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Dos hermanos denuncian malas artes y cláusulas abusivas por parte de una entidad financiera con la que firmaron dos pólizas hipotecarias para adaptar dos locales comerciales. 

“Si no tengo dinero ni para que el dentista me saque una muela que me está dando la lata. ¿Cómo voy a pagar lo que me piden?”. Manolo Porto, carnicero de profesión, se encuentra desesperado. Junto a su hermano Francisco firmó hace casi seis años un préstamo para adquirir dos locales comerciales a través de la Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía (Suraval), una entidad financiera que tiene como socios protectores, entre otros, a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Cádiz y a diferentes cajas de ahorros. De hecho, es a través de Unicaja, el banco de Manolo, como conocen a esta financiera.

“En Suraval trabajamos para ofrecer a las empresas andaluzas las soluciones financieras que necesitan. Avalamos a las pymes en sus inversiones, y les ofrecemos el apoyo y asesoramiento que necesitan para acceder a la financiación de sus proyectos”. Así se presenta Suraval en su página web, y ante esta aparente seriedad los hermanos Porto confiaron en ella para firmar dos pólizas de préstamo por valor de  60.000 y 40.000 euros, para adecuar y equipar dos locales comerciales en donde iban a montar un negocio de comida rápida. En principio el bar va bien y los pagos, de unos 1.500 euros, se pagan en tiempo y forma, pero la crisis poco a poco fue haciendo mella y los hermanos Porto empiezan a retrasarse en las mensualidades.

Es entonces cuando empiezan los problemas. Manolo afirma que Suraval ejecutó un embargo sobre la propiedad de uno de los locales, si bien llegaron a un acuerdo con la entidad: si pagaban una parte, paralizarían el procedimiento de embargo para que los hermanos pudieran vender el local y hacer frente a la deuda. Con mucho sufrimiento y pidiendo ayuda a familiares y amigos logran reunir lo acordado, 18.900 euros.

“Estábamos confiados en que se paralizaría el embargo como nos dijeron, pero cuál fue nuestra sorpresa cuando a los tres meses nos enteramos que habían abierto otro procedimiento de embargo paralelo a cuenta de la otra póliza por la que nos reclamaban 34.846 euros”. La situación les coge a los hermanos a contrapié y se ponen en contacto con Suraval, que les propone lo mismo que con la otra póliza, pagar una parte, esta vez 12.000 euros, para paralizar el embargo. Sin embargo, se ven sin margen de tiempo. La noticia se la comunican un viernes y debían hacer frente al pago al lunes siguiente. “¿De dónde íbamos a sacar en tan poco tiempo 12.000 euros?”, se pregunta Manolo. “Hicieron dos procedimientos paralelos, cada uno por una póliza. De ahí el engaño, porque ellos nunca han querido buscar un entendimiento, lo que han querido es quedarse con los locales, que encima están valorados en unos 210.000 euros”, critica.

Ismael Gil, abogado de los hermanos Porto, considera claro que éste es un caso más de préstamo con cláusulas abusivas relativas a los intereses de demora. “Es una práctica que solemos ver. Mientras la ejecución va para adelante dicen al cliente que pague lo que pueda, pero no paran el procedimiento judicial y a ellos se les creó unas expectativas de que se paralizaría, pero no fue así. Además no se les hizo ninguna propuesta de acuerdo formal”. El letrado, además, considera que a Manolo y a su hermano, y a la postre a las familias de ambos, “se les ha puesto en una situación que se podría haber resuelto de otra manera, ya que ahora se ven incapaces de salir adelante”.

Para el carnicero, además, lo más sangrante es que el que ha ejecutado el embargo no es un banco, como suele ser lo habitual, sino una entidad financiera que tiene como socios protectores a organismos como la Junta o la Diputación de Cádiz. “Los fondos buitres se quedan en polluelos ante esta empresa. De esta manera no se actúa, porque yo no pido que me devuelvan los locales, pero que al menos me dejen venderlos para saldar la deuda, pero es que ni eso. Estamos en una pesadilla. Con 55 años y las deudas que tengo, estoy viendo que las acabarán heredando mis hijas”.

Desde Suraval, por su parte, prefieren guardar silencio acogiéndose a la privacidad del asunto, si bien definen la situación como “la típica operación de préstamo de hipoteca que no se paga, con las consecuencias que eso conlleva”.

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