La Guardia Civil arresta a tres personas, en Arcos y Jerez, por defraudar un valor aproximado de 600.000 euros en el marco de la denominada como 'Operación Dentada'.
La Guardia Civil detiene a tres personas por defraudar un valor aproximado de 600.000 euros. Los encargados de un concesionario falsificaban la documentación aportada por los clientes abusando de su confianza, para obtener financiaciones fraudulentas, fingiendo la compra de otros vehículos de alta y media gama, en las localidades de Arcos y Jerez, entre otras poblaciones de la provincia de Cádiz, detectando cerca de 80 perjudicados. Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil iniciaron las investigaciones tras la denuncia de un perjudicado al que le habían cargado una cuota en su cuenta bancaria por la compra de un vehículo el cual ya había pagado.
Una vez iniciadas las investigaciones, las propias financieras implicadas denunciaron ante el Grupo de Investigación y Análisis de Trafico (GIAT central) la comisión de un presunto delito continuado de estafa y falsedad documental en la compra de 43 vehículos tanto nuevos como seminuevos. Se pudo comprobar después de un primer análisis, que los documentos aportados eran falsificados por una persona con conocimientos informáticos.
El GIAT Central procedió a la apertura de la denominada Operación Dentada, contando con la colaboración del GIAT del subsector de Cádiz, en la que se procedió a la desarticulación de una trama dedicada a falsificar documentación personal de clientes que adquirían vehículos en un concesionario y con posterioridad la utilizaban sin su consentimiento, para financiar otros vehículos.
El “modus operandi” realizado por esta organización, era el siguiente: los clientes acudían a realizar la compra de un vehículo en un conocido concesionario de la zona donde al gestionar la adquisición de un automóvil nuevo o uno ya matriculado, el administrador copiaba la documentación del comprador. Posteriormente, utilizaba esta documentación para solicitar la financiación de otro vehículo diferente. Con ello el administrador cubría dos necesidades, la primera, mantener la cuota mínima de ventas del concesionario y la segunda, obtener el dinero rápido que necesitaba para abonar otras financiaciones anteriormente adquiridas mediante el mismo método.
Otra praxis detectada era que cuando la financiación era solicitada por un matrimonio o una pareja de personas, aunque para conceder el crédito fuese suficiente con la documentación de uno de ellos, el jefe de la trama aun así, tomaba ambas documentaciones, para a posteriori financiar otro vehículo sin su consentimiento. Los perjudicados, al desconocer el uso fraudulento de sus datos y tener un crédito a su nombre por la compra de un vehículo, no obtenían la autorización de las financieras para solicitar otros créditos, con el consiguiente perjuicio para ellos.
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