Una familia, a oscuras, en una imagen de archivo. FOTO: JUAN CARLOS TORO
Una familia, a oscuras, en una imagen de archivo. FOTO: JUAN CARLOS TORO

Wilson y Luddyn y Abraham y Jessica, dos jóvenes parejas, okupan viviendas públicas en Estella. Tras ser denunciados, ahora están a la espera de ver cómo se resuelven sus casos en los juzgados.

Al llamar a la puerta abre una mujer de estatura media y rasgos latinoamericanos. Pasan unos minutos de las nueve de la noche y la vivienda está a oscuras. Apenas unas velas alumbran la estancia. Por detrás, su marido, Wilson, invita a pasar al salón, donde una de sus hijas pequeñas, de cuatro años, juega con una tablet. "Pregunta si la tele está estropeada", dice su padre. La otra, de apenas diez meses, se entretiene con varios juguetes ajena a la historia. La de una familia boliviana que se ha visto “obligada” a vivir de okupa tras ser víctima de una estafa.

En la estancia se amontonan los pocos enseres que pudieron rescatar tras dejar su última vivienda, que dejaron por no poder seguir abonando el alquiler de 250 euros. “No dejamos de pagar, nos retrasamos en el pago”, dice Wilson, aunque la paciencia de su casera se agotó. Llevan apenas una semana viviendo en Estella.

Vieron una casa vacía, forzaron la entrada y comenzaron a traer cosas poco a poco. Aseguran que no les quedó más remedio, que no tenían donde ir. Wilson y Luddyn llegaron hace ocho años a España procedentes de Bolivia. Él, que empezó a trabajar como empleado de mantenimiento nada más llegar, pensando en volver a su país tras unos pocos meses, cuenta que han llegado a esta situación tras ser estafados.

Es vendedor ambulante e intentó comprarle un puesto a una senegalesa que, tras recibir 3.500 euros de Wilson, se arrepintió y no le cedió el espacio. “Me jodió la vida”, cuenta. La vivienda en la que están es de propiedad municipal, pertenece a Emuvijesa (Empresa Municipal de la Vivienda) y tiene propietario, un portero de colegio que se jubila el próximo mes de diciembre, cuando esperaba instalarse. Por eso Wilson y Luddyn están citados para declarar por un posible delito de usurpación.

Wilson y Luddyn, bolivianos, llegaron hace ocho años a España y tras serle estafados 3.500 euros dejaron de pagar el alquiler. Llevan una semana en Estella

“Está usurpando una propiedad. Debe dejarla cuanto antes. Se han iniciado tramites legales para su enjuiciamiento. Esta situación le puede acarrear graves problemas”, le escribieron a la familia, según apuntan, desde Emuvijesa a través de un SMS. “Somos emigrantes y nos da miedo todo esto, no sé lo que hacer”, dice Wilson. Trabaja como vendedor ambulante en ferias y mercadillos, pero lleva unas semanas sin vender porque no quiere dejar a su mujer sola con las dos niñas.

Luddyn no aguanta las lágrimas al escuchar hablar a su marido. “Estoy mal de los nervios, no descanso, esto no es vida”. Cuenta que apenas duerme por las noches y que cualquier ruido, por mínimo que sea, les pone en alerta. “Si hay que ir a la cárcel voy yo, que tú trabajas y vas a poder cuidar a las niñas”, le dice Luddyn a Wilson, que cuenta que hasta han tenido que empeñar un anillo de su hija pequeña “para poder salir adelante". Y lo hacen a duras penas.

Mientras esperan que se resuelva su caso, pasan las horas y los días en la casa. El próximo martes están citados en los juzgados. Les puede caer una multa de entre 200 y 2.000 euros si no comparecen. Allí contarán su situación y dirán que están en la vivienda provisionalmente, mientras esperan poder optar a una siguiendo los trámites legales. “Llevamos más de un año y medio en lista de espera pero nos piden una nómina de 1.300 euros para poder acceder a una vivienda”, cuenta Wilson, que asegura que ahora mismo no puede abonar los 550 euros que cuesta el de la casa que ocupan.

“A los cables no les hemos tocado, ni al agua. No estoy en mi país, no voy a pedir al Ayuntamiento que tenga que dar nada, aunque pague impuestos y Seguridad Social, no puedo exigir nada porque no estoy en mi país”, repite Wilson, que abona a duras penas la cuota de autónomo y las tasas para poder instalar su puesto en mercadillos de varias poblaciones de la provincia.

“En Emuvijesa me dijeron: ¿por qué no viniste a vernos? La casa te la íbamos a dar. ¿Y yo qué sabía?”, cuenta este boliviano, que lucha por conseguir la nacionalidad española para sus hijas. Algo que, en su situación actual, es complicado que consigan. “Hay que demostrar solvencia económica para que te den la nacionalidad y con esto la verdad es que no sé qué pasará, ni he ido a preguntarlo, quiero salir primero de esto”, dice Wilson, que no va a su país desde hace cinco años. No puede pagar los billetes. "No tengo los 1.400 euros que vale", explica. "Mi madre quiere conocer a las niñas... pero ya quisiera yo tener cuatro o cinco mil euros para poder ir los cuatro".

"Es la primera vez que hago esto, estoy acojonado"

A dos calles de Wilson viven Abraham y Jessica. Esta joven pareja, de 25 y 28 años respectivamente, llegó a Estella hace unos dos meses. Ellos dos y los tres hijos de ella, de ocho, nueve y once años, fruto de una relación anterior. Tras llevar dos años viviendo juntos y encontrarse los dos en paro, dejaron de pagar el alquiler –350 euros– de la casa que habitaban en Princijerez. "No podíamos".

Luego empezaron a llevar los pocos muebles que pudieron comprar con uno de los últimos sueldos de Jessica, que estuvo tres meses contratada a través de un plan de empleo. Una mesa, un sofá, una televisión y un mueble componen el salón de la casa que okupan. “Es la primera vez que hago esto, estoy acojonado”, dice Abraham, que trabaja unos días a la semana con su padre en un mercadillo y se gana entre 10 y 20 euros diarios. “Lo que pueda darme, depende de lo que vendamos ese día”.

Abraham y Jessica, de 25 y 28 años, viven con los tres hijos de ella tras irse de una vivienda de Princijerez por la que pagaban 350 euros

Desde que llegaron se han encontrado con las malas caras y la desaprobación de muchos vecinos. Abraham asegura que les llegaron a culpar de haber robado. “No pueden juzgar a una persona sin saber cómo es. Creen que el okupa es el que vende droga, el que está enganchado, el que roba… el okupa es el que está necesitado y no tiene donde meterse”, dice Abraham.

Entre los vecinos hubo cierto revuelo cuando Abraham y Jessica decidieron instalar internet, para lo que tenían que tener acceso al “cuarto de telecomunicaciones” –así lo llaman– del vecindario. “Si no tienen dinero, ¿cómo instalan internet?”, se pregunta una de las vecinas, que prefiere no dar su nombre. “Lo paga mi madre, ¿eso por qué lo tiene que saber la gente? Ella me da los 20 euros que cuesta, que se harta de trabajar limpiando. ¿Eso es lo que les molesta?”, responde Abraham. “Tengo que tener teléfono por si el niño se cae en el colegio”, explica.

Ahora, llevan un tiempo preparándose para las pruebas del graduado en ESO, tanto él como Jessica. En su casa, “lo que entra es para comer”, dice ella, que ha trabajado como camarera, limpiadora… Pero ahora no encuentra nada. Lleva casi un año en paro. “No digo que no quiero pagar nada por estar aquí… 70, 80 euros… lo que pueda”. Pero estando en esa vivienda no puede. Ahí el alquiler cuesta 550 euros. Jessica cuenta: “Fui a Emuvijesa cuando tenía una nómina de 700 euros y me dijeron que no, que mínimo 1.300 euros. ¿Quién cobra eso hoy día? El que lo cobra es en negro. ¿Esto como puede ser? Y las casas vacías…”, se queja.

Cuando llegaron, los vecinos llamaron a la Guardia Civil, que se puso en contacto con el propietario de las viviendas, Emuvijesa. La que habitan Abraham y Jessica no estaba ocupada, por lo que es propiedad de la empresa municipal. “El procedimiento se ha trasladado al juzgado, pero nosotros no hemos demandado, solo comparecimos tras la denuncia de los vecinos”, aseguran fuentes de la empresa municipal, que se personará en el juzgado de instrucción número 1 el próximo 19 de noviembre en el juicio sobre delitos leves que juzga la presunta usurpación.

Emuvijesa insiste: “No hemos pedido el desalojo”. De hecho se ha reunido con la pareja para intentar buscar una solución, aunque no pasa por quedarse ahí. Al menos sin pasar por el registro de demandantes o sin que Bienestar Social emita un informe advirtiendo de la “situación de emergencia” de la pareja, que son las dos vías que se contemplan. El lunes tendrán una nueva cita.

Ahora, la entrada a las viviendas se han reforzado con puntales para evitar más okupaciones. Abraham y Jessica han sido asesorado por Stop Desahucios. “Si no fuera por ellos no estaría tan tranquila”, cuenta ella, que tiene a sus hijos en la planta superior mientras se desarrolla la conversación. “Ellos no entienden la palabra okupa, creen que estamos de alquiler”. Al bajar, el mediano se abalanza sobre Wilson, al que abraza. “Lo conoce de una semana y mira lo que lo quiere ya”, dice su madre. Entre ellos se apoyan, porque dicen que no lo hace el resto de vecinos. “A todos nos cuesta pagar y han entrado arrasando”, se queja uno de ellos.

"Esto es un infierno", dice Luddyn mientras acuna a su hija pequeña. De él esperan salir ella y su marido, y también Abraham y Jessica, más pronto que tarde.

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