La municipalización del servicio de autobuses urbanos ya está en marcha. Este jueves se cumple el plazo para que Urbanos Amarillos acreditara "la desaparición de las causas que motivaron el secuestro", que comenzó en mayo de 2012, por lo que todo apunta a que será la empresa municipal Comujesa la que asuma la gestión de la plantilla del transporte público, sumándose así a los servicios de atención telefónica, al de la asistencia domiciliaria y el servicio de calas, que también gestiona esta empresa. El rescate del servicio, aprobado en junta de gobierno local, y comenzado "tras la emisión de un dictamen favorable a esta resolución por parte del Consejo Consultivo de Andalucía", según anuncia el Ayuntamiento, llega con varios meses de retraso, ya que el Consistorio prometió en un primer momento a los trabajadores que municipalizaría el servicio a partir del 1 de enero de este año. La coincidencia de eventos como la Feria y Vinoble justo en este mes de mayo ha hecho que el Ayuntamiento se apresure en aportar una solución a este conflicto ante la amenaza de una posible huelga de autobuses.
El Consistorio dio el pasado 14 de febrero 20 días hábiles a Urbanos Amarillos para que acreditara “la desaparición de las causas que motivaron el secuestro; debiendo justificar estar en condiciones de proseguir la normal gestión del servicio”. El gobierno local alega que ha estado "en negociaciones" con la empresa concesionaria, pero ésta se ha demarcado pidiendo diez millones de euros por dejar de prestar el servicio en la ciudad. "Es una cuantía que no compartimos en absoluto, y por ello planteamos la resolución en junta de gobierno", apuntan desde el Ayuntamiento. Sin embargo, desde la oposición son escépticos con el procedimiento empleado por el Consistorio en la municipalización del transporte urbano. El PSOE local, en palabras de su concejal Luis Flor, ya expuso sus reticencias a este proceso al advertir que se han empleado “resquicios legales dudosos” que no van a facilitar las cosas para que la plantilla de los autobuses pase a integrarse en la estructura municipal. "El procedimiento seguido por García-Pelayo al dictar una resolución del secuestro de los autobuses urbanos a través de un resquicio legal dudoso provocará que el proceso acabe judicializándose", apuntó Flor.
La plantilla, a la que se le adeudan varias nóminas, espera que con esta medida los cobros se normalicen. Durante el secuestro, el gobierno local se ha empeñado en mostrar las bondades del servicio desde que está en manos del Ayuntamiento. "Ha experimentado una mejoría más que notable en todo este tiempo", apuntó recientemente Agustín Muñoz, delegado de Urbanismo y Movilidad. En una nota de prensa, el Ayuntamiento destaca que desde que se produjo el secuestro, "el servicio ha tendido a la normalización y a la estabilización" y se han superado "los 4 millones de usuarios, se ha creado una nueva red de líneas con el mayor consenso ciudadano y la participación de la plantilla de trabajadores, se han incorporado a la flota 30 vehículos y se ha conseguido evitar la conflictividad laboral". Lo que no mencionan es el envejecimiento de la flota de autobuses, provocado por la compra de 21 autobuses de segunda mano procedentes de Madrid, que costaron 205.000 euros (8.000 euros cada vehículo, más IVA), y que cuentan con más de diez años de antigüedad. Estos vehículos han sufrido diversas averías desde su adquisición y no han parado de dar problemas. A estos 21 autobuses comprados en 2012, el Ayuntamiento pretende sumar otros 15, que no harán sino envejecer aún más la flota.