El juez Ruz, en un auto rubricado justo antes de dejar la instrucción, desestima los recursos de los dos técnicos municipales imputados y subraya que el presunto delito de prevaricación continuada en la pieza jerezana de la Gürtel no prescribe hasta finales de 2019.
El Ayuntamiento de Jerez, a través del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC), no solo presuntamente amañó las contrataciones para el desembarco de Jerez en Fitur 2004 casi un mes después de haber concluido la feria de turismo, sino que incluso llegó a no exigir la fianza que obligatoriamente debían depositar las empresas adjudicatarias que formaban parte del entramado liderado por Francisco Correa. Parece impensable que la presidenta de este organismo autónomo y por aquel entonces también alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, desconociera lo que se estaba cocinando en la Moncloíta con la figura de Isidro Cuberos, hombre fuerte de Javier Arenas en ese momento, como conseguidor de una operación por la que, concluyen UDEF y IGAE, se embolsó más de 53.000 euros. De momento, gracias a su condición de aforada al ser senadora ha podido frenar una posible imputación. Algo, en cambio, que no podrán impedir los dos técnicos municipales, José Agüera y Lourdes Montenegro, que ya han sido citados a final de mes por Ruz para declarar en calidad de imputados para responder por estas presuntas irregularidades de las que se les acusa.
En un auto fechado el pasado 16 de abril, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, el ya ex juez instructor de la Audiencia Nacional desestimaba los recursos interpuestos por las defensas de ambos técnicos, que básicamente alegaban la prescripción del delito continuado de prevaricación para dar carpetazo al asunto. "Ambos recurrentes coinciden en establecer diez años como plazo de prescripción; sin embargo, como argumenta el Ministerio Fiscal y estima este instructor, el plazo de prescripción del delito que se les atribuye sería, conforme a la normativa vigente el 7 de diciembre de 2004 -cuando arrancan las supuestas irregularidades-, de quince años", asevera el auto rubricado por Ruz, para añadir, por tanto, que "carece de eficacia la alegación de prescripción del delito continuado de prevaricación (...) por cuanto el citado plazo de quince años no habría transcurrido hasta el 7.12.2019, fecha evidentemente aún no alcanzada". Es de suponer que idéntica argumentación recibirá para su desestimación otro de los recursos formulados por la defensa de la administradora de las empresas de la trama Correa, Isabel Jordán, que también había alegado prescripción para tratar de eludir su supuesta responsabilidad en este caso.
Al igual que estas tres personas, también están citado a declarar como imputados los próximos 28 y 29 de abril el referido Isidro Cuberos, como intermediario entre las sociedades y el Consistorio; los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo; y otro empleado, Javier Nombela, ligado a la red Gürtel. En el caso de Agüera, su recurso esgrime incluso "inexistencia de delito", a lo que el magistrado responde remitiéndole a la profusa descripción de las presuntas irregularidades efectuada en el razonamiento jurídico de la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez', "así como de la posible participación del extraneus (cooperador necesario) en el delito de prevaricación".
Al margen de la gravedad del procedimiento hecho a medida de la Gürtel, hay un principio elemental en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el cual exige el depósito de una fianza obligatoria por parte de la empresa contratista. Sin embargo, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los contratos entre el Ayuntamiento y las empresas de Correa se produjeron sin “la constitución de las garantías establecidas”. Solo en el expediente de contratación del stand de Fitur la fianza a pagar por Special Events, dirigida por Pablo Crespo, era de 6.512 euros. En el contrato del espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor la fianza alcanzaría los 1.574 euros, una cantidad que tampoco se reclamó por parte del Ayuntamiento, al igual que sucedió con el contrato para el espectáculo de flamenco a desarrollar en los jardines de Cecilio Rodríguez: “Nuevamente se eludió la prestación de fianza así como la retención de precios en sustitución de la misma”, sostiene el juez Ruz en el auto rubricado días antes de ceder su plaza interina al nuevo magistrado titular José de la Mata.
La presunta adjudicación irregular a empresas de la trama liderada por Francisco Correa para el desembarco del Ayuntamiento en Fitur 2004 costó a los jerezanos un total de 343.537,58 euros.
La Intervención del Estado revelaba en el reciente informe con las conclusiones de su investigación algunas de las supuestas prácticas irregulares de la alcaldesa Pelayo, quien como presidenta entonces del IPDC de Jerez, "incumplió" en al menos dos expedientes examinados los estatutos al adjudicar los contratos cuando esta decisión "correspondía al Consejo Rector" de la entidad. Además, en el expediente, que la también líder del PP jerezano sigue sin hacer público como prometió en un pleno hace más de un año, consta un contrato entre María José García-Pelayo y el entramado societario para el desarrollo en Madrid de un espectáculo de flamenco coincidiendo con Fitur, que fue firmado "con posterioridad a la prestación del servicio". Según la IGAE, todo se pergeñó, planificó y firmó en favor de la trama Gürtel, antes incluso de que se publicaran los criterios de adjudicación, "vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia" aplicables a la contratación pública. En total, destaca, la presunta adjudicación irregular a empresas de la trama liderada por Francisco Correa para el desembarco del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 costó a los jerezanos un total de 343.537,58 euros.
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