Condenan a cárcel a varios hijos del empresario jerezano Ruiz-Mateos por delitos de estafa y blanqueo

El tribunal ha condenado a José Ramón Romero, quien fue director de la oficina del grupo Nueva Rumasa en Jerez, a seis años y tres meses de prisión

30 de mayo de 2025 a las 12:30h
Los hijos de Ruiz Mateos en el juicio.
Los hijos de Ruiz Mateos en el juicio. FERNANDO VILLAR / EFE

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que condena a seis hijos del empresario fallecido José María Ruiz-Mateos a penas de prisión por su implicación en una estafa relacionada con la captación de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011. La resolución judicial impone a cada uno de ellos una pena de siete años y cuatro meses por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Además de los hijos del empresario, el tribunal ha condenado a José Ramón Romero, quien fue director de la oficina del grupo en Jerez de la Frontera, a seis años y tres meses de prisión. También se impone una pena de seis años y cinco meses a Zoilo Pazos, sobrino de Ruiz-Mateos y partícipe en la gestión de varias sociedades del grupo. Por otra parte, se han dictado penas de entre tres y cinco meses de cárcel contra Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada por delitos vinculados al alzamiento de bienes, mientras que cuatro de los acusados han sido absueltos.

La sentencia

La sentencia, elaborada por la magistrada Teresa García, establece que los condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a las víctimas de la estafa. Asimismo, se les impone el pago de las costas procesales, incluidas las correspondientes a las acusaciones particulares personadas en la causa.

El tribunal ha determinado que Nueva Rumasa estaba compuesto por un entramado complejo de sociedades que, aunque operaban bajo una misma estrategia y dirección, no constituían un grupo consolidado conforme a la legislación mercantil y fiscal. Pese a figurar como tal en su publicidad, carecían de una matriz común, lo que generó confusión entre los inversores.

Según la resolución, estas sociedades, pese a su aparente independencia formal, ponían en común su patrimonio y tesorería al servicio del conjunto del grupo, que operaba en la práctica como una única entidad empresarial. Buena parte de estas firmas estaban registradas en paraísos fiscales como Belice, Panamá y Holanda, lo que, junto al uso de testaferros y despachos fiduciarios, permitió mantener durante años un alto nivel de opacidad en la gestión.

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