Junta directiva y usuarios del Club Social Puerta del Sur en Jerez, con 35 años de actividad ininterrumpida a sus espaldas, se han concentrado en la tarde de este viernes para protestar ante la orden municipal de desahucio que pesa sobre los gestores de estas instalaciones en suelo de titularidad del Ayuntamiento jerezano.
Con una sonora protesta y numerosas consignas señalando al gobierno que preside la alcaldesa, María José García-Pelayo, los administradores y socios de este equipamiento han expresado con claridad su desacuerdo con la gestión seguida por el actual ejecutivo local a la hora de abordar la continuidad de la actividad después de que concluyera el derecho de superficie en diciembre pasado.
En el último pleno, celebrado el pasado viernes, se certificó definitivamente gracias a la mayoría absoluta del PP —con el voto en contra del conjunto de la oposición— la extinción del derecho de superficie a favor de la entidad Club Puerta del Sur sobre la parcela de equipamiento público de titularidad municipal en la avenida Puerta del Sur. Esto significó que ya ha llegado una carta, según relata a lavozdelsur.es el presidente de la entidad, Daniel Castillo, “donde nos dan 15 días para desalojar las instalaciones”.
200 familias que hacen vida en un club que hace barrio
Esto supondrá no solo que cientos y cientos de usuarios de todas las edades —hay 200 familias asociadas que pagan 45 euros al mes de cuota— y colectivos y organizaciones sociales de la zona pierdan temporalmente el uso de este equipamiento, sino también la extinción laboral de los ocho trabajadores que actualmente están empleados entre el mantenimiento de las instalaciones y el bar de las mismas.
"Me he hartado de llorar por los niños, aquí hacemos mucha vida y esto se va a perder cerrado, se lo comerá el vandalismo", asegura Avelina Villanueva, vicepresidenta del club y que lleva un cuarto de siglo en la entidad del Distrito Sur de la ciudad. Una entidad, por cierto, que como reconoce su presidente, arrastra importantes deudas, especialmente con el Ayuntamiento en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Pequeños y sus madres, abuelos y abuelas, arremolinados con pancartas y silbatos han protestado por la situación. “Habríamos asumido que se licitara, que nos hubieran ido de frente, pero la alcaldesa nunca se vio con nosotros, nos ha dado largas haciéndonos mover la creación de una fundación, hemos recaudado fondos para ponerla en marcha y ahora nos echa a la calle", asegura otro socio de la entidad a este periódico.
Desde el gobierno municipal, han asegurado esta misma tarde, “se trabaja para buscar una licitación rápida que ponga en uso cuanto antes las instalaciones, pero legalmente no es viable mantener la situación que había hasta ahora". "El Ayuntamiento tiene en mente a todas las familias y trabajamos para que no se vean perjudicadas por una situación que obligatoriamente había que regular", añaden.
La puerta del interés público "estaba cerrada"
"Se les explicó que no era posible la prórroga y, evidentemente, ellos la defendían. Solo cabe la concesión administrativa y solo puede ser por licitación pública o por adjudicación directa a una entidad de interés público, pero no es el caso. Por mucho que trabajáramos en esa dirección, también se les explicó el tiempo que suponía esa declaración (de interés público), por lo que se trabajó en eso con todas las dificultades que supone desde el punto de vista del tiempo, el capital, el número de socios, qué socios eran fundadores… tratadas con la junta directiva estas cuestiones se vio que la puerta estaba cerrada”, mantuvo Agustín Muñoz, primer teniente de alcaldesa, en la pasada sesión de pleno.
"Esto no tiene ánimo de lucro, aquí hay ocho socios que trabajan en las instalaciones, y la gente hace vida aquí, convivimos con cumpleaños, deporte base, vienen de asociaciones como Upacesur o salud mental... hasta colectas de sangre se hacen, y ahora esto se va a perder", lamenta el presidente de la entidad entre bocinazos y gritos contra el gobierno local.
En la protesta ha estado presente el portavoz del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, muy crítico con la gestión seguida por el ejecutivo municipal con un club al "que se le han creado unas expectativas y ahora tienen que entregar las llaves de 35 años de historia en 15 días. Se ha quitado la careta la señora Pelayo".
"La oposición habla de solución jurídica, pero no la traen aquí. Ayudándonos a nosotros, ayudan a los vecinos. Es muy fácil la demagogia. Nos toca aquí arreglar otra cosa más", defendía Agustín Muñoz en el pasado pleno, recordando que durante ocho años el anterior gobierno socialista "ni se planteó, ni se reunió como delegado de Urbanismo (por José Antonio Díaz) para ver la posibilidad de una solución. No le interesaba porque sabía que la solución legal es la que es. La situación es dura y difícil, pero no tenemos más remedio que tomarla porque nos obliga el imperio de la ley".
