La clave que dinamitó las relaciones políticas imprescindibles para dar continuidad a un proyecto de ciudad como el Parque Científico y Tecnológico Agroindustrial (PCTA) de Jerez no fue otra que la imposición por parte del gobierno municipal, en manos del PP, de la persona que de acuerdo a sus intereses políticos debía hacer las labores gerenciales al frente de la sociedad que gestiona el complejo. Los problemas con las subvenciones a los que se aferran ahora los populares era sobradamente conocidos entonces, pero en lugar de dar impulso al Parque para desatascarlos se optó por el nocivo entretenimiento en las cuitas partidistas.
En la denuncia remitida ayer mismo al Ministerio Fiscal en relación con posibles delitos penales contra la Administración pública y tráfico de influencias en los que presuntamente podrían haber incurrido los responsables municipales, a la que ha tenido acceso LVDS Jerez, queda claro que el empeño del PP casi desde el minuto 1 fue cesar a la anterior gerente (nombrada en la anterior etapa) para colocar a un nuevo responsable afín. El consejo de administración del Parque está formado por trece consejeros (siete del Ayuntamiento de Jerez, dos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), dos de la Agencia IDEA, uno por Diputación y otro por la UCA). A principios de mandato, el Ayuntamiento repartió sus siete consejeros proporcionalmente a la representación de cada partido político en el pleno del mismo, configurando, de esta forma, una participación de la pluralidad de las diferentes opciones políticas (4 para el PP, 1 para el PSOE, 1 para Foro Ciudadano y 1 para IU).
Ante cuatro sucesivos consejos de administración (desde septiembre de 2011) en los que el intento de cesar a la anterior gerente no contó con los apoyos de ninguno de los representantes de los partidos políticos de la oposición, el gobierno municipal decidió asegurarse la mayoría en dicho consejo y mediante acuerdo de pleno del Ayuntamiento no secundado por los votos de la oposición. Así, acordó sustituir la pluralidad política del consejo de administración, excluyendo a los representantes de IU y Foro Ciudadano, quedando la composición del órgano gestor formada por 6 consejeros del PP y 1 del PSOE. De esta manera, el 29 de enero del pasado 2013 el PP adquiría al fin la mayoría absoluta en el órgano de decisión del PCTA con siete votos en total, a razón de 6 consejeros por el Consistorio y 1 por Diputación, también controlada por los populares.
Apenas una semana después, el 6 de febrero, por acuerdo del consejo del PCTA se aprobó el "inicio del relevo" de la gerente, mediante la contratación de una empresa externa para teóricamente salvaguardar los principios de legalidad, contratación que supuso un coste de 4.000 euros. El 13 de febrero se hizo público el anuncio de convocatoria para cubrir el puesto de la nueva gerencia y el 3 de marzo finalizó el plazo de recepción de solicitudes habiéndose presentado 284 candidatos, iniciándose a partir de dicha fecha el proceso selectivo. Solo tres días después, la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) evidenció que el proceso de selección era un intento de dar apariencia de legalidad a un nombramiento que estaba ya decidido desde hacía tiempo, circulando el nombre de quien iban a nombrar gerente desde hacía meses. Por ello, y ante la certeza de dicha información, levantó acta notarial con el nombre de la persona que iba a ser seleccionada por el PP, concretamente Juan Carlos Racero.
El 6 de mayo, la empresa contratada para la selección del nuevo gerente del PCTA presentó la lista con los 5 candidatos finalistas, la que conoció el consejo de administración el 17 de junio, donde precisamente se eligió a Racero gracias a los votos del gobierno municipal, con oposición de los representantes de la Junta de Andalucía, puesto que ya sabían que el Ayuntamiento tenía elegido de antemano al susodicho "desde antes de publicar el anuncio de selección de personal, y no aceptaban esta imposición unilateral", según consta en el escrito denuncia remitido a la Fiscalía.
Ese mismo día, con registro de entrada nº 53, se presentó escrito de los representantes de la Junta de Andalucía oponiéndose a la selección del nuevo gerente impuesta por los representantes del Ayuntamiento. El 8 de julio siguiente el consejo nombraba a Juan Carlos Racero como nuevo gerente del Parque Tecnológico y cesaba a la anterior gerente. Tres días después la ATMJ hacía pública el acta notarial que contenía el nombre del que efectivamente fue elegido de entre los 284 candidatos, "tal como se sabía desde varios meses antes del aparente proceso de selección".
Un día después de que la ATMJ destapara el escándalo y sin cortarse, el vicepresidente del Parque, el también portavoz del gobierno local Antonio Saldaña, declaró públicamente que hacía dos años que ya "se había decidido quién ocuparía la gerencia". Incluso la alcaldesa, María José García-Pelayo, aseguraba ante los medios: "Nunca hemos ocultado nuestra apuesta por determinadas personas". “Si la Junta se va, que esperemos que no ocurra, será el Ministerio el que se encargue de que el PTA sea un PTA. Este parque va a salir adelante con o sin la Junta”, declaró. La Junta se salió del consejo y el Ministerio ni está ni se le espera. Ese mismo día se entregaba carta de despido a la anterior, María José González Peña. Sin concretarse causa o motivo alguno. Ya en 2014, el pasado 12 de febrero, se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez en el procedimiento de despido con lesión de Derechos Fundamentales, por la que se calificaba de improcedente el despido de la gerente cesada y se condenaba al parque al pago de una cuantiosa indemnización.
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