerezana de 23 años, con una minusvalía psíquica del 42%, por ocupar una vivienda en Estancia Barrera.

Desde los siete años ha vivido en el Centro de Menores Pequeño Tesoro, de Chiclana. Al cumplir la mayoría de edad conoció al que a día de hoy sigue siendo su pareja y padre de sus dos hijas. Hasta hace siete meses, María Isabel del Toro, de 23 años, vivía en casa de sus suegros. En total diez miembros de la familia bajo el mismo techo: “Dormíamos con colchones en el suelo”. A la joven no le corresponde pensión de orfandad porque sus padres “no habían cotizado”, cuenta, y tiene una discapacidad psíquica del 42%. Embarazada de su segunda hija decidió ocupar una vivienda vacía. "No podíamos vivir así y en la calle no me voy a quedar”, dice. El 10 de mayo, poco antes de dar a luz, se celebró el juicio. La denunciante, Emuvijesa, la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, pide que no se le sancione, pero que abandone la casa. La sentencia le concede diez días para que lo haga en caso de no recurrir.

La casa que ocupa se encuentra en Estancia Barrera, junto a la casa de sus suegros. Una de las vecinas falleció y los familiares hicieron entrega de la llave. Fue entonces cuando María Isabel decidió ocupar la vivienda. “Estoy cerca de la familia de mi pareja, que me ayuda con las niñas y la comida”. Según esta jerezana, no cuenta con apenas ingresos porque el padre de sus hijas es un joven de 22 años sin formación. “Solo hace algún chapú en cuanto le llaman”, explica. La madre de éste, que trabaja como limpiadora, es el único apoyo económico con el que cuentan. Recuerda que cuando entró en la casa todo estaba destrozado. “Los propios familiares se llevaron los grifos, la vitrocerámica el termo, la nevera… y los mismos vecinos me han ayudado y me han dejado todas las cosas, poquito a poco.

Desde el primer día ha intentado regularizar su situación. Reunió firmas de sus vecinos respaldando la ocupación, los cuatro miembros de la familia están empadronados en la vivienda y logró poner la luz a su nombre. El agua es otro cantar. En Aqualia la derivaron al Ayuntamiento, de allí a Emuvijesa y de Emuvijesa a los servicios sociales. “Estoy a base de jarras de agua de casa de mi suegra, he hecho todo lo posible para tener agua, así no puede vivir con una niña”.

La sentencia no ha amedrentado a María Isabel. La recurrió y “mi asistente social me hizo un informe de vivienda urgente”. Más tarde, hace unos días, Emuvijesa citó a la joven. “Me hicieron varias preguntas, me dijeron que yo tenía el agua enganchada, que no es cierto. Me dijeron que me tenía que ir de la casa y le dije que no, me levanté y me fui”. María Isabel no quiere que sus hijas vivan hacinadas en casa de sus abuelos y mucho menos en la calle. Está dispuesta a cambiar de vivienda, siempre y cuando le proporcionen otra, la que sea.

Según ha informado Eva Bravo, gerente de Emuvijesa, a lavozdelsur.es, la vivienda que la joven ha ocupado ya estaba adjudicada a otra familia aunque aún no habían firmado, de ahí que sea la empresa municipal la denunciante. Por otra parte, confirma la versión de la okupa: “Entró por la ventana y el 11 de febrero presentó un escrito para que se le regulase la situación”. No obstante, al igual que en otros casos, Bravo subraya que se ciñen a cumplir estrictamente la legalidad y que el caso de María Isabel está siendo estudiado porque pertenece a la Red Madre. “Porque vayan a la prensa no los tratamos de una forma privilegiada”, sentencia la gerente de Emuvijesa.

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