Dos funcionarios de prisiones de ambos centros, en libertad con cargos por un presunto delito de cohecho continuado, sobornaban a reclusos ofreciéndoles mejoras de condena o la libertad controlada a cambio de dinero y favores.
“Que Carlos Carretero estaba apuntado con él en música, que no hacía nada, diciéndole entre otras cosas que de la cárcel se sale pagando, diciéndoselo como consejo, siendo el funcionario de prisiones I. M. el que lo visitaba en el módulo 5, dentro de una oficina que tenían los funcionarios, cosa que no era lógica pues I. M. no era educador de Carretero”. Es un fragmento de la declaración voluntaria que un antiguo recluso de Puerto II ha hecho recientemente en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz y que forma parte de las diligencias que investigan a dos funcionarios de prisiones, I. M. P. (del Centro de Inserción Social –CIS- de Jerez) y J. M. G. R. (de Puerto III), tras haber sido detenidos la pasada semana como presuntos autores de un delito de cohecho continuado en el tiempo. En total, las investigaciones apuntan a que podrían haber sobornado a más de una veintena de internos de estos centros penitenciarios e incluso de la cárcel de Botafuegos, en Algeciras.
El recluso que declara ante los agentes de la Guardia Civil, según reza en las diligencias a las que ha tenido acceso lavozdelsur.es, no es otro que el que fuera compañero de celda del referido Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique condenado a cuatro años por la Operación Karlos (el mismo que orquestó una pensión falsa para la madre de María José Campanario). En su testimonio señala tanto al educador del CIS Alfredo Jorge Suar Muro de Jerez como al de Puerto III, el cual según narra llegó a extorsionarle y chantajearle. “Se desprende que por permisos cobraba a los internos, como es el caso del declarante al que le pedía 3.000 euros, y por no tenerlos, de una condena de 30 meses lo tuvo sin salir durante 22 meses, realizando informes desfavorables”, reza en el documento de la Guardia Civil. “He llegado a llorar de impotencia delante de mi educador, pues mi condena era de 30 meses por un delito de estafa que no superaba los 700 euros, con la responsabilidad civil pagada, uno de los requisitos para optar a algún beneficio penitenciario, viendo cómo otros compañeros con otros delitos más importantes, multirreincidentes, teniendo una condena hasta de cuatro años, han salido en seis meses en tercer grado para el CIS de Jerez”, ha llegado a declarar el exconvicto ante la Guardia Civil.
“Que Carlos Carretero estaba apuntado con él en música, que no hacía nada, diciéndole entre otras cosas que de la cárcel se sale pagando, diciéndoselo como consejo"
Suspendidos cautelarmente por parte de Instituciones Penitenciarias desde el pasado lunes, la juez ha dejado en libertad con cargos a J. M. G. R., mientras que I. M. P. ha contado con prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros. La historia no puede ser más truculenta. Al margen de la presunta extorsión a los reclusos, cobrándoles por su libertad o por mejorar su condena, en las diligencias practicadas por los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita también figuran muchas otras prácticas delictivas. Presuntamente se bordeó el acoso sexual (“intentos de besos y abrazos a varias reclusas”); se falsearon pruebas de consumo de sustancias estupefacientes (I. M. "es el funcionario que manipula los resultados de las analíticas de los internos al objeto de regresarlos a segundo grado penitenciario en Puerto II o Puerto III"); o se trapicheó con narcos encarcelados para la adquisición o venta de vehículos de alta gama. En el caso del funcionario del centro de Jerez se detalla que incluso exponía los vehículos frente al CIS –en la zona de Pozoalbero- para su venta y, de ese modo, “quedarse con el dinero que pagaban por cada uno de los coches expuestos”. Este mismo funcionario también habría pedido trabajo para su hermano a Carlos Carretero a cambio del tercer grado penitenciario, según se desprende de las declaraciones del recluso, que además identificó a ambos funcionarios en acta de reconocimiento fotográfico.
I. M. es además el funcionario que, según declaraciones tanto de funcionarios de prisiones, testigos protegidos, testigos e investigados no detenidos, “realiza sesiones de hipnosis en su despacho a los internos e internas, aprovechándose de su superioridad, incluso intentando abrazar y besas a las internas”. A algunas, como a J. D. B., incluso quiere diagnosticarla y tratarla de una enfermedad mental. Adicto a la cocaína, reza en las diligencias, es también el que “saca del CIS a los internos o internas sin autorización” o el que, según declaraciones de testigos protegidos, fue obsequiado por El cagalera –del famoso clan sanluqueño de la droga- con un BMW que en la actualidad tiene a su nombre el propio I. M., hecho que es reconocido en su declaración por el hijo del conocido narco que protagonizó la Operación Pitón a principios de los 90.
Los funcionarios se veían en un restaurante junto al CIS de Jerez para analizar cuáles de los internos eran "objetivos" a los que se les podía pedir dinero
El hijo de El cagalera, apodado El diarrea, recibió una ‘oferta’ del otro funcionario encausado cuando cumplía condena en Puerto III para beneficiarlo con el tercer grado a cambio de 15.000 euros. J.M.G.R. cobró la mitad de lo pactado pero el recluso no pudo ver atenuada su pena al producirse un cambio en los componentes de la junta de evaluación. Es este funcionario de la prisión portuense el que "contacta con el educador I.M.P., en el restaurante frente al CIS de Jerez, para informarle de cuáles de los internos que se van a incorporar al CIS procedentes de Puerto III en tercer grado penitenciario son objetivos a los que se les puede pedir dinero". Este parecer de los instructores es corroborado por la persona que regenta el citado establecimiento, quien no solo identifica a los dos funcionarios sino también a una tercera persona presente en esas reuniones, "que siempre abonaba las consumiciones", y que figura en las diligencias como investigado 'no detenido'.
Según adelantaron los periódicos del Grupo Joly, la Guardia Civil puso en marcha el complejo operativo hace algo más de un año a raíz de la denuncia presentada por la pareja de un interno, que aseguró que había abonado 2.000 euros a I.M.P. como anticipo por obtener una de las pulseras del CIS, muy limitadas y que permiten hacer vida normal en libertad con la única salvedad de que, a una hora pactada con su educador, han de presentarse en su domicilio particular. Una vez que los agentes comenzaron sus diligencias comprobaron que estas prácticas eran cotidianas para ambos funcionarios de estos centros penitenciarios de la provincia. Esta misma semana, la sección de Prisiones del CSIF han negado rotundamente que exista una trama organizada de corrupción en las cárceles gaditanas y ha demandando “máxima rigurosidad y cautela” ante la investigación abierta por una situación “totalmente aislada”. En total, afirman fuentes de la investigación, han prestado declaración en las últimas semanas 21 investigados (imputados) y 17 testigos, entre reclusos de ambos centros penitenciarios y funcionarios de prisiones que habrían presenciado algunas de las ilegalidades de las que se acusa a los dos principales encausados.
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