Ante el expediente abierto a una delegada sindical de CSIF y su compañero de trabajo en el Ayuntamiento de Jerez, este sindicato quiere denunciar la desprotección y el temor que sufre en estos días la plantilla municipal a la hora de acceder a expedientes municipales. Esta situación está provocando cierta parálisis en la gestión municipal, en perjuicio del servicio de calidad que merece el ciudadano, ya que los trabajadores dudan o directamente se niegan a entrar en los expedientes sin un consentimiento expreso, por escrito, por parte del Ayuntamiento. De hecho, el comité de empresa recomienda a los empleados que, por seguridad, se dirijan a sus responsables directos para que les indique con claridad a qué tienen acceso y a qué no.
Sin embargo, desde la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento se quiere mandar un mensaje tranquilizador a la plantilla, apoyándose en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, en la pieza separada de Jerez, en la que se deja claro que el acceso a expedientes por parte de los empleados municipales no es delito.
Esta sentencia recoge que no cabe un acceso indebido a la base de datos municipal, si no ha sido limitado y advertido al trabajador “expresamente por la empresa mediante cláusula contractual, advertencia o instrucción expresa por parte del empresario”. Esto nunca ha ocurrido en el Ayuntamiento de Jerez, pues nunca se ha notificado por escrito ni existe un protocolo que permita a cada trabajador conocer a qué expedientes puede o no puede entrar, máxime cuando los permisos se cambian de manera caprichosa, constante y sin previo aviso. Igualmente, se reseña que no es delito acceder con las claves de los compañeros a archivos y expedientes siempre que haya consentimiento, y “tal consentimiento puede ser verbal y también tácito, basta con una declaración de voluntad o un acto concluyente que no prohíba el acceso”.
Por lo tanto, esta sección sindical considera que el gobierno local sabe exactamente que su denuncia contra esta sección sindical no podrá prosperar y lo único que pretende es amedrentar y perseguir a quienes llevan a cabo labores sindicales en defensa de los empleados públicos.