La Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) ha reclamado al Ayuntamiento que informe públicamente sobre las consecuencias que tendrá para los procesos selectivos afectados la sentencia firme que, según el sindicato, declara la caducidad de las Ofertas de Empleo Público de 2021 y 2022.

La organización sindical sostiene además que el Consistorio sigue apostando por poner en marcha bolsas de trabajo sin examen ni prueba objetiva de acceso que garantice la capacidad de los aspirantes para ocupar los puestos.

La ATMJ vincula esta decisión con lo que considera una falta de capacidad del gobierno municipal para gestionar las ofertas de empleo público. A su juicio, la caducidad de estas convocatorias ha terminado desembocando en la búsqueda de fórmulas provisionales para cubrir las necesidades de personal.

Las secciones sindicales de ATMJ, CCOO y UGT, que según ostentan la mayoría de representación en el comité de empresa, no asistieron a la Mesa de Negociación convocada el 11 de septiembre. En ella se planteaba nuevamente una bolsa de empleo que, según critican, prima la experiencia en la Administración local tanto en la baremación como en los criterios de desempate. “No entendemos por qué queremos retroceder 20 años”, sostiene la ATMJ.

Críticas a unas bolsas "a medida"

La sección sindical recuerda que, tras la suspensión de una bolsa de trabajo en 2018, el Ayuntamiento aseguró que las contrataciones temporales urgentes se realizarían mediante convocatorias públicas de empleo, con criterios transparentes y legales.

Desde entonces, añade, se ha trabajado con bolsas derivadas de convocatorias públicas como mecanismo para acreditar la competencia del personal contratado y evitar situaciones de discrecionalidad y “amiguismo”.

LA ATMJ advierte ahora de que las denominadas “bolsas a medida” podrían permitir diseñar bases sin pruebas objetivas que favorezcan a determinados aspirantes. La organización recuerda además que en el Ayuntamiento y sus empresas municipales se han producido anteriormente polémicas sobre distintos procesos de selección cuya legalidad fue cuestionada.

A ello suma los problemas de gestión que, a su juicio, generan este tipo de bolsas frente a los procesos de oposición. También considera que su implantación puede incrementar la temporalidad, limitada por ley al 8% en las administraciones públicas.

La Agrupación de Técnicos responsabiliza directamente a la delegada de Recursos Humanos, Yessika Quintero, por la gestión de las ofertas de empleo público y califica la propuesta como “un retroceso y una decisión chapucera”. “La propuesta que se ha presentado de la bolsa de empleo sin exámenes se presta a manipulación y manejos turbios que esta Agrupación de Técnicos no puede obviar”, afirma.