La Agencia Tributaria publica por primera vez el censo de morosos que adeudan más de un millón de euros. Figuran 81 entidades físicas o jurídicas radicadas en la provincia, muchas de ellas relacionadas con Jerez y especialmente sobrealimentadas políticamente en la edad dorada del pelotazo inmobiliario.
La Agencia Tributaria ha publicado esta semana una lista negra de 4.855 personas físicas o jurídicas que mantienen deudas significativas con Hacienda. Es la primera vez que este top de morosos españoles ve la luz y en él se incluye a los deudores con sanciones o deudas con el fisco que superen el millón de euros. La lista incluye a 345 personas físicas con una deuda conjunta de más de 700 millones y a 4.510 personas jurídicas con una deuda de 14.900 millones. De la provincia figuran un total de 81 entidades, ya sean físicas o jurídicas, públicas o privadas, si bien en el listado aparecen muchas sociedades que tienen o han tenido intereses diversos en la zona sin estar necesariamente radicadas aquí.
En el caso concreto de Jerez, la relación de deudores con Hacienda ofrece una visión nítida, por si quedaba duda alguna, de la última década y media que ha sufrido el municipio: especulación y pelotazo. Al igual que en el resto de España, el ladrillo, el fútbol y las empresas fantasma copan un documento que la AEAT piensa retirar de la circulación en tres meses, evitando además que la información quede indexada. Entre los grandes deudores jerezanos, e íntimamente ligados entre sí, figuran el Xerez Club Deportivo SAD, que mantiene una deuda con el fisco de 10,274 millones de euros, y la sociedad Jerez Ciudad de Negocios SA, que arrastra un débito de 9,47 millones de euros. ¿Qué tienen que ver el hasta hace no mucho primer equipo de fútbol de la ciudad con esta empresa?
Aparte de compartir abultada roncha con la Agencia Tributaria, el que ha sido hasta julio de 2013 máximo accionista de la sociedad anónima deportiva jerezana, el empresario de Dos Hermanas Joaquín Morales, también figura entre los propietarios de la referida entidad de negocios. El nazareno, condenado en julio pasado por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz a una indemnización de 2 millones y a una inhabilitación para administrar y representar bienes ajenos durante los próximos seis años, participaba de Jerez Ciudad de Negocios SA, que en pleno boom del ladrillo promovió en Jerez el parque empresarial La Norieta con casi 270.000 metros cuadrados. Junto a otros socios como el conocido empresario ubriqueño José Luis López (apodado El Turronero) y el promotor Sebastián Romero, la voracidad por el pelotazo inmobiliario parecía no tener fin.
Ayuntamientos proactivos para dar todo tipo de facilidades, bancos con el grifo abierto a toda presión y altísima demanda de compraventa a diestro y siniestro. En Jerez, todos los políticos que pasaron por el gobierno en esa década sucumbieron a adentrarse de lleno en la burbuja. Hace ahora diez años, tanto el parlamentario andaluz como el portavoz municipal de IU, Ignacio García y Joaquín del Valle, llegaron a denunciar el bajo precio por el que el Ayuntamiento vendió al empresario la parcela en cuestión -72 euros el metro cuadrado-, sobre todo en relación con el que llegaron a alcanzar otros espacios en zonas con menor proyección de futuro que La Norieta, con precios que llegaban a los 160 euros por metro cuadrado.
“Todo esto hace pensar que López y el resto de socios de Jerez Ciudad de Negocios van a pegar un pelotazo con la venta de este suelo industrial", dijo Ignacio García (IU) en 2006
“Todo esto hace pensar que López y el resto de socios de Jerez Ciudad de Negocios van a pegar un pelotazo con la venta de este suelo industrial", mantuvo García en aquel momento. Hay que recordar que en enero próximo el exalcalde Pedro Pacheco -más de un año en prisión por el caso asesores- volverá a sentarse en el banquillo precisamente por la compraventa de los terrenos municipales de la antigua estación de autobuses a un precio sensiblemente inferior al de mercado. ¿Quién le acompañará en el juicio? Precisamente López y otros socios que también figuran como consejeros en Jerez Ciudad de Negocios, caso de Francisco Chaves.
En Jerez Ciudad de Negocios SA también figura Sebastián Romero, dueño de la gestora de cooperativas Rochdale. Una sociedad, a su vez, que también figura en el listado de morosos de Hacienda con una cantidad que asciende a 2,4 millones de euros. Entre los greatest hits de Rochdale, que ha cumplido 35 años este 2015, está La Marquesa. Fue el principio y el fin de la vivienda barata en Jerez. La unifamiliar al alcance de las clases medias. La importación a la jerezana del modelo norteamericano de adosado con jardincito delantero y patio trasero. Rochdale quería arrancar 2011 con unas 350 viviendas en marcha, el 50% de protección oficial. Pero a finales de 2012 tenía las obras paradas y un ERE sobre la mesa para una treintena de trabajadores, la mitad de su plantilla.
En septiembre del año siguiente ya tenía auto judicial en el que se aceptaba su demanda de concurso voluntario de acreedores. Hace unos meses, salían a subasta pública unos 300 bienes de su propiedad tasados en más de 60 millones de euros. Con 16.000 viviendas construidas a sus espaldas, hubo un tiempo en el que Romero era uno de los grandes señores del ladrillo a nivel local. Hoy no. Prueba de ello es la demanda colectiva que más de cien familias han interpuesto por el presunto fraude en dos cooperativas de vivienda en el sector Mirabal. Los depósitos por anticipado para la construcción de sus casas no estaban asegurados y hoy se encuentran sin vivienda y sin los ahorros de toda su vida.
Cien por cien jerezana, también figura en el listado la promotora Rentas y Vitalicios SL. Propiedad de Ángel Monreal, otro de los amos del ladrillo durante la edad dorada del pelotazo en el municipio, su deuda con el fisco asciende en estos momentos a 1.805.775,42 euros. A corta distancia en el listado de deudores, otra constructora jerezana en liquidación, Cartuja Urbanizaciones y Obras Civiles, aparece con una deuda de 1,52 millones de euros. En este caso la empresa era propiedad de José María Grimaldi Navarro, cuya familia es conocida en la ciudad por Jerecom, su red de empresas de construcción al servicio de Urbanismo en tiempos de Pacheco, y por el reguero de impagados que ha dejado en todo este tiempo.
Otras promotoras vinculadas de una manera u otra con la ciudad, como Reyal Urbis, Eve Marina, Jale Construcciones e Inmobiliaria Chamartín, también figuran en el censo de morosos de Hacienda. La primera es una de las que más adeuda, con 37,8 millones, mientras que en el caso de la promotora costasoleña, que promovió los Altos de Montecastillo, acumula un débito de 29,88 millones. La portuense Jale, que también multiplicó su presencia en el municipio durante los años del pelotazo, adeuda 3,38 millones, mientras que la promotora del centro comercial Área Sur, Chamartín, mantiene un impago con la AEAT de 20,53 millones de euros. Otra importante promotora inmobiliaria quebrada, Noriega SL, también tuvo una fuerte actividad en Jerez desde 2003, llegando a anunciar entonces inversiones de más de 60 millones de euros en el municipio. Hoy, Hacienda le reclama más de 36 millones y medio de euros.
Por descontado, en la lista no podía faltar en alguna de sus múltiples formas el difunto empresario José María Ruiz Mateos. Hasta en tres ocasiones aparece su nombre o el de una de sus empresas en el documento publicado por Hacienda: José María Ruiz Mateos SA (1,9 millones); Inversiones Ruiz Mateos SA (1,28 millones); y Bodegas Garvey (unos 7 millones y medio de euros). La promotora Montecastillo Royal Golf SA, que llegó a tener su sede en la plaza Hauríes, y la UTE Montecastillo Royal Golf & Custom Investments también son reflejadas en el censo de morosos con una deuda conjunta de alrededor de 5,5 millones de euros. Por último, Brâssica Group, una empresa de alimentación y servicio de cátering que llegó a tener su sede en el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial, figura en el listado con una deuda con Hacienda que asciende a 1,96 millones de euros. Esta sociedad solicitó en el pasado 2013 concurso voluntario de acreedores y actualmente está en "ignorado paradero", a la vista de una sentencia del Juzgado de lo Social firmada en septiembre pasado en la que la Justicia daba la razón a una de las trabajadoras de esta empresa que reclamaba las cantidades adeudadas. Por cierto, Brâssica recibió jugosas ayudas públicas antes de su derrumbe.
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