La Ley Mordaza, el TTIP, las cuentas del Circuito, alternativas para garantizar el acceso a la vivienda o proyectos como el de Sementales centran buena parte del extenso debate, que ni por la limitación de los turnos de palabra logró ser más dinámico y se alargó más de lo necesario.
Hacía tiempo que no se celebraba un pleno tan largo en el Ayuntamiento. El primero ordinario del mandato de los socialistas, que tras el de organización y el extraordinario para aprobar la petición de 38 millones con cargo al ICO, estrena prácticamente una legislatura que se prevé entretenida. Sólo hay que ver lo que han dado de sí estas tres sesiones plenarias. Anécdotas no faltan, como tampoco malos gestos y fallos por el desconocimiento de la mayoría de concejales. De los 27, sólo 11 han ocupado anteriormente uno de los sillones de la bancada del salón de plenos. Un dato a tener en cuenta.
La última en llegar, la popular Carmen Pina, ha formalizado su entrada en el pleno tras ocupar el puesto dejado por Antonio Real y rechazado por Francisco Cáliz. Pina, que usó una Biblia y un crucifijo para jurar el cargo, propició sin quererlo una de las anécdotas de la jornada. En una mesa auxiliar frente a la de Presidencia se quedó el crucifijo, que el edil Raúl Ruiz-Berdejo pidió que se retirara, ya que las instituciones públicas “no son para exhibir símbolos religiosos”, lo que provocó un revuelo en la sala entre los defensores y detractores de esta actitud. Hasta el popular Antonio Montero pidió respeto a sus creencias.
Religión aparte, el pleno presentó una novedad: la limitación de los tiempos de intervención, algo que se eliminó durante la anterior legislatura con el PP al frente del Ayuntamiento. Aunque ni por esas se ha agilizado una sesión que ha durado más de siete horas y media. Pasadas las cinco y media de la tarde, con la parte del público casi vacía, sin apenas prensa y el hambre haciendo mella en los presentes, culminó la jornada. “Cuando hay poco que decir es normal que no necesiten tiempo”, criticó Antonio Saldaña nada más enfilar el micrófono en su primera intervención, al final de la que fue interrumpido por la alcaldesa por pasarse del tiempo estipulado, algo que fue una constante. Hasta a Shakespeare y Cervantes citó Mamen Sánchez para justificar la nueva normativa de tiempos. ¿Postureo literario?
Raúl Ruiz-Berdejo pidió que se retirara el crucifijo con el que Carmen Pina (PP) juró su cargo como concejal, ya que las instituciones públicas “no son para exhibir símbolos religiosos”
Entre los 16 puntos del orden del día hubo temas tan variopintos como la petición de adhesión a la Red de Entidades Locales por la Transparencia -aprobada por unanimidad-, un debate sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que el Europarlamento ya ha votado favorablemente, la Ley Mordaza, la retirada del busto de Pemán del Villamarta o la puesta en marcha de talleres de idiomas para jóvenes. Todo agitado en la coctelera en la que se ha convertido el pleno, que ha tenido incluso hasta dos recesos para debatir enmiendas presentadas a última hora. Ni los más veteranos del lugar recordaban algo así.
El pleno tuvo hasta una invitada habitual, Antonia Castro, madre de Juan Holgado, que interrumpió un momento del mismo para pedirle a los grupos políticos que se muevan para “solucionar” el caso de su hijo, asesinado en la gasolinera de Martín Ferrador hace casi veinte años. De hecho, el próximo mes de noviembre prescribirá el caso, por lo que pidió a los partidos que “aparezcan” y la ayuden. Reflejada queda su demanda, aunque también ha pedido que se reabra recogiendo firmas para enviarlas al Ministerio de Justicia.
La convocatoria del primer pleno ordinario se solapó con una del Parlamento andaluz, lo que hizo que Antonio Saldaña se ausentara varias horas para presentar su propuesta en la que pide a la Junta que costee el canon del Gran Premio y la prueba de Superbikes. Llegó casi a lo justo para contestar a Santiago Galván, que criticó durante el turno de ruegos y preguntas la viabilidad de la Capitalidad Mundial del Motor. “Creemos en el Circuito; pero no hay ni un euro que financie” las actividades previstas, que superan los 2,5 millones de euros y para los que se habían logrado unos 450.000 euros en patrocinios. “No le cuesta un euro al Ayuntamiento”, siguió defendiendo un Saldaña que apuntó: “Una cosa es que no cueste un euro y otra que no haya que pagar por los eventos”. Un galimatías verbal que pocos entendieron.
El turismo también estuvo presente. Por boca de Antonio Montero, edil del PP, salió una propuesta para convocar la Mesa de Turismo y anunciar el calendario festivo de la ciudad, algo con lo que estuvo de acuerdo IU, aunque “no sólo de Semana Santa y Feria vive el ciudadano”, apuntó. La edil Ana Fernández pidió apoyo a “iniciativas culturales independientes”. “Vamos a mantener la Mesa de Turismo y recojo la propuesta de IU de abrir otros espacios”, dijo Paco Camas, teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural.
Hay materias sobre las que el Ayuntamiento no tiene competencias exclusivas, pero sí poder de decisión, como la vivienda. Fue IU quien llevó sus 18 medidas para garantizar la función social de la vivienda, sobre las que se realizaron enmiendas que fueron aprobadas, la mayoría, con el apoyo de PSOE y Ganemos, ya que PP y Ciudadanos se abstuvieron en algunas. Tras votar la alcaldesa preguntó si el resto de la Corporación quería hacer un descanso, el que sería el segundo del día. “¿Nos vamos a ir la playa?”, le respondió con sorna José Galvín desde la bancada popular.
El Consejo Social y la petición del PP para que se ponga en marcha el Plan de Empleo Local generó, más tarde, un extenso debate. Fue pasadas las dos de la tarde cuando la exalcaldesa, María José García-Pelayo, intervino por primera vez para criticar que no se les invitara a la última reunión del Consejo Social, en la que tampoco estuvo Ciudadanos. Mamen Sánchez se excusó diciendo que dos miembros de la oposición quisieron entrar y “no dio opción a invitar, fue en el momento”, y que se incorporará en este organismo a un miembro de cada grupo municipal, que contará con cuatro vocales que elegirán los miembros del Consejo. “En materia de empleo nos tenemos que poner de acuerdo”, pidió García-Pelayo, que fue acusada de aprobar documentos a espaldas de los miembros de este organismo.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana tuvo su protagonismo en la sesión. Hasta de boca de concejales populares como Antonio Saldaña salieron frases como “esto parece la Ley Mordaza”, en referencia a la limitación de los turnos de palabra. Paradójico cuando es su propio partido quien la ha aprobado y puesto en vigor hace apenas un mes. Para Javier Durá (PP), esta ley “actualiza la del 92, que es del PSOE”. El edil popular se explayó a gusto en este punto, llegando incluso a pedir a Ciudadanos que se moje o a decir que “en Venezuela o Cuba tendrán una Ley de Seguridad Ciudadana estupenda, a vosotros os encantará”, en alusión a Ganemos. A Raúl Ruiz-Berdejo hasta le dijo que es “discípulo de Lenin” y que la Ley Mordaza “aumenta la protección de derechos fundamentales, como el de manifestación y el de libertad de expresión” e incluso que es “una ley muy progresista”.
Para el edil popular Javier Durá, la Ley Mordaza es "muy progresista" y “aumenta la protección de derechos fundamentales"
El tono subió casi al final cuando el socialista José Antonio Díaz respondió con altanería a la pregunta de la popular Susana Sánchez Toro sobre las contrataciones del servicio de limpieza en las barriadas rurales. “Me gusta que haya recordado la memoria histórica de este servicio porque manifiesta su incompetencia”, le espetó Díaz a Sánchez Toro, criticando que este servicio se preste sin contrato desde septiembre del año pasado, y para lo que se inició un ‘casting’ para seleccionar vecinos que realizaran estas labores durante cinco horas al día por 1.000 euros brutos al mes –restándoles la cuota de autónomos, IVA, seguro de responsabilidad civil y material-, como publicó en su día lavozdelsur.es.
Lo último destacable de una sesión interminable fue la renuncia del PSOE al proyecto de Sementales. El PP firmó un convenio con Tragsa, la empresa pública del Ministerio de Agricultura, para remodelar las instalaciones, unas obras que según los populares están “paradas”. Fue Paco Camas quien defendió que el Ayuntamiento no se va a gastar 145.000 euros en el cerramiento de unas instalaciones “que no son nuestras” -pertenecen al Ministerio de Defensa-, cerrando así el tema, muy criticado por Agustín Muñoz, edil popular encargado de defender la propuesta, la última de la jornada.
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