Ganemos quiere que las eléctricas paguen a los municipios por sus tendidos

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El Tribunal Supremo falló recientemente contra estas empresas para que paguen las tasas municipales por atravesar sus territorios.

Ganemos Jerez quiere que la Diputación de Cádiz, "en defensa de los derechos e intereses de la provincia y de sus habitantes", lidere el asesoramiento a los ayuntamientos gaditanos para que las ordenanzas municipales obliguen a las compañías eléctricas a pagar las correspondientes tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local, según se recoge en sentencias del Tribunal Supremo, confirmando la validez de estas ordenanzas en ayuntamientos como el zamorano de Villapando o el coruñés de Arteixo. El alto tribunal reconoce así la absoluta legalidad de estas ordenanzas, así como las tarifas resultantes de un informe técnico económico elaborado por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) que ha sustentado el cálculo de dichas tarifas declarándolo justificado y conforme a Derecho. De esta manera, Ganemos Jerez considera que se conseguiría un incremento en el margen recaudatorio "que es a todas luces justo, máxime cuando son conocidos los enormes beneficios económicos que las eléctricas facturan año tras año". 

La ley reguladora de las haciendas locales estableció en el año 2004 que las compañías eléctricas, las empresas de gas, de agua e hidrocarburos debían pagar a los municipios a los que suministren por aire, suelo o subsuelo un 1,5% de su facturación en el término local, y que también están obligadas a pagar por atravesar los municipios aunque no les suministren de manera directa. Desde entonces, las compañías eléctricas han litigado con los ayuntamientos para evitar el pago de estas tasas por considerarlas desproporcionadas. 

En contra del criterio de las empresas, el Supremo valida este gravamen, que se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público, provocando así que sea más justa y adecuada para compensar el uso del dominio público por parte de las empresas y particulares.

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