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La candidata a la Alcaldía y diputada socialista Mamen Sánchez registra una Proposición no de Ley para instar al Gobierno central a derogar la reforma laboral y apoyar a los empleados públicos afectados por una norma que facilita el despido en las administraciones públicas, caso de los 260 despedidos por el gobierno local del PP.

El grupo parlamentario socialista ha presentado en el Congreso una Proposición no de Ley con la que pretende que la Cámara inste al Gobierno central a derogar la reforma laboral y a apoyar a los empleados públicos afectados, especialmente a los 260 despedidos por el Ayuntamiento de Jerez. La iniciativa, que firman el secretario general del grupo y diputado por Málaga, Miguel Ángel Heredia, y la diputada y candidata socialista a la Alcaldía Mamen Sánchez, mantiene que la reforma laboral del PP "facilita y abarata el despido en el sector público" y es la "primera" norma con rango de ley que "permite en las Administraciones Públicas medidas de ajuste del personal laboral a su servicio".

De ese modo, piden que se derogue "urgentemente" la reforma laboral, en la que se incluyen las disposiciones relativas a los despidos colectivos llevados a cabo en todo el sector público, incluidas las administraciones públicas, porque causan inseguridad jurídica y un aumento de la litigiosidad, "aspectos que contravienen principios constitucionales y que actúan en contra de la eficiente prestación de servicios públicos a la ciudadanía". Los socialistas ven en las causas económicas que justifican el despido colectivo en el sector público una "ambigüedad" que genera esa "inseguridad jurídica" y "permite amparar multitud de despidos sin tener en cuenta las necesidades de los servicios públicos" y critica, además, que esa misma reforma prohíba la suspensión o reducción de jornadas, medidas menos drásticas que el despido y que permiten un ajuste de plantilla.

Concretamente, ambos diputados socialistas aseguran que en el expediente de regulación de empleo (ERE) llevado a cabo por el Ayuntamiento de Jerez "parecen concurrir los elementos anteriormente denunciados y propiciados por la reforma laboral". "Se trata de un ERE que, fundado en una causa económica, ha servido para, de manera arbitraria, desposeer de sus empleos a 260 trabajadoras y trabajadores, en algunos casos, con más de 25 años de antigüedad y, en otros, además con cargas familiares y circunstancias personales muy graves, como el caso de algunas trabajadoras víctimas de violencia de género", denuncian.

El PSOE recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró "no ajustado a derecho" el ERE municipal por considerar, entre otros argumentos, que la selección de los afectados se había realizado siguiendo criterios "absolutamente arbitrarios, impropios de una administración pública". Esa sentencia daba al Ayuntamiento las opciones de indemnizar o readmitir a las trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, el Tribunal Supremo, "sin valorar los criterios de selección ni los argumentos del TSJA, lo declaró ajustado a derecho el 25 de junio de 2014, considerando solo la causa económica y con seis votos particulares contrarios a la sentencia", recuerdan.

Así las cosas, los socialistas creen que el Gobierno debe reconocer el trabajo que los empleados públicos realizan en la consecución del interés general y en la prestación de los servicios públicos y manifestar su solidaridad con todos los empleados que pudieran estar sometidos a un expediente de regulación de empleo "amparado en una legislación que genera una grave inseguridad jurídica". Además, piden un rechazo expreso al ERE de Jerez y que se respalde la solicitud de restitución a sus empleos públicos de los 260 empleados municipales afectados, que denuncian padecer esa "grave inseguridad jurídica".

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