Las dos interventoras que ocupaban los cargos en Ayuntamiento e IPDC en el momento de los presuntos contratos ilegales con la Gürtel, en 2004, declaran ante el juez De la Mata.
"¿Conocía usted a Isidro Cuberos?" Es prácticamente la única alusión directa a la pieza jerezana de la Gürtel que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y la Fiscalía han hecho durante las declaraciones este lunes de las dos interventoras municipales que ejercían al frente de la Intervención del Ayuntamiento y del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC) -organismo autónomo municipal- en el momento de los presuntos contratos ilegales con empresas del entramado de Francisco Correa. El periodista que llegó a ser mano derecha de Javier Arenas, hallado muerto junto a su moto en el fondo de un barranco en la Costa del Sol tras permanecer tres días desaparecido, es el nexo que unía a la Gürtel con el 'ala del PP' en aquel Consistorio bajo pacto de gobierno con Pacheco.
El 'conseguidor', cuya intermediación le reportó más de 53.000 euros, ha estado presente en la declaración. También Isabel Jordán, otra de las imputadas y vinculada a una de las empresas de Correa. Cuestionadas por si conocían a estas personas, ambas altos cargos han dejado claro que no. En el caso de Cuberos, a raíz de ser imputado y aparecer por televisión. "No, no le he visto personalmente nunca. Ni por asomo conozco a ese señor. Le conozco de verle por la tele", ha llegado a declarar una de ellas, según ha podido saber lavozdelsur.es.
Realmente, el testimonio de ambas, que el propio De la Mata consideró "esencial" en un auto emitido la pasada semana, ha servido fundamentalmente para profundizar en los mecanismos internos a nivel presupuestario, contable y administrativo, "pero ni juez ni fiscal han entrado prácticamente en Fitur 2004". "Ha querido conocer en profundidad cómo era la maquinaria, cómo funcionaba el IPDC en su parte económica y contable; las fases presupuestarias, las fases de contabilidad, preguntas sobre procedimientos internos...".
No es de extrañar que De la Mata haya incidido poco en el posible papel de ambas interventoras en relación con la pieza jerezana de la Gürtel. Al contrario, en la exposición razonada que el magistrado remitió al Tribunal Supremo para pedir la imputación de María José García-Pelayo por posibles delitos de prevaricación continuada cita en varias ocasiones a la responsable del máximo órgano de fiscalización del Ayuntamiento, asegurando que ésta advirtió a Pelayo de que no tenía competencias para aprobar los contratos, éstos se firmaron sin el depósito de la fianza previa exigida, y el procedimiento de urgencia que se siguió no era conforme a la ley. Aun así, la exalcaldesa "hizo caso omiso". "Sabía que todo era falso y que se estaba construyendo un expediente fingido para justificar los pagos que posteriormente también autorizó", llega a decir el magistrado en su escrito. Los contratos supusieron un gasto de más de 300.000 euros para las arcas públicas.
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