Condenan a prisión al dueño del consultorio ilegal de La Constancia y a una farmacéutica de Cuartillos

Ambos, detenidos en 2016 en la operación 'Pharmakis' de la Guardia Civil, reconocieron ante el juez los hechos: retiraban medicamentos de forma masiva y se almacenaban o administraban sin control

Operativo de la Guardia Civil, en 2016, por el consultorio médico ilegal de La Constancia. Autor: JUAN CARLOS TORO
Operativo de la Guardia Civil, en 2016, por el consultorio médico ilegal de La Constancia. Autor: JUAN CARLOS TORO

Cargaban de forma "abusiva e indiscriminada" medicamentos en las tarjetas de la Seguridad Social de pacientes que nunca aparecían por sus consultas. Ocho personas, en total, fueron puestas a disposición judicial en abril de 2016 el marco de la llamada operación Pharmakis que la Guardia Civil llevó a cabo en La Constancia, en Jerez, para cerrar un consultorio ilegal. La operación se inició cuando la Guardia Civil del puesto principal de Jerez recibió el encargo de la Fiscalía de investigar una denuncia presentada por la Inspección de Farmacia de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Cádiz, de unas supuestas irregularidades en la retirada masiva de medicamentos que se habían cargado sobre tres usuarios, produciéndose en un primer momento lo que parecía un fraude de casi 20.000 euros.

Como ya publicó lavozdelsur.es en su momento, las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la Guardia Civil permitieron determinar que los usuarios que supuestamente habían retirado los medicamentos se encontraban fuera del área de influencia de la farmacia en cuestión, siendo además, por la edad y condiciones físicas de los usuarios, bastante improbable que hubiesen realizado un trayecto tan largo para retirar los medicamentos. Se daba además la circunstancia que si hubiesen ingerido los medicamentos retirados posiblemente habrían fallecido, ya que a una usuaria que decía haber retirado ocho envases de un medicamento muy concreto, que era además la prescripción normal, se le cargaron en su tarjeta un total de 96, superando el cargo irregular los 2.100 euros.

A otro usuario se le cargaron en su tarjeta un total de 109 envases de otro medicamento, cuando sólo decía haber retirado doce, siendo el cargo ilícito de casi 2.250 euros. Y el caso de una usuaria a la que cargaron en su tarjeta 27 envases de un medicamento de muy alto coste y que debía ser administrado por un facultativo, estando prescrita su conservación entre 2 y 8 grados centígrados; la usuaria solo había retirado seis envases, ascendiendo la facturación irregular a los 15.250 euros.

Completada la instrucción, el caso ya ha sido juzgado, como recoge La Voz de Cádiz. En el banquillo se sentaron tres de los presuntos autores de los hechos: el responsable del consultorio, J. S.; su esposa (finalmente absuelta) y una farmacéutica de Cuartillos. Los dos acusados reconocieron los hechos que se les imputaban y el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia de Cádiz les ha condenado a penas de un año y medio a ella por un delito de estafa, y dos años al acusado por un delito de estafa, otro contra la salud pública y otro delito de intrusismo.

Según recoge la sentencia como hechos probados, la procesada regentaba una farmacia en la pedanía de Cuartillos y urdió un plan con el dueño del consultorio ilegal para "obtener un lucro ilícito mediante el engaño". J. S. era administrador de una sociedad de titularidad municipal, la Asociación Jerezana por el Bienestar y la Salud cuya sede se encontraba en La Constancia. En este sentido, las primeras investigaciones ya desvelaron que dicha asociación "sin ánimo de lucro" funcionaba como un verdadero consultorio médico donde se almacenaban y expendían enormes cantidades de medicinas y material sanitario, y donde se realizaban curas y otras actividades sanitarias sin las mínimas condiciones higiénicas. Además, estas prácticas eran realizadas por personal que o no tenía la titulación necesaria para realizarlas o si la tenían carecían de contrato alguno, careciendo de todo seguro de responsabilidad civil en el caso de existir algún tipo de problema.

Una vez constatado que el presidente de esta asociación, junto con otros colaboradores, se desplazaban a determinados centros sanitarios provistos de tarjetas sanitarias para cargar en ellas ingentes cantidades de medicamentos bajo demanda indiscriminada, los guardias civiles procedieron a seguirlos, determinando que realizaban largos trayectos pasando por numerosas farmacias, hasta llegar a la que generaba la estafa investigada. Aquí se aprovisionaban de todo el material, y cargando el turismo en el que se desplazaban como si de una furgoneta se tratara volvían a la asociación.

El Colegio de Farmacéuticos de Cádiz interpuso denuncia el 27 de noviembre de 2014, después de tener conocimiento de las irregularidades, lo que motivó la inspección del Servicio de Salud y la posterior denuncia a la Fiscalía. El importe global de las cantidades defraudadas ascendió finalmente a 19.563,35 euros entre enero de 2014 y enero de 2015.

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