En un punto indeterminado del extenso Jerez rural, de cuya ubicación más vale no dar pistas —"aunque muchos la conozcan"—, se encuentra un depósito judicial que también es el hogar de Óscar Rodríguez, un hostelero reconvertido a depositario judicial, que también es especialista de cine.
El exterior de la finca de Rodríguez cuenta con vallas altas y opacas, o con árboles frondosos, que dejan ver muy poco de lo que se encuentra en el interior. Nada más abrir la puerta, una narcolancha negra 'saluda' al visitante, imponente. Es a lo primero a lo que se va la vista.
Pasado el impacto inicial, los alrededores no son menos impresionantes. En la finca de 6.500 metros cuadrados hay en torno a medio millar de vehículos incautados a personas relacionadas con el narcotráfico. También hay motos de agua, motocicletas, bicicletas, aparatos de aire acondicionado utilizados en plantaciones de marihuana y hasta un helicóptero que sirvió para transportar droga a ambos lados del Estrecho.
En un entorno así vive Óscar Rodríguez, que tiene su casa en la finca familiar que su padre compró hace más de 30 años, y que en 2008 apenas usaba. Entonces, un amigo le contó que Hacienda tenía dificultades para encontrar depósitos donde mandar los bienes incautados a personas relacionadas con el narco.
Óscar se ofreció, y empezó a recibir coches y narcolanchas "sin firmar absolutamente nada". Cada vez que la Guardia Civil o la Policía Nacional incautaban una narcolancha, un vehículo utilizado en un alijo o cualquier otro bien, lo llamaban para que se desplazara a cualquier punto de la provincia, lo desmontara y lo trasladara a su finca, que tiene plagada de cámaras de vigilancia y sensores de movimiento.
Ahora acumula cientos de bienes, por los que en teoría debe cobrar. Son unos 2 euros por cada día que pernocta un coche. O 1,40 euros por cada moto, aproximadamente. En teoría, porque en la práctica hace mucho que no cobra nada por prestar estos servicios. A la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias, le reclama un millón de euros. Por eso, hace tres años que no entra nada en su depósito. Su lucha ahora pasa por cobrar y deshacerse de todo.
En este tiempo, no siempre ha cobrado cada vez que el propietario de un vehículo, una vez archivada su causa judicial, ha acudido para retirarlo. La mayoría de ocasiones ha tenido que dejarlos ir sin percibir un euro. "Si me niego a entregar un coche sin cobrar, me mandan una patrulla para detenerme. Una vez estuve a punto", confiesa Rodríguez, que fue hostelero —su familia regenta la conocida Venta La Carreta y es primo de los dueños de Hermanos Carrasco— y ahora es también especialista de cine.
"Este es un negocio que no se lo recomendaría a ningún amigo", sostiene Óscar Rodríguez, sobre ser depositario judicial, por lo que ha estado durante cerca de 15 años pendiente del teléfono móvil, día y noche, recorriéndose toda la provincia para desguazar y trasladar hasta su finca bienes decomisados.
"He trabajado en Nochevieja, en Nochebuena, festivos, fines de semana... a cualquier hora", cuenta Rodríguez. En el caso de tener que acudir al río Guadalquivir por una embarcación, navega con ella hasta Chipiona, la saca del agua con una grúa, desmonta motores, extrae combustible, la traslada hasta el puerto y luego hasta el depósito judicial que también es su casa. "Este proceso puede durar varias horas o incluso días", reseña.
"Supone no tener vida", dice sin tapujos, porque además de Cádiz, también ha actuado en ocasiones en provincias colindantes, como Huelva, pero también Málaga o incluso Granada. O ha participado en actuaciones en las que conocía a los propietarios de bienes decomisados —"he tenido amigos que se han dedicado y se dedicarán al mundo del narcotráfico"—, que le reprochan su labor. Pone en riesgo su integridad para no cobrar.
Del depósito judicial al cine
Pero de este calvario que está pasando, de los impagos que sufre por parte de la Administración, le surgió una oportunidad laboral que no esperaba: ser especialista de cine.
Durante el rodaje de El Niño, la película dirigida por Daniel Monzón, contactaron con Óscar para que instruyera al protagonista del filme, Jesús Castro, y lo asesorara en el pilotaje de motos de agua, por ejemplo. Pero también trabajó como mecánico. En la película se usaron algunas narcolanchas que tenía en su depósito.
Desde entonces —la película es de 2014— ha participado en una decena de películas y en otras pocas series. En la última, Tierra de nadie (2025), hasta hay un personaje inspirado en su experiencia al frente del depósito judicial.
La película, que aborda el tema del narcotráfico en la provincia, cuenta la historia del guardia civil Mateo "el Gallego" (Luis Zahera), el pescador reconvertido en narco Juan "el Arrantzale" (Karra Elejalde) y el depositario judicial Benito "el Yeye" (Jesús Carroza). Éste último se ha apoyado mucho en Óscar para sacarle jugo al personaje.
Gracias a sus participaciones en películas, y a su trabajo como instructor de Ferrari durante los fines de semana, Rodríguez ha podido sobrevivir todo este tiempo, en el que ha ido aumentando la deuda que las Administraciones mantienen con él.
Un cocinero que quiso 'frenar'
El padre de Óscar, Salvador Rodríguez, fue el fundador de la Venta La Carreta, un conocido negocio ubicado en la carretera de La Ina, por el que ha pasado toda la familia.
Óscar fue cocinero. Pasó muchas horas entre los fogones de una venta que ha sido escuela de hostelería para muchos familiares, ya que pertenece a una saga hostelera difícilmente igualable. Es primo de los propietarios de Hermanos Carrasco, Secuencia Nueve, Cervecería El Retiro... y tantos otros negocios.
Él siguió esa senda, hasta que le surgió la oportunidad de ser depositario judicial. Echa la vista atrás y se arrepiente de no haber seguido en la hostelería, con la que tendría "más vida".
Óscar llegó a tener negocios propios, como un bar de copas en Valdelagrana, pero lo dejó todo para apostar por el depósito. "Si llego a seguir por ahí, estaría mil veces mejor que estoy hoy. Y con vida", dice tajante.
Una "pelota" que no deja de crecer
La situación de Óscar Rodríguez es desesperante. Por eso no tiene reparos en que un periódico acuda a su depósito-casa, para retratarlo entre narcolanchas o coches decomisados. Porque está harto de esperar una solución.
Mientras, calcula que la Junta de Andalucía ya la adeuda en torno a un millón de euros, por las tasas impagadas de los innumerables bienes que tiene repartidos por toda su finca, una "pelota" que creció durante 15 años.
Se encuentra inmerso en tal embrollo judicial que ha tenido que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para reclamar lo que es suyo, por lo que ha trabajado tantos años.
"Hay casos en los que si un coche no se devuelve a su dueño en el plazo de cinco años, pasa a ser un bien decomisado dentro del Plan Nacional Sobre Drogas, que se lo lleva y lo subasta. Si lo vende a los dos meses, me pagan por esos dos meses, pero no por los cinco años anteriores", cuenta Óscar, para ejemplificar lo injusto del trato que recibe. Y que no sabe cuándo se solventará.