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La derogación de la Reforma Laboral y de la Ley de la Administración Local, que en la provincia amenaza la existencia de 29 municipios de menos de 20.000 habitantes y un total de 11 ELA, se contemplan en ese bloque de medidas.

“Impulsar el cambio en España, crear una agenda social para la recuperación económica justa que atienda a las necesidades más urgentes tras cuatro años de recortes y destrucción del Estado del Bienestar por parte del PP e iniciar las reformas necesarias para afrontar el ineludible proceso de regeneración democrática que demanda la sociedad”. De esta forma la nueva diputada del Congreso por Cádiz, Miriam Alconchel, ha resumido esta mañana los objetivos del PSOE de cara a la nueva legislatura en la que ha sido su primera rueda de prensa ante los medios tras la constitución de la Cámara baja.

Alconchel ha asegurado que “desde el minuto uno, mientras otros partidos siguen en campaña, estamos trabajando para plantear medidas reales que responden a nuestros compromisos con la ciudadanía, tal y como viene recogido en nuestro programa electoral”. La también secretaria general del PSOE-A de Jerez ha manifestado su voluntad de trabajar “por acabar con la dejadez y el abandono absoluto que la derecha ha practicado con esta provincia”, caso de infraestructuras viarias y portuarias de Cádiz o el escaso apoyo del Gobierno central a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia.

En este sentido la parlamentaria ha adelantado que “mediante el diálogo permanente, los socialistas vamos a ser la voz de nuestros alcaldes y alcaldesas en el Congreso” por lo que ya ha anunciado el inicio de una ronda de contactos con los equipos de Gobierno de los distintos ayuntamientos de la provincia “con el objetivo de defender el interés común y establecer prioridades, buscando el bien de la ciudadanía y cumpliendo con la palabra dada para traer mejoras al ámbito local”.

Miriam Alconchel ha presentado el primer paquete de iniciativas que el PSOE ha registrado en la cámara para impulsar el cambio en España. Con ese bloque de medidas, el PSOE pretende marcar las prioridades legislativas dirigidas a lo más urgente, principalmente políticas de choque contra la pobreza y la desigualdad, para la recuperación de derechos sociales y  la lucha contra la corrupción.

Entre los ejes principales de trabajo Alconchel ha subrayado la derogación de la Reforma Laboral  ya que -según ha asegurado- “por culpa de esta reforma se han perdido más de 52.000 empleos en una provincia que lidera el ranking de desempleo nacional y Jerez suma hoy más de 32.900 parados” por lo que “buscaremos implementar los esfuerzos que viene haciendo la Junta y la Diputación de Cádiz por la recuperación económica de nuestros pueblos y ciudades”.

La derogación de la Ley de la Administración Local, que sólo en la provincia amenaza la existencia de 29 municipios de menos de 20.000 habitantes y un total de 11 ELAS; la puesta en marcha de un Pacto Social contra la violencia de Género, la derogación de la LOMCE o la aprobación de una Ley contra la pobreza energética son algunas de las iniciativas parlamentarias más sobresalientes presentadas por el PSOE en estos primeros compases de la XI legislatura.

Bloque de iniciativas:

1. La propuesta de derogar la reforma laboral y negociar con los

interlocutores sociales un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que asegure empleos con condiciones dignas, que recupere la negociación colectiva y restaure el equilibrio de poder entre empleadores y empleados.

2. La subida progresiva del salario mínimo para que alcance, en el término de dos legislaturas, el 60% del salario medio neto, cuantía que señala la Carta Social Europea como retribución mínima suficiente.

3. La consecución de un Pacto Social, Político e institucional para construir una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres. Un Pacto que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica y convoque a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género.

4. La apertura de un proceso de diálogo con las administraciones y la comunidad educativa, para alcanzar un Acuerdo sobre un proyecto de Ley básica de educación que derogue la LOMCE, garantice un sistema educativo público estable y de calidad, basado en la equidad y la igualdad y que incluya la universalización de la enseñanza pública entre los 0 y los 18 años.

5. La recuperación de la universalidad en el servicio público sanitario.

6. El establecimiento de un Ingreso Mínimo Vital para atender a los hogares sin recursos y erradicar la pobreza infantil.

7. La reconstitución del Pacto de Toledo y su convocatoria inmediata para acordar las medidas que han de asegurar pensiones dignas hoy y mañana.

8. La modificación de la Ley Electoral para facilitar el ejercicio del voto de los españoles en el exterior, suprimiendo el sistema de voto rogado.

9. La reforma del sistema de designación de los órganos de la Corporación RTVE para recuperar su independencia.

10. La propuesta de una reforma fiscal que asegure la financiación de nuestro Estado del bienestar con la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación y una estrategia decidida contra el fraude y la evasión fiscal.

11. La ratificación del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, para situar la I+D+i como una prioridad política y social para nuestro país y alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación, duplicando la inversión pública en I+D+i civil y recuperando como objetivo estratégico el objetivo europeo de alcanzar una inversión total del 3 % del PIB.

12. La supresión de los plazos para la instrucción de los procedimientos penales, recogidos la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aplicación podría suponer el cierre precipitado de muchas causas y conducir a la impunidad de los autores de hechos delictivos y especialmente en las causas complejas vinculadas a la corrupción.

13. La prohibición de la concesión de indulto en los delitos vinculados a supuestos de corrupción y violencia de género.

14. Una Ley contra la pobreza energética y para la protección de los consumidores vulnerables.

15. La Reforma del reglamento del Congreso para abrirlo a la participación ciudadana y hacerlo más transparente.

16. La derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local para restablecer el principio constitucional de autonomía local y que los ayuntamientos recuperen su capacidad de prestar servicios públicos a la ciudadanía.

17. El cumplimiento de los acuerdos alcanzados por unanimidad del Congreso de los Diputados en septiembre de 2015 para la acogida e integración de refugiados ante la crisis humanitaria que se está produciendo.

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