Clara y Félix viven con miedo. Desde hace muchos años, miedo a tener que dejar su casa, en la zonaSur de Jerez, el día menos pensado. Miedo a no encontrar un nuevo hogar. Miedo a verse en la calle con sus dos hijos. De los cuatro miembros de la unidad familiar, tres tienen un grado de discapacidad superior al 33%.
Recientemente, han incorporado un nuevo miedo a sus vidas. Miedo a que “unos matones”, como llaman a la empresa de desocupación que los amenaza, no les dejen entrar o salir de su vivienda. Que les hagan la vida imposible. Porque ClaraMelgar y FélixMorato se hipotecaron hace más de 20 años, pero la crisis de 2008 les pasó por encima, como a tantas otras familias.
Ahí empiezan sus problemas. Desde entonces, se han multiplicado. Perdieron su casa, se quedaron viviendo en ella cuando pasó a manos de un banco y luego a un fondo buitre. Ahora la ha comprado un particular, con ellos dentro. Saben desde hace años que se tienen que ir, pero no tienen dónde, ni forma de encontrar una alternativa.
Clara tiene problemas de saludmental, fibromialgia o poliartritis, derivados de los numerosos disgustos que ha ido acumulando con los años. Félix, diabético, perdió dedos de un pie. La hija de ambos padece un Trastorno del Espectro Autista (TEA). Todos conviven en una casa en la que solo entra el Ingreso Mínimo Vital que percibe el matrimonio, imposibilitado para trabajar.
A la desesperada, recurren a la prensa. Porque no saben ya a qué puerta llamar. Mejor dicho, volver a llamar. Porque lo han intentado todo. De todas las formas posibles. Pero siguen en una encrucijada. Y se sienten amenazados. Acorralados.
No pueden pagar un alquiler, al precio que están, con sus ingresos. Nadie les alquilaría sin nómina. Las Administraciones no les encuentran una viviendaasequible que puedan permitirse.
Pero, actualmente, les ampara la Ley. Concretamente, la moratoriadedesahucios para familias vulnerables aprobada por el Gobierno de España durante la pandemia, y prorrogada hasta diciembre de este año. Aun así, los quieren echar a la fuerza.
Con la crisis de 2008 empezó todo
Félix y Clara, ambos vigilantes de seguridad durante su etapa laboral, se conocieron en el Palacio de Deportes de Jerez, donde trabajaron juntos. Se enamoraron y formaron una familia. Se hipotecaron. Con la crisis de 2008, se quedaron en paro porque cerró la empresa para la que trabajaban.
Ahí empezaron a encadenar contratos temporales, normalmente lejos de Jerez. En Barcelona, Ibiza, San Sebastián, Pamplona… y tantos otros sitios. La llegada de la pandemia volvió a ocasionarles problemas económicos. Dejaron de trabajar.
Poco después, a Félix le sobrevino la diabetes. Perdió dedos del pie. Y dejó de ser apto para trabajar como vigilante, su gran pasión. La economía familiar estaba en los huesos. Hasta intentó montar su propia empresa de seguridad, pero no le fue bien.
Muchos años antes, ya empezaron a acumular impagos. No podían hacer frente a la hipoteca y el banco se quedó su casa. Desde 2012 llevan cuatro juicios, pero nunca han tenido orden de desahucio. Han ido aplazando el momento.
Sin orden de desalojo, pero con amenazas
Hasta en cuatro ocasiones han acudido a juicio en una década. La última, en 2022, cuando se detuvo el lanzamiento por la moratoria de desahucios, y prolongaron su estancia en una casa que saben que ya no es suya. Pero no tienen dónde dormir si no es en ella.
“No somos delincuentes. Ni okupas. Llevamos 23 años en esta casa, la compramos, pero nos quedamos sin trabajo”, reivindica Clara Melgar, a la que se le entrecorta la voz durante el relato de sus últimos años de vida.
Una vida que, incluso, intentó quitarse hace unos meses, cuando tuvo un intento de suicidio. “No podía más, dije: seacabó”, rememora entre lágrimas. “No nos explicamos cómo está viva”, le dijeron los médicos a su familia. Pero sobrevivió porque, dice, le queda una tarea que llevar a cabo: “Garantizarles a mis hijos lo que necesitan”. Un hijo menor de edad. Una hija veinteañera con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
“Tengo miedo por mis hijos”
“Entendemos al propietario, sabemos que tenemos que irnos, ¿pero cómo me voy a ir a la calle con mi enfermedad?”, se pregunta Félix, que se pincha insulina cada día.
“Cuando nos lo notifique el Juzgado, no nos quedará otra que irnos, pero no podemos vivir con miedo, no por mí, sino por lo que le puedan hacer a mis hijos”, agrega el padre de familia, en referencia a la empresa de desocupación, que temen que vuelva a visitarlos.
Hasta les han llegado a ofrecer dinero para que se vayan de la casa. Primero, 1.000 euros, luego 1.500 euros. No aceptaron. “¿Qué hacemos con eso? Si nos piden dos meses de fianza y uno de alquiler… además de nómina”, dice Félix.
“No somos unos insumisos que estamos fuera de la ley. Éramos propietarios y somos conscientes de que nos iremos, pero ahora mismo tenemos una moratoria que impide desahucios y nos están presionando”, se queja.
Félix Morato, con un 36% de grado de discapacidad reconocido, está esperando para poder entrar como vendedor en la ONCE. Es su gran esperanza, poder trabajar, tener nómina y optar a un alquiler.
Piden una vivienda asequible al Ayuntamiento
En el registro de demandantes de vivienda de Emuvijesa, la empresa municipal de Jerez, llevan inscritos desde 2017. Y se quejan de que no se les encuentre una alternativa.
“El Ayuntamiento se tiene que pronunciar, no queremos nada regalado, pero sí algo que podamos permitirnos”, señala Félix Morato, quien insiste en que “estamos ahora mismo dentro del grupo de personas vulnerables amparadas por la ley, eso también hay que respetarlo”.
La delegada municipal de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, YessikaQuintero, asegura que el Ayuntamiento “llega hasta donde puede llegar”, y que en estos momentos no hay viviendas asequibles disponibles en la ciudad.
En conversación con lavozdelsur.es, relata Quintero que “el problema de la vivienda es muy grave, y se va a agravar mucho más”. Ante eso, el gobierno local, a través de los servicios sociales busca alternativas a las familias que lo requieren.
“Salen a cuentagotas viviendas disponibles para familias en riesgo de exclusión social, y conforme salen se van adjudicando”, insiste Quintero, quien asegura que el gobierno local fomenta que las familias “busquen una solución” y el Ayuntamiento los apoya con una ayuda económica para que sufraguen los primeros meses de alquiler.
“La cantidad de familias que tenemos en situaciones parecidas es una barbaridad”, apunta la delegada de Inclusión Social de Jerez, quien reseña que “a ninguna familia se la deja en la calle”, porque las trabajadoras sociales buscan recursos que tienen a su disposición.