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La provincia de Cádiz acumula más del 30% del total de negocios piratas relacionados con la reparación de vehículos en Andalucía. Los polígonos industriales son los lugares que suelen albergar este tipo de establecimientos, aunque también proliferan en domicilios particulares y casas de campo.

Treinta y cuatro talleres ilegales detectados y 75 actas levantadas. Ese fue el balance de la última inspección llevada a cabo recientemente por la unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía en once localidades de la provincia, entre ellas Jerez. Si bien el problema no es nuevo, la crisis económica hizo florecer muchos de estos establecimientos pirata, aprovechando también la menor capacidad económica de los clientes y el que cada vez sea más difícil poder estrenar coche nuevo.

Si bien es difícil calcular las pérdidas que estas prácticas le suponen a los talleres legales, la cifra claramente es de millones de euros. Cádiz es además, junto a Sevilla, la provincia que más negocios de este tipo concentra de Andalucía, un 30,8% del total según los últimos datos que daba a conocer la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam). El daño que hacen es fuerte, ya que no sólo actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad que exige el Ministerio de Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con Hacienda, Seguridad Social y la normativa medioambiental en materia de reciclaje, es que hablamos de algo tan básico y a la vez tan importante como la seguridad.Aquí he visto auténticas barbaridades”, apunta Antonio Muñoz, todo un veterano del sector que regenta su taller en la calle Ferrocarril, quien señala que por su negocio han llegado numerosas personas con problemas en sus vehículos a raíz de haber pasado antes por manos de piratas. El uso de materiales y recambios de segunda y casi tercera mano y prácticas para nada profesionales son los principales motivos por los que un coche acaba acortando su vida y poniendo en peligro a su conductor.   

“El problema es que el cliente no está bien informado de la seguridad de un vehículo que se pone a cierta velocidad, que va por una carretera y que además de poder provocar un accidente puede salir ardiendo a consecuencia de reparaciones no garantizadas”, reflexiona Muñoz.

El mecánico recuerda un caso sangrante, el de un cliente al que le habían vendido un coche de segunda mano que tenía el airbag desconectado. “Era un coche con airbag en el salpicadero, lo habrían reparado con piezas de segunda mano que no serían ni de ese coche y para que se encendiera la luz del piloto del airbag y hacer creer que funcionaba lo habían puenteado. Yo ni lo toqué, y le dije al propietario que directamente denunciara. Vender un coche así es de cárcel”. Otro caso que recuerda es el de un coche al que se le vaciaban mucho las ruedas. “Además de que le habían puesto unos parches en los laterales, que ahí no se le deben poner, le habían colocado dos tipos de gomas, una de código v y otra de código w, y para que pasara la ITV, ya que en la inspección piden que las gomas sean iguales, con un rotaflex le habían comido la mitad de la w y la habían dejado en v”. Esto de usar neumáticos de segunda mano es algo muy común. El propio Antonio afirma que ya ha pillado a más de uno llevándose las gomas que desechan en su taller por estar gastadas para venderlas en talleres ilegales.

“Lo barato al final sale caro. Y todo esto lo que hace es ponernos a nosotros de careros, pero parece que la gente no sabe que tenemos inspecciones muy periódicas y que por obligación tenemos que tener unos registros por temas de reciclado y de todo”.

Desde la Asociación de Reparadores de la Provincia de Cádiz (Asoreca), su secretario general, Carlos Cidoncha, afirma que es sobre todo en polígonos industriales donde suelen encontrarse estos talleres ilegales, algunos de los cuales incluso pasarían por legales debido a su tamaño y a la maquinaria con la que cuentan, si bien también se detectan en domicilios particulares y en casas de campo. En estos casos la Policía autonómica y el Seprona tienen mayores dificultades para demostrar que son ilegales ya que “siempre pueden alegar que los vehículos que están reparando son de la familia”.

Cidoncha se congratula de que en los últimos tiempos tanto la Junta como la Guardia Civil hagan un mayor esfuerzo en controlar este problema. “El ilegal ya no se siente tan tranquilo como antes”, afirma, a la vez que insiste en que el cliente, en lo primero que se tiene que fijar, es que el taller cuente con una placa con el registro de Industria que certifique su legalidad. Aún así, en la propia web de asoreca la asociación ha puesto a disposición de los usuarios un buscador de todos los talleres legales que existen en la provincia de Cádiz.

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