El Ayuntamiento saca a concurso un servicio para acometer una inspección global de medianas y grandes sociedades del municipio que costará más de 200.000 euros pero con el que se quieren llegar a ingresar unos 650.000 euros al año.
El Ayuntamiento redoblará el combate contra el fraude fiscal de medianas y grandes empresas radicadas en la ciudad que tributan el Impuesto de Actividad Económica, el cual deben abonar las sociedades que facturan más de un millón de euros al año. El gobierno municipal, como ya adelantó lavozdelsur.es en agosto pasado, quiere ingresar unos 650.000 líquidos al año durante la próxima década gracias al refuerzo de estas inspecciones para que afloren irregularidades y morosos. Para este objetivo, ha sacado a concurso público el servicio de apoyo y asistencia técnica y administrativa a la inspección tributaria municipal en materia del IAE.
El presupuesto estimado del contrato, según recogen los pliegos, ascenderá a 242.000 euros ya que la adjudicataria tendrá un tipo de licitación máximo establecido en un porcentaje del 18% del importe de las liquidaciones, tanto de IAE como de las correspondientes sanciones tributarias, que se recauden en periodo voluntario. En cuanto al IAE, el mencionado porcentaje se aplicará sobre el principal y los intereses de demora correspondientes por la regularización de los atrasos, excluyendo el recargo provincial. Los licitadores podrán ofertar a la baja sobre el tipo de licitación, recoge el pliego de cláusulas administrativas. En cualquier caso, de cumplirse las previsiones los ingresos por este concepto crecerían un 10% para una administración ávida de nuevos recursos con los que financiar los servicios públicos que presta.
El contrato de un año podrá ser prorrogado por el mismo periodo hasta un máximo de dos años y obligará a la empresa adjudicataria a realizar inspecciones globales por todo el municipio que el Consistorio no tiene capacidad para abordar y detectar fraudes por la no aplicarse este tributo en su totalidad o en los coeficientes necesarios (hay diversos tramos de aplicación en función de la facturación y del emplazamiento de la sociedad). En ningún caso, reza en las prescripciones técnicas de los pliegos del concurso público, el adjudicatario en la realización de los trabajos realizará actividades que supongan el ejercicio de funciones de dirección, organización, administración o autoridad, o que, en general, “su realización pueda encuadrarse entre las actuaciones inspectoras recogidas en las leyes tributarias”. Asimismo, el ejercicio de tales funciones así como la metodología a emplear, serán competencia de los empleados públicos del Ayuntamiento.
Para la consecución del objetivo final, mejorar los ingresos por el IAE, el adjudicatario deberá prestar su asistencia administrativa y técnica a los funcionarios municipales en las tareas de apoyo que les sean solicitadas, entre ellas, formar los expedientes de inspección, registrándolos con todos sus antecedentes; formulando propuestas de actuaciones para que el órgano competente dicte los actos administrativos necesarios hasta su finalización; expidiendo las estadísticas, resúmenes, estados, detalles de la tramitación de los expedientes y demás información que le sea requerida por el Ayuntamiento, entre otras cosas.
Esta decisión parte de la revisión del Plan de Ajuste en el verano pasado gracias a la cual el nuevo equipo de gobierno pudo adherirse a dos nuevos préstamos ICO y que incluía dos medidas para mejorar los ingresos de la mano de la Agencia Tributaria. A la ya referida se suma otra encaminada a la mejora del cobro de tributos en vía ejecutiva gracias al embargo de devoluciones de Hacienda, por la que solo este año se esperan recaudar 800.000 euros.
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