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A Jerez ya no vienen ni ministros ni consejeros, pero sí vienen secretarios de Estado para, a juicio del gobierno local del PP, dar buenas noticias para el Ayuntamiento. No ese tratamiento extraordinario para el municipio que los populares habían prometido hasta la saciedad en campañas electorales, pero sí buenas noticias. Al menos el equipo de la alcaldesa Pelayo ha 'vendido' como un gran logro haber alcanzado un acuerdo para pagar la deuda con Seguridad Social que implicará tener embargada la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) durante los próximos diez años. De hecho, las cantidades que percibe anualmente el Ayuntamiento por este concepto, unos 45 millones de euros, se ingresarán en una cuenta restringida para que en esa década de retención total quede saldado el corriente hasta la fecha y el 50% de la deuda de 116 millones (engordada también, por cierto, en lo que va de mandato). Hace unas semanas, en cambio, se especificaba que el acuerdo con el Estado pasaba por destinar tres cuartas partes de la PIE al pago a la Seguridad Social y otra parte a sufragar la deuda por los famosos créditos ICO. Si bien desde el Ayuntamiento no se precisa ahora si finalmente ésta será la fórmula definitiva del convenio.

Todo esto significa, sea como fuere, que entre la privatización de Aguas de Jerez y este acuerdo, el Consistorio se queda prácticamente sin sus ingresos recurrentes mensuales que aportaban liquidez para el día a día y, sobre todo, para pagar el corriente de nóminas y servicios públicos. Sólo la vía de los tributos locales se antoja como decisiva para garantizar un mínimo de viabilidad municipal a corto y medio plazo. La alcaldesa, que ha anunciado en múltiples ocasiones a lo largo de estos casi tres años de legislatura, continuos acuerdos con el Estado para desbloquear el embargo que pesa sobre la PIE desde 2011, ha rizado el rizo y ha expuesto ante la opinión pública como logro que ésta siga embargada por diez años más. "Hay un firme compromiso del ministro Cristóbal Montoro de adoptar medidas extraordinarias para el Consistorio jerezano", decía la regidora jerezana a finales de 2012

"Vamos a tener -aseguraba entonces Pelayo- una última reunión con Hacienda y Seguridad Social para llegar a un acuerdo último que nos permita buscar una fórmula que nos facilite tener una liquidez mensual superior a la actual. No me quiero circunscribir a la PIE porque estamos trabajando en un ámbito más global. No sé hasta dónde llegaremos, pero desde el Gobierno central hay una receptividad absoluta". El PSOE, a través de su diputada Mamen Sánchez, ha sido muy gráfico en toda esta cuestión: "El Gobierno del PP le ha metido un gol por la escuadra a Jerez. Cristóbal Montoro ha impuesto a Pelayo que, para poder acogerse al último Decreto de Medidas Extraordinarias, Jerez pierda sus ingresos del Estado durante la próxima década. ¿Es éste el Trato Especial que el PP le iba a dar a Jerez cuando Rajoy llegara a la Moncloa? Con amigos así no hacen falta enemigos. Me imagino lo engañada que se debe sentir la alcaldesa por su propio Gobierno".

Lejos de este argumento, dentro de un acto en el Ayuntamiento donde una vez más el PP mezcló sin pudor lo institucional y lo partidista (muchos se preguntan qué hace Antonio Sanz, presidente del partido en Cádiz, en la foto), la alcaldesa Pelayo reeditó algunas de sus frases ya míticas para ensalzar el acuerdo: "Es una excelente noticia para Jerez; esto supone recuperar la credibilidad no solo ante las instituciones, sino ante las entidades y los proveedores, ya que se trata de un acuerdo que el Ayuntamiento va a cumplir". Lo mismo dijo, precisamente, a raíz de los acuerdos por los créditos ICO y hace un par de meses admitía públicamente que era incapaz de asumir los vencimientos. Al final, esecretario de Estado de Seguridad Social del Ministerio de Empleo, Tomás Burgos, firmó en el libro de honor e incluso tuvo tiempo para indicar que "el equipo de gobierno se encontró con una situación muy delicada (la PIE retenida al 100%, por ejemplo) y que, respondiendo al compromiso y la dedicación demostrada por el Gobierno, ha respondido con unos instrumentos singulares pero necesarios, al igual que ocurre con otros ayuntamientos de la provincia (la PIE embargada al 100% durante diez años más).

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