La Audiencia Nacional ya ha propuesto llevar a juicio a otras nueve personas relacionadas con el Ayuntamiento de Jerez y las empresas de la red que resultaron adjudicatarias del evento de Fitur 2004.
El juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Antonio del Moral García, instructor de la pieza jerezana de la trama Gürtel, ha solicitado una fianza de 3.000 euros a la acusación popular, ejercida por el PSOE del municipio madrileño de Boadilla del Monte, en la causa que sigue contra la exalcaldesa de Jerez y ahora diputada María José García-Pelayo, investigada por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público en relación con cuatro contrataciones con empresas de la trama de Francisco Correa, por valor de 355.000 euros, durante la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004.
Hay que señalar que en España la Constitución reconoce, en su artículo 125, la capacidad de todos los ciudadanos el derecho a ejercitar la acción popular, asumiendo un papel análogo al del Ministerio Fiscal siempre y cuando el delito sea público. Como recuerda además el magistrado en su auto, al que ha tenido acceso este medio, entre los presupuestos legalmente establecidos se encuentra la obligación de prestar esta fianza para responder de las resultas del juicio siempre y cuando se adecúe la cuantía de la misma de tal manera “que no se erija en obstáculo insalvable para el ejercicio de dicha acción popular”.
Como se recordará, el Supremo es el único órgano competente para juzgar a García-Pelayo debido a su condición de aforada, si bien exige esta cantidad de 3.000 euros como último paso para que sea procesada, mientras que la Audiencia Nacional ya ha propuesto llevar a juicio a nueve investigados por la pieza de la Gürtel relacionada con el Ayuntamiento de Jerez, entre ellos el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa y su mano derecha, Pablo Crespo, así como a personas relacionadas con las empresas de la red que resultaron adjudicatarias para la organización del evento y funcionarios del Consistorio jerezano, que en su declaración ante el juez De La Mata el pasado otoño responsabilizaron a Pelayo de las "groseras ilegalidades" advertidas por el juez.
Pelayo, acudió el pasado febrero al Supremo a declarar en calidad de investigada, testificando que no fue ella quien firmó los contratos de Fitur y que no participó en la tramitación directa del expediente. Del Moral interrogó también a primeros de marzo a tres testigos sobre este asunto, uno de ellos el que fuera teniente de alcalde y delegado de Promoción Ciudadana de Jerez en el momento de los hechos, el popular Bernardo Villar, quienes negaron la comisión de irregularidades en este expediente.
Junto a ellos declararon tres agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ratificaron ante el magistrado el informe que entregaron en su día en la Audiencia Nacional que concluye que la exalcaldesa Pelayo participó en la adjudicación de contratos irregulares en 2004 a las empresas del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos.
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