El PP critica la contratación de un bufete de abogados para representar al Ayuntamiento de manera habitual en sus procesos judiciales y el gobierno local habla de "cinismo" ante el gasto que, en este sentido, se hizo durante el mandato de Pelayo.
El hecho de que un bufete de abogados externo se encargue de representar al Ayuntamiento en sus respectivos procesos judiciales de manera habitual, y no en procesos puntuales, por un coste de 26.250 euros, ha supuesto un nuevo enfrentamiento entre el gobierno local y el PP, que días atrás criticaba al PSOE de "haberse cargado el gabinete jurídico del Ayuntamiento de Jerez para ahora contratar fuera los servicios jurídicos".
Ante esto, el gobierno municipal “muestra su sorpresa de que el partido de la señora García Pelayo y el señor Saldaña critique ahora esta contratación en un claro ejercicio de cinismo, ya que cuando ellos gobernaron hicieron contrataciones a dos bufetes externos por un importe total de 201.283 euros”.
Para el gobierno, es importante recordar que “el problema de la insuficiente dotación de letrados lo originó el gobierno de la señora García Pelayo, ya que en la RPT, que aprobaron en 2012, determinaron que el puesto de letrado sólo puede ser ocupado por personal funcionario. Asimismo, también intentan confundir a la opinión pública cuando dicen que en el Ayuntamiento hay 50 juristas, omitiendo que, en realidad, sólo hay siete funcionarios con estudios de Derecho que, en su mayoría, están ocupando puestos también reservados a funcionarios. Por lo tanto, el PP miente deliberadamente cuando afirma que hay 50 empleados que podrían ser letrados”.
Asimismo, desde el gobierno se subraya que “el nivel de carga de trabajo en el Gabinete Jurídico es tal que a principios de este año uno de los letrados acudió a la Inspección de Trabajo por la sobrecarga de trabajo existente. Por ello –se añade- se procedió a la contratación externa de un despacho de abogados por importe de 18.000 euros, cuyo contrato ha finalizado al haber asumido ya 60 procedimientos judiciales”.
Todo ello, en palabras del gobierno, “evidencia la necesidad de seguir contando con un servicio externo de defensa jurídica”. En este caso, el procedimiento de contratación que se ha iniciado “es el que la Ley determina según la cuantía, es decir el procedimiento negociado sin publicidad, para lo cual, además de efectuar invitaciones a más de tres despachos, se ha publicado en el Perfil del Contratante para general conocimiento y con el fin de permitir que otros bufetes interesados puedan concurrir”.
Por todo ello, el gobierno local pide al PP “que deje a un lado el doble discurso que les caracteriza, uno cuando gobiernan, y el contrario cuando son oposición, y sobre todo, les recuerda a la señora García Pelayo y al señor Saldaña “que por lo que deben de preocuparse es por el incumplimiento de la Ley que cometieron cuando contrataron a dedo a Deloitte para la defensa de las demandas individuales del ERE, con un procedimiento negociado sin publicidad, que ni tan siquiera invitaron a tres despachos como obliga la Ley y cuando, además, al ser el importe de 120.000 euros, la Ley exigía que fuese por concurso”.
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