Han pasado cuatro años desde el famoso desahucio de una familia de Caulina. La carga pretendió ser ejemplarizante, se saldó con 13 detenidos y logró instalar el miedo entre los activistas. Desde entonces, no ha sucedido nada igual en la ciudad. Las imágenes de la contundente carga han quedado en muchos medios nacionales como testimonio gráfico de la lucha contra los desahucios.
El 30 de septiembre de 2011 la represión contra los activistas, ciudadanos que apoyaban pacíficamente la paralización del desalojo de una familia en Caulina, a las afueras de Jerez, supuso un antes y un después en la realidad jerezana. Sus almas solidarias fueron represaliadas a palos y sacando cebollas, como se dice comúnmente en la jerga policial. El brutal suceso fue difundido por los medios de comunicación de todo el país gracias a periodistas que también se jugaron el tipo desafiando las amenazas policiales en el ejercicio de su trabajo. A continuación, desde la consciencia y la perspectiva que otorga el tiempo recogemos las impresiones de dos de los trece detenidos durante la ejecución del desahucio, compañeros de prensa; analizamos lo sucedido y sus consecuencias cuatro años después, justo en los albores de la entrada en vigor de la controvertida Ley Mordaza.
Entonces sentimiento indignado, surgido pocos meses antes con el movimiento 15M, muy presente aún entre los jerezanos. Un centenar de personas la mayoría procedentes de ese colectivo, se concentraron de forma espontánea en los dos accesos de una vivienda de Caulina para protestar y negarse “por humanidad” y siempre pacíficamente, a que una familia fuese desahuciada. “Sabíamos que todo había sido fruto de un engaño y una especulación porque la propiedad fue heredada y por una deuda de 24.000 euros los desahuciaron cuando el valor de la finca era de 240.000 euros; sólo eso era ya espeluznante”. Este es el testimonio de Manme Sánchez, una de los 13 detenidos en el desahucio, a quien la violenta represión policial le resultó tan brutal como inesperada. “Yo creía que nos mataban. Sí, defendíamos a una familia, pero después me podía pasar a mí”, asegura. Por entonces Manme acababa de cerrar su negocio “y al ser autónoma el Estado me deja sin ayudas, con dos menores, y amenaza de desahucio; ese día fue Caulina, pero podría haber sido yo”.
"La propiedad fue heredada y por una deuda de 24.000 euros los desahuciaron cuando el valor de la finca era de 240.000 euros; sólo eso era ya espeluznante”
El intento frustrado del desalojo de la vivienda unos días antes hizo creer que la paralización definitiva sería posible, “así que acudimos más personas aún”, cuenta Purificación Gordillo, otra de las detenidas. Sólo ganaron una batalla, pero no la guerra. Nada más lejos de lo sucedido aquel trágico día en el que “la violencia fue desproporcionada”, lamenta.
Juan Carlos Toro, fotoperiodista de lavozdelsur.es y El País, cubría el suceso para un medio local. Con mucho esfuerzo narra la que para él ha sido una de las jornadas más duras en sus 15 años de profesión. El gráfico, por su parte, lo tiene claro. “Las autoridades pensaban que no lo podían dejar pasar. Normalmente cuando vamos a cubrir algún acto en el que se cree que pueda haber violencia, los medios hacemos acto de presencia y se guardan las formas, pero no pasó en Caulina”, explica Toro.
"Yo creía que nos mataban. Sí, defendíamos a una familia, pero después me podía pasar a mí”
En la parcela del inmueble aterrizó la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) de las comisarías de Jerez y de Cádiz. En total, alrededor de 35 funcionarios. “Primero avisaron una vez a los periodistas y advirtieron, amenazando, de que si permanecíamos ahí podíamos cobrar igualmente. De hecho, la primera carga con las porras fue contra nosotros para apartar las cámaras. Nos desplazamos hacia atrás y entonces entró otro grupo de ellos y empezaron a dar palos a los concentrados. Fue muy duro... yo acabé llorando, parecía una guerra”, narra Juan Carlos Toro. El fotoperiodista también se sintió molesto ante ciertos titulares en los cuales destacaban los supuestos daños a seis policías.
"La primera carga con las porras fue contra nosotros para apartar las cámaras. Nos desplazamos hacia atrás y entonces entró otro grupo de ellos y empezaron a dar palos a los asentados"
Cuando un juez ordena el desalojo de una vivienda un agente de policía no se puede abstener de participar ya que pueden ser imputados por un delito de desobediencia. Aún con todo, otra de las detenidas, Gordillo, muy agradecida, subraya la actuación de varios policías que se negaron a actuar. “Informaron a su superior y según tengo entendido le abrieron un expediente”, destaca.
El contundente desalojo concluyó con 13 detenidos en Caulina. Pero la historia no acabó ahí. Muchos de los concentrados se trasladaron hasta las inmediaciones de la Comisaría a la espera de la liberación de sus compañeros. En uno de los bares aledaños los represaliados vieron en un canal de televisión de ámbito nacional las imágenes. En el mismo local se encontraban los policías que previamente les habían tratado con tanta dureza. “Les reconocimos porque tenían el calzado y los bajos de los pantalones llenos de polvo. Mis hijos han visto cómo la Policía me pegaba y me llevaba detenida; usaron el miedo con el único fin de parar esta plataforma”, espeta Manme Sánchez. 
Poco tiempo después, apoyaron de nuevo pacíficamente el intento de paralización de otro desahucio en El Puerto. "Fue una forma de superar el miedo y las secuelas de lo vivido en Caulina", asegura Gordillo.
Recientemente, una de las abogadas defensoras de los detenidos en Caulina, Kika González, declaraba a lavozdelsur.es que a día de hoy se encuentran a la espera de recibir por parte del fiscal el escrito de imputación. “Una vez que lo tengamos haremos los escritos de defensa o de acusación, porque acusamos a los policías de su actuación, que entendemos que fue desproporcionada y defendemos a los acusados de no haber cometido ningún atentado contra la autoridad”, explicaba la abogada. La condena puede oscilar entre seis meses y seis años de cárcel. Los detenidos han presentado como testigos a periodistas presentes en el acontecimiento, "pero no han sido admitidos y no entendemos por qué”.
"Los detenidos han presentado como testigos a periodistas presentes en el acontecimiento, "pero no han sido admitidos y no entendemos por qué”
Sólo en 2014, según datos del Partido Judicial de Jerez, ha habido 101 lanzamientos de ejecuciones hipotecarias, 103 de ejecución de Sentencias de desahucios y 2 de ejecuciones de familia y una penal. Cifras que como comenta Patricia de la Calle, miembro de Stop Desahucios, “no interesa hacer públicos, pero afecta a todo tipo de familias”. A raíz del desolador desahucio, esta organización y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH-Jerez) se han consolidado, informan e intentan resolver problemas relacionados con los problemas hipotecarios y desalojos. Tanto es así que "los servicios sociales dan el teléfono de estas organizaciones para que resolvieran dichos problemas", según comunicaba a todos los medios, Melchor López, cofundador de la PAH de Jerez.
Casi cuatro años después, este medio ha intentado sin éxito conocer las impresiones de la familia desalojada de Caulina, 24. Prefieren guardar silencio, cerrar un libro que ha marcado la vida de muchos otros y en el que aún se hallan inmersos.
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