El principal investigado por el espionaje que sufrió el fundador de Wikileaks, Julian Assange, durante su estancia como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, el jerezano David Morales, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no es cierto que saliera de España en marzo en dirección a Lisboa saltándose así las medidas cautelares que pesan sobre él.
La declaración de Morales se ha producido después de que este domingo se conociera que el 8 de marzo habría sido interceptado por la policía lusa cuando intentaba llegar a Lisboa, según avanzaba El Mundo. Fuentes presentes en su declaración han explicado que habría sido interceptado en el paso próximo a Ayamonte en compañía de otras personas y varias maletas, supuestamente unos clientes a los que acompañó hasta la frontera, según su versión, aunque fue interceptado por policías portugueses.
Su comparecencia de este lunes, que se ha realizado por videoconferencia, tenía relación en un principio con la querella de una de las perjudicadas por el espionaje, la periodista Stefania Mauriz. Morales se ha negado a contestar a las preguntas de la defensa de Assange y a las de la defensa de Mauriz y sólo ha contestado brevemente a la Fiscalía y a su propia defensa.
Aprovechando esta comparecencia, y en la revisión de las medidas cautelares, el fiscal del caso ha solicitado que el empresario jerezano acuda a firmar al juzgado con mayor frecuencia después de el aviso de la policía portuguesa, mientras que la acusación de Assange ha interesado bien su prisión provisional bien la libertad bajo fianza. Morales ha negado haber salido de España y ha indicado que a pesar de haber estado próximo a la frontera no estuvo en territorio portugués.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, que heredó la causa del anterior instructor José de la Mata, ha decidido mantener las comparecencias 'apud acta' tal y como estaban previstas, por lo que el investigado deberá seguir acudiendo al juzgado con una periodicidad mensual. Este lunes también ha declarado de nuevo el jefe de operaciones de la empresa de seguridad Undercover Global SL (UC Golbal), Michelle Wallemacq, quien según fuentes presentes también se ha negado a responder a las preguntas de los letrados de Asange y la periodista.
Morales es el propietario de la empresa Undercover Global, adjudicataria del contrato para gestionar la seguridad de esa legación consular ecuatoriana entre 2015 y 2018 y que, según la querella presentada por Assange contra él, habría aprovechado esa circunstancia para espiarle y vender la información a servicios de inteligencia estadounidenses y ecuatorianos.
En concreto, el juez investiga si Morales habría "invadido la intimidad" de Assange mediante "la instalación de micrófonos ocultos y otros medios", como convertir el circuito cerrado de cámaras de seguridad en dispositivos de captación de imagen y audio, tal y como apuntaría la documentación de la empresa que la defensa del activista ha aportado a la Audiencia Nacional.
Tras admitir a trámite la querella, la Audiencia Nacional acordó en septiembre de 2019 la detención de Morales, que tras pasar a disposición del magistrado fue puesto en libertad con prohibición de abandonar España y obligación de comparecer en sede judicial dos veces por semana. Esa medida cautelar se relajó más adelante.
Está imputado por presuntos delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, blanqueo de capitales, cohecho y tenencia ilícita de armas. En el registro de su domicilio se intervino documentación relativa a sus contratos con la Embajada de Ecuador, dinero en efectivo, soportes informáticos y dos armas de fuego con el número de serie borrado.
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