"Es inhumano". En los pasillos de la planta baja de los juzgados de la avenida Álvaro Domecq no ha parado de escucharse esta frase durante toda la mañana en la que ha sido la segunda jornada de los juicios individuales de los afectados por el ERE tras la primera tanda de ayer. Todos estaban citados a las 9:15 horas y han ido pasando por la sala número 2 de lo Social progresivamente hasta pasadas las 13:00 horas. Durante este tiempo han prestado declaración los delegados Javier Durá (Personal y Seguridad), Antonio Real (Turismo, Cultura y Fiestas), Antonio Montero (Eventos Culturales), Francisco Cáliz (Impulso Económico), Lidia Menacho (Educación y Juventud) y Antonio Saldaña (teniente de alcalde). "Pinocho al lado de esta gente se queda en pañales, mienten como bellacos". Quien habla es Juan Antonio Parra, uno de los afectados del ERE que presenció los juicios de varios compañeros y que no daba crédito a las declaraciones de los delegados.
"Ellos dicen una cosa y después vienen los técnicos y dicen que a ellos no les ha preguntado nadie" sobre los criterios seguidos para incluirlos en el expediente. Juan Antonio Parra, que trabajaba como portero de colegio, asegura que faltaba personal antes de ejecutarse el ERE, por lo que no se explica que fueran 16 incluidos en el Expediente ejecutado en 2012. "Después convocaron plazas porque faltaban 10 porteros", apunta, y añade que "ahora vale cualquiera, pintores, albañiles, ordenanzas, administrativos... Y yo tengo dos oposiciones aprobadas, sin plaza, pero entré por la bolsa de trabajo". Parra censura que "ahora están metiendo gente con el Plan de Empleo Joven que lo que hace es abrir y cerrar las puertas, no tienen ni cursos hechos". 
El momento más tenso de la mañana se produjo a la salida de la sala de Fernando Pinteño, ex empleado del departamento de Diseño e Imagen del Ayuntamiento y que, paradójicamente, realizó el cartel de la Feria del Caballo el mismo año que fue incluido en el ERE. Fue en el encontronazo con Javier Durá, al que Pinteño acusa de "mentir bajo juramento", cuando el nerviosismo acumulado salió a relucir. En el caso de Pinteño, el motivo argumentado por los delegados para justificar su despido fue la menor antigüedad en el puesto en comparación con otros compañeros de su departamento, "cosa que es mentira", asegura. "Entré por una oferta de empleo público en el Villamarta, donde estuve cinco años, un tiempo que computa como servicios prestados al Ayuntamiento", explica.
También tiene ciertas dosis de surrealismo el caso de Daniel Diosdado, ex trabajador de la delegación de Juventud y colaborador de La Voz del Sur, que fue incluido en el ERE y que hoy ha faltado a su primer día de trabajo por tener que acudir al juzgado. Se da la paradoja de que Diosdado tiene contrato en el propio Ayuntamiento hasta junio, ya que ha sido contratado a través del Plan Emple@30+. "Vaya contradicción", apunta, y añade que la delegada Lidia Menacho ha "mentido" en su declaración al asegurar que decidió su despido porque era el empleado "que menos necesitaba" y al hablar de él como trabajador de Educación, "cuando yo en Educación no he hecho nunca nada".
También acusa de mentir a Menacho otro afectado por el ERE, Arturo Paz, ex trabajador de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Zona Sur. "Ha dicho que mi cometido lo hacían otros compañeros, y eso es incierto, el único que hacía en mi delegación certificados de empadronamiento o compulsaba, era yo". También "ha dicho que la delegación se cerró, es mentira, en la Zona Sur todavía hay dos personas trabajando. No saben por donde salir". Arturo Paz asegura que sus fuerzas "siguen intactas" después de más de dos años de lucha y que espera que su despido se declare improcedente, "aunque esto es nulo de cajón".
"Se han agarrado a la mayoría para hacer una dictadura", comentaba un afectado que esperaba su turno para entrar a la sala. "Deloitte nos va a echar con nuestro dinero", apuntaba otro en referencia a los 120.000 euros que cobrará la consultora por la defensa de las demandas individuales. "El juez está pudiendo pudo comprobar que ha sido un ERE totalmente arbitrario, sin sentido, sin valoraciones, sin criterio. Ha habido una selección de personas arbitrariamente ajustándose a los deseos de los políticos que nos gobiernan, no había informe ni valoración", apuntaba otro afectado.
A Dolores Caravaca, que ayer mismo recriminó a los delegados su actitud durante la celebración de su juicio, lo que más le duele "son las mentiras". Caravaca era trabajadora de Infraestructuras, donde gestionaba el movimiento asociativo y las visitas a las barriadas, y luego fue trasladada a Deportes. "Me echan de Deportes porque llegué la última y yo no pedí el traslado", asegura. En esta delegación estuvo "ocho meses sin hacer nada porque había orden de que no se me podía dar trabajo". "Ya está bien de tantas mentiras". El teniente de alcalde Antonio Saldaña, preguntado por este medio, rehusó hacer declaraciones. En los próximos días continuarán los juicios individuales, cuyas sentencias se conocerán a partir del mes de marzo.
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