Gran parte de la ribera del río Guadalete a su paso por la campiña de Jerez se encuentra este jueves en alerta roja. Aunque desde el gobierno municipal no se ha querido alertar a la población en los últimos días, era más que probable que el efecto demoledor del paso del carrusel de borrascas y los desembalses en diversas presas de la Sierra de Cádiz desembocaran en la frenética jornada contrarreloj que está sufriendo hoy —un día más— el municipio.
Una situación crítica provocada por una crecida del caudal que ha pasado a ser riada, superándose los 6 metros de nivel medio del cauce... y en aumento.
Con 14 núcleos del Jerez rural en plena evacuación y un importante dispositivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y Emergencias, desplegados en la zona, tratando de evitar por todos los medios que el desbordamiento del río tenga consencuencias en forma de daños personales, surge de nuevo el debate de las casas ilegales construidas en zonas inundables.
Un asunto que, como casi todos, tiene muchas aristas, pues en algunos casos se ha ido reproduciendo también derivado de uno de los principales problemas que sufre en estos momentos el país: el dificilísimo acceso a la vivienda y la escasez de promoción de VPO y alojamientos sociales.
El caso es que estas edificaciones ilegales, en el caso del sexto municipio en extensión del país, se cuentan por cientos y no solo no se han controlado —o directamente erradicado—, sino que se ha mirado para otro lado permitiendo que hayan crecido de forma exponencial en la última década.
Cañada del Carrillo y Magallanes encabezan el aumento exponencial
Más concretamente, estas construcciones han aumentado en un 57% más desde 2016: de contabilizarse en los registros municipales un total de 452 edificaciones ilegales en zonas inundables se ha pasado en el último año a computarse un total de 711, una diferencia de 259 casas ilegales más en tan corto espacio de tiempo.
Buena parte de la proliferación de nuevas edificaciones, aprovechando la laxitud de las administraciones públicas —las competencias en materia de ordenación del territorio son de la Junta de Andalucía, pero también el Ayuntamiento debe velar por el cumplimiento de la legalidad—, se concentran precisamente en núcleos o diseminados rurales que en estos momentos están siendo evacuados de urgencia. En conjunto, de hecho, la mayor parte de las 259 nuevas edificaciones en la última década se localizan en suelo rústico con riesgo de inundación, incluso en áreas con algún tipo de protección o limitación.
En Cañada del Carrillo se ha pasado de 20 a 36 edificaciones ilegales; en La Greduela se ha pasado de 18 a 30; en Zarandilla, de 23 a 33; en Las Pachecas —completamente anegada en el día de hoy— se ha pasado en diez años de 6 a 19 construcciones ilegales; y en otros puntos bajo vigilancia como Magallanes, las casas ilegales han pasado de 8 a 31 edificaciones, pese a tratarse de ser suelo rústico en zona inundable.
En zonas como El Portalillo, que se considera suelo urbano al ser aledaño a una barriada rural tan consolidada como El Portal se ha pasado de 12 a 19 edificaciones irregulares. Algo que llama poderosamente la atención cuando en otras riadas históricas, como la de 2009, se habló incluso de la necesidad de realojar a estos vecinos y demoler las casas, muy próximas al curso bajo del Guadalete.
Otras barriadas rurales ribereñas como La Corta o La Ina, en cambio, han mantenido las construcciones desde la última revisión municipal en 2016: 19 y 35 casas, respectivamente.
Control de las administraciones públicas
En este contexto, no puede decirse que el actual ejecutivo municipal no esté tomándose en serio este aumento de las construcciones ilegales, si bien no parece que haya recursos y medios para controlar una expansión tan impactante como descarada.
"Se trata de regularizar lo histórico y frenar también ese repunte que estamos teniendo de construcciones ilegales", decía el pasado año en una entrevista con lavozdelsur.es la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro. Diversos precintos de reparcelaciones y unas llamadas constantes a la Junta de Andalucía para reforzar la vigilancia han redoblado los esfuerzos para controlar unas actuaciones que constituyen un delito muy grave. Un balance que incluso alertó a la Guardia Civil, que requirió información en Urbanismo ante el descontrol edificatorio que se ha venido viviendo (y sufriendo) en el Jerez rural.
Esta pasada madrugada, de agua hasta las rodillas, la misma responsable municipal que alertaba hace menos de un año de la escalada edificatoria en suelo vetado (e inundable) apremiaba a evacuar muchos de los vecinos y vecinas de estos núcleos donde han crecido como setas en la última década las edificaciones ilegales. Y al final, el río, como se suele decir, reclama sus escrituras.
Núcleos con mayor aumento de edificaciones (2016–2025)
Entre 2016 y 2025, con ocho años de gobierno municipal del PSOE con competencias urbanísticas a nivel municipal, el aumento de viviendas en suelo inundable en el término de Jerez no se ha limitado ni mucho menos a suelo urbano, sino que se ha expandido principalmente en suelo rústico, incluidos ámbitos de regadío y rústico común, lo que refuerza el debate sobre ordenación del territorio y riesgos asociados a inundaciones. Los mayores incrementos se han concentrado, según las estadísticas que tiene el Ayuntamiento, en unos pocos ámbitos concretos:
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Oeste de Montecastillo: +30 viviendas (de 0 a 30)
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Magallanes: +23 (de 8 a 31)
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El Juncal: +19 (de 49 a 68)
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Huertos de Estella: +19 (de 19 a 38)
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Cañada del Carrillo: +16 (de 20 a 36)
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Sudoeste de Estella: +16 (de 9 a 25)
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Sur de Nueva Jarilla: +16 (de 1 a 17)
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Casas del Mayorazgo AP-4 a Inmaculada: +15 (de 20 a 35)
También destacan incrementos relevantes en:
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Las Pachecas Norte (+13)
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La Greduela (+12)
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La Guareña Norte (+11)
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Zarandilla (+10)