La sentencia de la Feria de Jerez que anula el anterior reparto de casetas, el que estuvo en vigor en 2025, ha levantado numerosas ampollas en el sector hostelero y feriante de la ciudad. Es toda una crisis política porque hubo un pleno donde se abordó el asunto, que acabó con denuncia de IU, y en la que el gobierno local aseguró que todo era legal. Este octubre esa postura ha decaído el Ayuntamiento ha reconocido lo que denunciaba IU, que el plano de la Feria no fue conforme a derecho.
Ahora, para calmar las aguas, el Ayuntamiento de Jerez va a reunirse con las asociaciones de caseteros. Y lo hace la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, junto a Francisco Zurita, delegado de Cultura y Grandes Eventos.
Hay un asunto que está orbitando alrededor del asunto: qué ocurrirá ahora. Los caseteros tienen en mente volver a la situación de 2024, a aquel pleno, con los mínimos cambios que apenas estén relacionados con las altas y bajas.
El otro gran asunto es el tema de las posibles reclamaciones de daños y perjuicios que pudieran presentar los caseteros. Porque quien se considere perjudicado, podría querer una indemnización ante una decisión que se considera nula y que tomó la junta de gobierno local. El Ayuntamiento ha adelantado que la sentencia "no tiene efecto" alguno pero que se tendrá en consideración para el próximo reparto.
En ese sentido, entonces, para el Ayuntamiento en este momento no hay puertas abiertas a esas solicitudes. De llegar en cascada, como señaló IU, podrían suponer un perjuicio económico para el Ayuntamiento. Pero incluso en un sondeo de voluntades parece que no se va a llegar a eso, que los caseteros lo que quieren es pensar en 2026 y no en 2025.
