El informe de la IGAE acredita que los expedientes para el desembarco de Jerez en la feria turística fueron adjudicados por Pelayo "al margen de los dipuesto en la ley, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia aplicables a la contratación pública".
La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha encajado el informe ampliatorio y definitivo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que el juez Pablo Ruz llevaba un año esperando, con la socorrida táctica del avestruz. Ni el hecho de que la información recibida por el magistrado haya sido noticia nacional gracias a la publicación en el diario El País le ha valido para reforzar su pobre argumentario. Sin poder ocultar su nerviosismo ante el avance imparable de la instrucción de la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' de la trama Gürtel, la también senadora y líder del PP de Jerez ha expresado su "tranquilidad absoluta" ante un asunto judicial que reduce a cuestión "puramente administrativa". Eso sí, que "habrá que aclarar cuando corresponda", advierte dando a entender que ha empezado a asumir que tendrá que acudir al Tribunal Supremo a declarar como imputada.
La IGAE, en un documento de 72 páginas al que ha accedido La Voz del Sur, ratifica a Ruz lo que ya confirmó la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF): el Ayuntamiento, liderado entonces por Pelayo, presuntamente falseó el procedimiento para contratar a empresas de la trama Correa para la organización y presencia de Jerez en la feria de turismo Fitur 2004 por un importe para las arcas públicas de 355.391 euros. En enero de aquel año, el equipo de Pelayo cifraba la presencia de Jerez en Fitur en una cantidad que "ronda los 100.000 euros". Solo la mordida del intermediario, corroboran Policía Judicial y peritos judiciales, fue de más de 53.000 euros. Una persona totalmente afín al PP y del que, en su momento, se dijo públicamente por parte del equipo de gobierno popular, en concreto por boca de Bernardo Villar, que venía asesorando "gratis", según recoge la prensa local en aquel momento. Pero es más, la IGAE deja claro en su informe que "en los expedientes examinados se ha incumplido lo dispuesto en los estatutos del Institución de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), ya que los pliegos y la adjudicación no fueron aprobados por el consejo rector sino por la presidenta (Pelayo), aunque con posterioridad a la prestación del servicio el consejo rector efectuara la ratificación de la resolución de Presidencia".
Todo empezó un 18 de noviembre de 2003. Una reunión informal, preparatoria, notas a mano. Faltaban unos dos meses y medio para la celebración de Fitur 2004. ¿No era demasiado tiempo de margen para tratar de justificar un procedimiento de contratación pública por vía de urgencia? La empresa habitual de los últimos años, Feriaco, ya no tenía sitio en Madrid. Un tal Isidro Cuberos se paseaba por la Moncloíta, cuentan testigos directos, a sus anchas, "dando órdenes a todos". ¿Quién lo había mandado allí? Todo hace indicar que Javier Arenas, con quien no solo compartió diferentes puestos de responsabilidad en su ámbito de comunicación, sino con quien incluso llegó a compartir piso cuando aquel fue nombrado ministro de Trabajo. Por esa estrecha relación, quizás, la Policía señale a Cuberos como el conseguidor de la Gürtel en Andalucía. Y ahí entra el Ayuntamiento de Jerez, donde Arenas negoció aquel pacto arduamente con Pedro Pacheco meses antes.
Bernardo Villar, entonces hombre fuerte de Pelayo, no se cortó cuando ya saltó la polémica en aquel momento: "Cuberos viene gratis. No ha estado nunca afiliado al PP. Siempre ha mantenido con el partido una relación profesional". Éste respondía al gesto en la prensa con una tribuna libre, que firmaba como "responsable de la presencia de Jerez en Fitur", agradeciendo la "incansable labor" de la alcaldesa. ¿No conocían a Cuberos ninguno de los dos? ¿Complicado de creer, no? Tanto UDEF como IGAE han dejado claro a Ruz que toda la documentación intervenida y analizada induce de forma razonable a considerar acreditado que "los expedientes relativos a la 'prestación de los servicios para el desarrollo de Fitur 2004' fueron adjudicados por el IPDC al margen de los dipuesto en la ley, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia aplicables a la contratación pública".
La chapuza administrativa, es de suponer que por las prisas por concretar la operación, o por torpeza, o porque en aquella época del boom todo era un despiporre, queda patente también, según la IGAE, en el hecho de que "muchos de los documentos que conforman el expediente administrativo contienen importantes defectos formales, no consta la fecha ni quien los firma, pero lo que es preciso destacar es que prácticamente ninguno y, en especial, los que afectan a notificaciones a los adjudicatarios o escritos presentados por éstos, carecen del correspondiente sello o membrete del registro público, que garantice la fecha y la veracidad de su contenido". Los peritos judiciales tampoco se tragan la urgencia con la que se intentó justificar toda la adjudicación e insisten en su escrito a Ruz en que "el procedimiento de contratación debería de haber sido abierto, en lugar de negociado sin publicidad. El IPDC ya había participado otros años en Fitur y según las notas manuscritas elaboradas por el anterior director del IPDC, al menos desde el 18 de noviembre de 2003 ya se tenía conocimiento de la participación en Fitur 2004". Dicha urgencia, añade, "no sirve de excusa para vulnerar los procedimientos de licitación aplicables a la contratación pública".
En la cronología de los hechos que relata la IGAE en su documento se refleja que se produjeron actuaciones anteriores a la notificación a las empresas de Correa de la adjudicación por parte del Ayuntamiento. "Con anterioridad a la notificación de la adjudicación, 16 de enero de 2004, las empresas del grupo FCS, ya habían solicitado y prestado su conformidad a varios presupuestos (DYMACO, BARQUERO, CAECERO, CLECE...) referidos al suministro y montaje del stand de Fitur 2004". Desde el 8 de enero, Special Events, dirigida por Pablo Crespo, es quien realiza todas las gestiones (canon de montaje, seguro, confecciona y presenta planos de planta...). Con posterioridad a la finalización de Fitur de aquel año, 1 de febrero de 2004, se han intervenido varios correos electrónicos, entre el 6 y el 24 de febrero, así como algunos documentos en los que se pone de manifiesto que se elaboraron los presupuestos de los tres actos adjudicados a empresas de la Gürtel. "Significativo es el correo electrónico de 18 de febrero en el que Isidro Cuberos, además del presupuesto, le indica a Pablo Crespo además del importe de la proposición económica qué empresa debe presentars", resaltan los peritos judiciales.
"La documentación administrativa confeccionada por las mercantiles Special Events SL, Down Town Consulting SL, y Teleanuncio SL, al objeto de presentarse a los concursos negociados sin publicidad, fue elaborada y entregada en el IPDC una vez ejecutados los trabajos y transcurrido casi un mes desde su finalización el 1 de febrero de 2004. Por su parte, los diferentes documentos justificativos del expediente administrativo, proposiciones económicas y demás documentación administrativa, incluidos los contratos suscritos, no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos, sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos. Con posterioridad a Fitur 2004, concreta el informe ampliatorio, "personal del Ayuntamiento y del IPDC confeccionó los diferentes documentos administrativos y estableció los procedimientos de contratación necesarios para dar al expediente una apariencia de legalidad y de que en la tramitación y gestión de estos actos se había seguido el procedimiento administrativo".
Igualmente, el procedimiento negociado sin publicidad exige invitar a participar a diferentes empresas, pero "no queda acreditado el medio ni en qué fecha se han cursado dichas invitaciones", pero es que "tampoco consta en qué fecha y cuál ha sido el medio utilizado para presentar las ofertas a Special Events o Teleanuncio". A la licitación solo se presentaron las ofertas de un licitador para el lote 1, Special Events, y otro para el lote 2, Teleanuncio. "La presidenta (García-Pelayo) mediante resolución de 18 de enero de 2004 declara válida la licitación, adjudica los lotes a los licitadores y establece la obligación de acreditar documentalmente la constitución de la fianza definitiva". Los contratos, sigue el documento, "se firman el 19 de enero de 2004. Se destaca que los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deben aportarse antes de la adjudicación del respectivo contrato. No obstante, en el expediente administrativo consta que con fecha 24 de febrero de 2004 la empresa Special Events presenta certificado de 'estar al corriente', mientras que Teleanuncio no cumple con este paso previo hasta el 4 de marzo, más de un mes después de finalizado Fitur". Lo dicho, una auténtica chapuza con la que se pretendía vestir un muñeco que costó cientos de miles de euros a los contribuyentes jerezanos.
Muy lejos quedan ya esos argumentos del pasado a los que aludía Pelayo al referirse al caso Gürtel en Jerez durante su anterior etapa de regidora, en 2003 y 2004: "Es un caso archivado" o "todo se tramitó conforme a la legalidad" fueron dos de sus justificaciones 'estrella', la primera motivada por el carpetazo que dio en 2011 el juez Pedreira a este asunto por considerarlo fuera de su jurisdicción. Tras conocerse el informe de conclusiones que casi cierra la investigación seguida por el magistrado de la Audiencia Nacional, la dirigente del PP ha vuelto a dirigir, como ya hizo la semana pasada con el nuevo informe de la UDEF, las miradas hacia los técnicos, "tengo plena confianza en los técnicos", y ahora, como novedad, asegura que en aquella época el Ayuntamiento "estaba manga por hombro". Según la cronología de los hechos que relata la IGAE parece evidente que, en todo caso, manga por hombro está el expediente que se prefabricó para dar "apariencia de legalidad" a las contrataciones con las empresas de Correa.
Su número 2 en el partido en la ciudad, Lidia Menacho, ha ido a más este jueves y en una nota de prensa, en la que sorprendentemente tiene la habilidad de no utilizar en ninguna línea la palabra Gürtel, ha aseverado que "el asunto de los expedientes de contratación de Fitur es una cuestión puramente administrativa, sin más. En Jerez tenemos a los corruptos en la cárcel y las manos muy limpias. Que quede claro: En ningún caso, se vincula a García-Pelayo, ni al Ayuntamiento, ni a políticos del Ayuntamiento con ningún tipo de trama". Ante las peticiones de dimisión de los grupos de la oposición, Menacho, ganándose el sueldo, ha insistido: "En ningún informe de la UDEF o en el informe del IGAE hay nada que vincule a la alcaldesa de Jerez o a cualquier otro político jerezano con la trama Gurtel. No existe". Nada más lejos de la realidad.
Olvida que la Policía Judicial sí implica de forma clara y directa en el informe que remitió hace un año a Ruz tanto a Pelayo como a su por aquel entonces delegado de Promoción de la Ciudad, Bernardo Villar -hoy vicepresidente de Diputación-. Como en el nuevo informe que firman los peritos judiciales no solo figura la líder del PP jerezano, sino que se alude a su firmas y resoluciones en la tramitación de los contratos, se cuestionan todo tipo de actos, y se concluye que, queda acreditado, que todo fue un montaje a posteriori. Es más, la IGAE se detiene en otros detalles que habían pasado hasta ahora desapercibidos, como por ejemplo la manera de redactar las resoluciones de Presidencia, esto es de García-Pelayo. "Es preciso destacar la confusión que produce la resolución, al figurar una vez procedido a la apertura de la oferta presentada para adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, cuando la propia Presidenta en la resolución de 8 de enero de 2004, ya anticipaba que no ha sido posible promover concurrencia". Dicha notificación de la resolución la efectúa el secretario, con fecha 16 de enero de 2004, sin que en la misma conste el nombre, ni registro de salida, ni justificante de la notificación.
El mismo informe de la IGAE ya recoge una serie de notas manuscritas fechadas el 18 y 25 de noviembre de 2003 con motivo de dos reuniones preparatorias para el desembarco de Jerez en Fitur de 2004. En la del 18 ya aparece el nombre de Isidro Cuberos. La UDEF ya ha determinado su papel como conseguidor en la pieza jerezana, reportándole su papel unos beneficios del 55,64%, más de 53.000 euros. En la reunión del 25 de noviembre, "en la parte izquierda del encabezamiento posiblemente hace referencia a los asistentes a la reunión: Cuberos, Badanelli (ligada a empresas de Correa), Silvia y Elena". Éstas dos últimas son dos técnicos municipales a las que la UDEF insta al juez Ruz a identificar en nuevas diligencias. Del mismo modo, también consta una "especie de orden del día" y un "primer Presupuesto" que figura desglosado en "gestión, stand, Jerez Esencia, Jerez Venencia, Jerez Vivencia. Elementos gráficos, merchandising, publicidad. El importe total de las diferentes partidas asciende a 393.227 euros". Por último siempre según el informe de los peritos judiciales, "se señala al final de las notas lo siguiente: ver forma, importe: contratación administrativa; separar: facturar directamente (?); IPDC: solo azafata y coordinación; Cuberos, el resto".
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