El juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional ha dado un paso más tras reabrir el mes pasado la pieza Gürtel que atañe al Ayuntamiento de Jerez y salpica de lleno a la alcaldesa, María José García-Pelayo. El último movimiento, ha adelantado hoy el diario El País, ha sido admitir a trámite el escrito-denuncia que un grupo de técnicos municipales presentó ante la Fiscalía hace unas semanas en los que acusan a la regidora popular de presunto fraude de ley y contratación ilegal con la red de Correa para llevar a cabo la presencia de Jerez en Fitur en 2004. Nuevos pasos, por tanto, hacia la imputación de Pelayo y nuevo revés para el PP local de cara a la recta final de legislatura para llegar a las municipales de 2015.
El magistrado ha firmado una providencia, reza la información de El País, en la que solicita a la policía y los peritos judiciales que valoren el escrito remitido por un grupo de empleados del Ayuntamiento de Jerez contra la regidora del PP, a la que acusan de contratación ilegal y de haber incurrido “en fraude de ley” al adjudicar a las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, servicios municipales por más de 200.000 euros “saltándose todos los procedimientos administrativos. Desde el año 2004 es conocido el comentario por los pasillos del Ayuntamiento que hay varios técnicos municipales que guardan pruebas sobre cómo se contrató a las empresas de Correa para Fitur 2004. Recientemente incluso se ha sabido que uno de los altos cargos más próximos a las gestiones tendentes a contratar el stand de Jerez en la feria internacional de turismo de 2004 a empresas de Correa en aquel momento habría llegado a amenazar con difundir documentación que guarda sobre este asunto y que podría resultar comprometedora para los intereses del PP jerezano.
El juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional ha reabierto la pieza separada del ‘caso Gürtel’ en la que se investigaba a la alcaldesa de Jerez y senadora del Partido Popular (PP), María José García-Pelayo, por la adjudicación supuestamente irregular a empresas de la red de Francisco Correa de un pabellón en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) del año 2004. En un auto que emitió el pasado 31 de marzo se admitía a trámite un recurso de reforma presentado por la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE de Boadilla del Monte (Madrid) que el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, tenía encima de la mesa desde mayo de 2011. Momento en el que decidió sobreseer la causa contra Pelayo y la investigación de las ramificaciones del caso Gürtel en la ciudad no por no hallar indicios de delito, como siempre ha mantenido el PP, sino por desarrollarse los hechos “fundamentalmente en Andalucía”.
Ruz recuerda en su resolución que el 29 de junio de 2011 el juez Pedreira dictó una providencia en la que anunciaba la resolución del recurso “sin que al día de la fecha haya sido resuelto el mismo”. Tras preguntar el pasado 17 de marzo a los recurrentes si mantenían su iniciativa, tanto la acusación pública como la particular se ratificaron en su recurso. De esta forma, el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 reabrió la investigación contra García Pelayo “sin perjuicio de que pueda acordarse la inhibición del tribunal competente” por la condición de aforada de la senadora popular, al tiempo que daba traslado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de la documentación que el Ayuntamiento de Jerez remitió al TSJM el 17 de mayo de 2011 para que realice una “valoración e informe”.
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