La Agrupación de Técnicos del Ayuntamiento de Jerez ha puesto en duda la legalidad de las ofertas de empleo público (OEP) del Ayuntamiento de Jerez correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, tras la publicación en el BOP de listados de personas admitidas y excluidas en procesos selectivos que, a su juicio, podrían estar caducados.
La asociación recuerda que las oposiciones tienen un plazo para ejecutarse y que la Administración no puede mantener a los aspirantes “en un limbo jurídico indefinido”. En este sentido, sostiene que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que las ofertas de empleo público pierden eficacia si el proceso selectivo no se convoca, desarrolla y concluye dentro de los tres años desde su aprobación o publicación.
Según expone la ATMJ, el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público fija de forma imperativa que la ejecución de la oferta de empleo público debe desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años desde su aprobación. Por ello, considera que no es conforme a derecho continuar con procesos que habrían superado ese límite temporal.
“Alto riesgo contencioso” y recurso de reposición
La asociación advierte de que la continuación de procesos derivados de OEP presuntamente caducadas supone “un alto riesgo contencioso” para el Ayuntamiento y genera una grave inseguridad jurídica para los opositores.
En este contexto, la ATMJ ha interpuesto un recurso de reposición ante el Ayuntamiento en relación con una de las ofertas de empleo público —de promoción interna— al considerar que existen evidencias de ilegalidad.
La organización sostiene que, tras seis años, “ya no tiene sentido y va contra la seguridad jurídica del proceso” mantener convocatorias selectivas que, según su interpretación, habrían quedado sin efecto. Añade que muchos opositores, al considerar finalizado el expediente, optaron por preparar procesos en otros ayuntamientos con ofertas “vivas” y ajustadas a ley.
Asimismo, señala que en una publicación del BOP del 23 de febrero de 2026 aparece como seleccionada definitivamente en una OEP de 2020 la responsable técnica de Recursos Humanos, encargada de coordinar y organizar los procesos selectivos, circunstancia que la ATMJ considera llamativa.
Dudas sobre tribunales y transparencia
La ATMJ también cuestiona la designación de algunos miembros de los tribunales de selección, al considerar que podrían existir afinidades con determinados opositores en procesos de promoción interna, lo que —según afirma— podría comprometer la imparcialidad del evaluador y obligar a su abstención.
Además, recuerda que en ocasiones anteriores se han anulado pruebas de oposiciones en el Ayuntamiento por temor a filtraciones, lo que, a su juicio, incrementa las dudas sobre la gestión de Recursos Humanos.
La asociación sostiene que la gestión “oscura e inepta” del área de Recursos Humanos cuenta con el beneplácito del Gobierno municipal y de la delegada responsable, y considera que no pueden ampararse en el desconocimiento de la ley.
Por todo ello, la ATMJ exige al Gobierno municipal que declare caducas las ofertas de empleo público no finalizadas en el plazo de tres años y que las plazas se integren en una nueva oferta gestionada de forma eficaz, evitando sospechas de favoritismo. Asimismo, reclama que, una vez declarado caduco el procedimiento, se devuelvan las tasas abonadas en su día por los aspirantes.
A su juicio, el Ayuntamiento está obligado a incorporar las plazas caducadas a nuevas ofertas para impedir la perpetuación de procesos obsoletos y garantizar la transparencia y el respeto a la legalidad en la ordenación del empleo público.