La Audiencia Nacional ha dado a Pablo Hasel un plazo de diez días para ingresar por su propio pie en un centro penitenciario para cumplir una condena de nueve meses de cárcel. El ingreso en prisión del rapero es "un ataque no sólo contra él, sino también contra la libertad de expresión y por ello contra la inmensa mayoría que no la tenemos garantizada, como tantas otras libertades democráticas", han lamentado desde la plataforma Jerez por la República, que ha convocado una concentración de apoyo para este próximo sábado, a partir de las 12 del mediodía, en la plaza del Arenal.
Asociaciones de Juristas, redes de abogacía y organizaciones de derechos humanos también han alertado en las redes sociales sobre la inminente entrada en prisión del rapero por un “delito de expresión” y todo lo que ello supone.
"Se están planteando toda una serie de reformas legislativas entre las que se encuentran la despenalización de los delitos de injurias, la restricción de los delitos de calumnias a su comisión con publicidad, la despenalización de los delitos contra los sentimientos religiosos, limitar los delitos de odio a la incitación pública a cometer delitos contra grupos vulnerables y hacer lo mismo con los delitos de enaltecimiento del terrorismo", han dicho.
En este sentido, los votos particulares de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo anticipan una “probable condena” a España por parte del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) o Tribunal de Estrasburgo, si la condena al rapero no fuera anulada antes por el Tribunal Constitucional.
"Exigimos a los poderes públicos que delitos como el de enaltecimiento del terrorismo o el de injurias a las instituciones del Estado deben ser eliminados del Código Penal español, pues no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión, y es que el Derecho Internacional sólo permite la persecución penal de expresiones que incitan de manera directa a cometer actos violentos y sólo si hay probabilidad de que se produzca dicha violencia y existe conexión clara y directa entre esas expresiones y los actos violentos", reza un manifiesto.
A lo que añade: "No podemos callarnos ante la injusticia y el desatino de una condena que cercena la libertad de expresión y vuelve a poner sobre la mesa el doble rasero de una justicia que en este país se aplica con rigor extremo a cualquier persona identificada con la izquierda mientras contempla con mimo las barbaridades de la derecha extrema y de la extrema derecha. La corona no puede gozar de inviolabilidad e inmunidad. Es necesario que responda ante la justicia por los bienes apropiados. El poder judicial debe ser ejemplo de transparencia, ya que los poderes del Estado han de estar al servicio del pueblo. Por ello, volvemos a pronunciarnos contra la ley del embudo disfrazada de legalidad".
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