A pocos meses de las pasadas municipales, Pelayo repartió esta cantidad entre 350 asociaciones de la ciudad, pero ahora es revocada la decisión por el ejecutivo socialista ante la dudosa legalidad del procedimiento empleado.
El gobierno local del PP concedió, a finales de 2014, pocos meses antes de las últimas elecciones municipales, subvenciones a 351 asociaciones del Jerez urbano y rural, sumando un importe total de 264.890 euros, además de otros 600.000 euros para 47 ONG de la ciudad, con un procedimiento excepcional, porque "en el ejercicio correspondiente al año en curso se han producido determinadas circunstancias que hacen inviable en estos momentos acudir al procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva". Así se justificó en el acta de junta de gobierno local de 30 de diciembre de ese año, cuando a 90 asociaciones de vecinos de la ciudad se le concedieron 722 euros lineales que sumaban un total de 64.980 euros.
El actual ejecutivo socialista, ante la dudosa legalidad del proceso seguido por el gobierno de María José García-Pelayo, ha revocado esta concesión realizada fuera de convocatoria pública, un proceso que no se pone en marcha desde 2009, cuando era alcaldesa de Jerez la socialista Pilar Sánchez. Ahora, un acta de junta de gobierno local rechaza el reparto de subvenciones a 52 asociaciones de vecinos —el resto o renunció a las ayudas o cumplía con la legalidad—, lo que supone un ahorro de 37.544 euros para las arcas públicas, toda vez que “el desarrollo de programas de interés público municipal-vecinales” realizado en 2014 —que es como explicó el PP el reparto de estas cuantías— no se justificaron antes de marzo de 2015, que es el plazo previsto en la convocatoria, ante lo que ninguna asociación ha presentado alegaciones.
El Ayuntamiento, así, propone “declarar la pérdida del derecho al cobro total de las subvenciones concedidas por acuerdo de la junta de gobierno local, adoptado en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2014, como asunto urgente quincuagesimo cuarto para el desarrollo de programas de interés público municipal- vecinales en el ejercicio 2014”, con lo que anula las obligaciones reconocidas pendientes de pagos procedentes de ese ejercicio. Con esta decisión, adoptada en la junta de gobierno local del pasado 10 de marzo de 2017, el ejecutivo socialista anula la concesión directa de subvenciones del gobierno de María José García-Pelayo, que como denunció en su momento la Agrupación de Técnicos Municipales (ATMJ), vulneraba la Ley General de Subvenciones (38/2003, 17 de noviembre), que recoge que “la gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación”.
La ordenanza municipal que regula este asunto también señala que "las subvenciones se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, concurrencia competitiva, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia”. Además, también señala que “tendrán "carácter excepcional" aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
“Lo que sí me temo es que faltan cuatro, cinco o seis meses —para las elecciones— y ahora el gobierno municipal usará la subvención como arma política… Y eso sí que es grave. Lo que no cabe es la utilización política a través de las subvenciones”, decía la líder popular María José García-Pelayo en un encuentro digital realizado en La Voz de Cádiz antes de las municipales de 2011, cuando accedió a la Alcaldía con mayoría absoluta. Durante la firma de convenios de colaboración con 47 ONG de la ciudad, celebrada en diciembre de 2014, García-Pelayo afirmó: “Asumimos un doble compromiso con las entidades sociales: abonar la deuda que existía con ellas a través del plan de pago a proveedores y sacarlas de la fórmula de la convocatoria de subvenciones e ir a una fórmula que es mucho más estable de colaboración como es el convenio”. Y añadía: “Aunque esta cantidad sabemos que es insuficiente —600.000 euros en total—, sí es importante para el desarrollo de los proyectos que han presentado las distintas asociaciones y que en muchos casos ya se están desarrollando".
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