Joaquín, Laura y la hija de ambos se enfrentan un inminente desahucio en Jerez tras haber agotado todas las vías posibles para permanecer en su hogar. La situación se remonta a los años de la crisis del ladrillo, cuando la familia se vio obligada a entregar la vivienda a CaixaBank mediante una dación en pago, al no poder seguir haciendo frente a la hipoteca. En aquel momento, la entidad accedió a firmar con ellos un contrato de alquiler que, según relatan, ya ha vencido y no será renovado.
Sin posibilidad de acuerdo con la entidad
Según la versión de los afectados, CaixaBank no ha mostrado voluntad de alcanzar ningún acuerdo. La familia ha intentado recomprar el inmueble, sin obtener respuesta positiva. La entidad, señalan, ni acepta vender la vivienda ni permite que continúen en régimen de alquiler, lo que deja a los tres miembros del hogar en una situación de total incertidumbre.
"CaixaBank tampoco quiere vendérsela. Simplemente, quiere echarles y no atiende a ninguna posibilidad de acuerdo, dejándoles en la calle en un momento en el que acceder a una vivienda digna y asequible es casi un imposible", indican desde organizaciones que han convocado una concentración para intentar frenar el desahucio.
“Hoy por ti, mañana por mí, por todos, participa en la concentración y paremos el desahucio”, han destacado desde Marea Violeta Jerez.
Movilización ciudadana para frenar el desahucio
La protesta está prevista para este martes 22 de julio a las 10.30 horas en la avenida Blas Infante, número 84, lugar donde se ubica la vivienda. Además, este mismo lunes, a partir de las 19 horas, quienes colaboran en la organización estarán preparando pancartas en la plaza Santo Tomás de Aquino, en un intento por visibilizar la situación y sumar apoyos de última hora.
Este nuevo caso se suma a una larga lista de desahucios que siguen produciéndose en distintas ciudades españolas, muchos de ellos derivados de contratos de alquiler firmados tras daciones en pago. En un contexto en el que los precios del alquiler se disparan y las opciones para familias vulnerables son cada vez más escasas, colectivos sociales insisten en que urge una intervención institucional que garantice el derecho a una vivienda digna.