El proceso inspector generará importantes ingresos a las arcas públicas y permitirá detectar numerosos fraudes urbanísticos en España. El 30 de noviembre expira el plazo de notificaciones para nueve municipios de Cádiz.
Catastrazo a la vista en Jerez. Con Montoro no se juega. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Castastro, espera que a principios de 2016 se haya completado la regularización de la mayoría de los municipios españoles, un proceso que generará importantes ingresos a las arcas públicas y permitirá detectar numerosos fraudes urbanísticos. En nuestra provincia el plazo para las notificaciones expira el 30 de noviembre en nueve poblaciones –Jerez, Barbate, Algodonales, Cádiz, Rota, Puerto Serrano, San José del Valle, Tarifa y Torre Alháquime- y el 30 de diciembre para Arcos de la Frontera.
El motivo de dicha regularización se debe a la aplicación de la Disposición Adicional tercera del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo) introducida por el apartado tres del artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con efectos desde el día 1 de enero de 2013.
Es decir, que subirá la cuota del IBI, el único impuesto cuya recaudación ha crecido exponencialmente durante la crisis económica desde 2008 y que, según fuentes de la FEMP, representa más del 45% de todos los ingresos que obtienen las corporaciones municipales, que afrontan graves problemas de liquidez y están sometidas a severos planes de ajuste.
En la disposición se regulan dos aspectos clave: incorporar al Catastro los inmuebles urbanos y rústicos con nuevas construcciones, así como las modificaciones de sus características en el caso de que no hayan sido declaradas, “con el fin de lograr la concordancia de los datos de los bienes inmuebles que posee la Administración con la realidad”.
En octubre de presente año 2015 se habrán revisado 2.827 municipios de los 4.613 dispuestos desde 2013. Es ahora cuando toca comunicar a través de una notificación enviada al domicilio del contribuyente las alteraciones detectadas y el nuevo valor catastral que propone la Administración. Según fuentes de la administración central, hasta 2016 se habrá notificado a tres millones de hogares en España. Un proceso que coincide con las elecciones generales.
Las edificaciones que el Ministerio de Hacienda está rastreando con el fin que pretende esta regularización que entró en vigor en 2013 y finalizará en 2016, son, por ejemplo, la pequeña alberca del chalet que ha transformado en piscina, la zona del patio que se cubre para agrandar el salón, e incluso la nave del campo, calificada como construcción para los aperos de labranza, y que se ha reformado de forma provechosa para convertirse en segunda vivienda. Para verificar estas irregularidades el Catastro ha contado con recursos suficientes.
Se prevé que al menos en un 10% de inmuebles de los municipios inspeccionados se localicen discrepancias. Esta estimación apunta a que dichos propietarios deberán pagar el incremento del IBI correspondiente por dichas alteraciones. El plan del departamento del ministro Cristóbal Montoro tiene como objetivo sacar a la luz las variaciones inmobiliarias que se han llevado a cabo en los últimos años y que no han sido declaradas, hecho que ha provocado que los ciudadanos tributen menos en concepto de IBI.
Esta medida que conlleva también a combatir el fraude fiscal, de paso, aumentará la recaudación en las arcas públicas, ya que este exceso en el pago del IBI por parte de los ciudadanos irá a parar directamente a los ingresos que perciben los Ayuntamientos.
Según Clementina Caballero, directora de gestión de Impuestalia, empresa dedicada en exclusiva a la Optimización Impositiva de IBI y otros tributos asociados a la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, se prevé que al menos en el 7% de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, podrán existir errores. “El contribuyente no debería conformarse con la resolución que reciba, pero la mayoría de las veces no se sabe a dónde acudir para comprobar estos datos. Lo ideal es revisar dicha documentación para estimar si es correcta, y poder contrastar así si los datos de la nueva valoración están acorde con los factores y circunstancias reales de nuestro inmueble”, señala.
Pero, ¿cuánto nos tocará pagar? En términos económicos, según los cálculos que hace Impuestalia, “el coste de esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, que se destinará a pagar los trámites administrativos que genere. Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no ingresadas en los años anteriores no prescritos”. Y ahí cada ciudadano habrá de asumir el coste de sus variaciones inmobiliarias no declaradas al municipio.
Pero las inspecciones no son perfectas, por lo que caben errores. En este caso hay que tener muy en cuenta que la propuesta del Catastro no será firme hasta que no transcurra el plazo de 15 días hábiles para formular las alegaciones que los afectados consideren oportunas, presentando las pruebas que estimen pertinentes. En este plazo de tiempo, el pago de las liquidaciones complementarias quedará aplazado en previsión de un dictamen definitivo. Si finalmente la resolución es favorable, ese importe complementario será derogado o reducido.
Impuestalia estima que al menos en el 7% de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, podrán existir equivocaciones. “El contribuyente debería preocuparse de revisar la valoración propuesta. A día de hoy son cada vez más los propietarios que se acercan a nuestras oficinas para que les ayudemos a conocer su valor catastral y poder así constatar lo que la dirección del Catastro les propone. En caso de discrepancias con la valoración de la administración, el beneficio para el titular del inmueble supondrá un ahorro vitalicio”, afirma Clementina Caballero.
Este escrutinio masivo, que se está llevando a cabo en toda España (salvo País Vasco y Navarra), comenzó para 176 municipios en 2013 y se extendió a otros 3.025 en 2014. Para 2016, último año de esta regularización que probablemente se ampliará a más ejercicios y plazos, se estima que se habrán revisado 1.412 municipios más a mediados de año, los cuales harán un total de 4.613 dispuestos para ser regularizados desde 2013. Esta regularización afectará a cerca del 10% de los más de 36 millones de recibos del IBI existentes.
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