La instalación, que supuso una inversión de 200.000 euros y que se anunció como "provisional", sigue una década después sin convencer a nadie pero reuniendo cada viernes y sábado a unos 1.500 jóvenes, un 400% más de lo que se estimó.

Si se teclea ‘botellódromo jerez’ en Instagram, la red social más seguida por adolescentes y jóvenes de entre 16 y 24 años, aparecen cientos y cientos de fotos de chicos y chicas de fiesta, la gran mayoría con cubatas en la mano, en la enorme explanada junto al parque González Hontoria. Casi todas las imágenes son similares entre ellas: poses, selfies, abrazos, besos, exaltación de la amistad, fotos grupales, en pareja, en moto… En muchas de ellas se aprecia claramente que sus protagonistas no alcanzan la mayoría de edad. Una tónica común en todos estos recintos de fin de semana ideados, desde que nació la ley antibotellón, para permitir el consumo de alcohol en la vía pública. Si se repasan algunas de las conversaciones —todas ellas públicas— no hay nada que no sepamos o intuyamos sobre la función que cumplen estos recintos municipales:

Un chico: “Yo el día 13 me vi pone ciegooo”
Una chica: “Invitaaa”
Un chico: “Se venga kien kiera a mi me la suda al dia siguiente no me vi a corda de na”
Una chica: “jajaja ira ira enga amo a emborracharno ome”

En Jerez, esta instalación pública cumple ahora diez años. El fenómeno del botellón se remonta en la ciudad, junto a un reguero de quejas vecinales y conflictos de toda índole, a los tiempos del parque de La Unión, a mediados de los 90. Años después, el punto de encuentro masivo cada fin de semana se trasladó a La Rosaleda, para regresar nuevamente a La Unión y acabar, finalmente, en el parque Scout, junto a la avenida José Cádiz Salvatierra. La movida, como se le conocía entonces en los medios y entre los sufridos residentes, también inundó de orina y protestas la avenida de México y la plaza del Caballo. La presión vecinal exigía soluciones y a finales de 2006 se estrenaba la ley de la Junta de Andalucía que pretendía poner coto al consumo de alcohol en la vía pública, la llamada 'ley antibotellón'. Unos meses después, se ponía en marcha el botellódromo de la avenida de Chiribitos, una enorme explanada de gris asfalto, junto a un desolado terreno baldío entre Chapín y el parque González Hontoria, que el Ayuntamiento acondicionaba previa inversión pública de unos 200.000 euros.

En total, 27.000 metros cuadrados, de los que 4.885 se destinaban a zona de parking ("solo se podrá aparcar, no hacer botellón para evitar los coches-discoteca", dijo entonces el gobierno local de turno). Con 37 proyectores de luz, 24 bancos y aseos, se trataba de una solución "provisional", como manifestó en aquel momento y recordó dos años más tarde la entonces delegada municipal de Participación Ciudadana, la socialista Irene Canca. En enero de 2008, la prensa recogía estas declaraciones: "El espacio habilitado actualmente es provisional, lo que no impide que sea adecentado. El proyecto para la nueva zona de ocio está en fase de elaboración y se hará realidad en unos dos años". En 2011 cambió el gobierno y el botellódromo seguía ahí. Sin contentar a nadie y con una inseguridad creciente cada fin de semana. Peleas, hurtos, y mucho alcohol y sustancias estupefacientes al alcance de menores. "No podemos controlar quién entra", aseguraban desde el gobierno municipal del PP en el anterior mandato. Y llegó la tragedia.
En julio de este año se cumplirán cinco del crimen de Jairo Gómez, un joven de 17 años que fue asesinado a puñaladas tras producirse una reyerta en este recinto. Con la ciudad consternada por el luctuoso suceso, la entonces responsable municipal de Juventud, la popular Lidia Menacho, afirmaba: "El actual modelo de botellódromo ha fracasado, hay que replantear qué espacio tenemos y qué es lo que quieren los jóvenes de Jerez". Tras el juicio por el crimen de Jairo, a cuyo responsable le cayeron cinco años de prisión y el pago de una indemnización de 200.000 euros a la familia del menor, el Consistorio jerezano fue absuelto de una posible responsabilidad civil en este homicidio. "En los hechos relatados en la vista, y en la escasa aportación jurídica realizada desde la acusación particular, no hay norma legal para apreciar una responsabilidad civil directa. El dispositivo policial del Ayuntamiento puede ser calificado de escaso e insuficiente ante la gran afluencia de jóvenes, pero no se aprecia la relación de causalidad que debe existir entre las deficiencias de seguridad advertidas y la agresión sufrida por el menor para que el Consistorio tenga que responder por estos hechos", recogía la sentencia de la Audiencia Provincial en otoño de 2013. Meses más tarde, ya en 2014, el TSJA ratificaba esta sentencia y el entonces delegado de Seguridad, Javier Durá (PP), sostenía: "Viene a ratificar que el dispositivo municipal cumple las medidas generales de seguridad e higiene en el recinto". 

Desde aquella frase en caliente, "el modelo de botellódromo ha fracasado", no solo no se ha actuado desde el Ayuntamiento, sino que los problemas en esta instalación pública no han hecho más que agravarse. Cada fin de semana, preservar la seguridad del recinto supone un gasto para las arcas municipales de unos 3.000 euros (12.000 euros al mes; unos 145.000 euros al año), partida que no incluye el desembolso en limpieza y gasto de luz eléctrica para los cañones de lámparas blancas que dan algo de visibilidad a una zona con mucho espacio en penumbra —de ahí que entre los jóvenes también se le conozca con el sobrenombre de follaero—. Unas tres patrullas de la Policía Local tratan como pueden de mantener el orden y cierta seguridad en un recinto al que, según los datos del Consistorio, acude una media de 1.500 jóvenes los viernes y sábados de cada mes. Eso, pese a que en 2007, cuando se inauguró, las estimaciones municipales hablaban de que lo frecuentarían sobre 300 personas. El incremento sobre la perspectiva inicial es de un 400% y la inseguridad, igualmente, se ha multiplicado de forma exponencial en todo este tiempo.

Emilio Calatayud, juez de menores: "Que el alcalde dicte un bando y lo cierre, y ya está"

Una paliza en el botellódromo, a finales de octubre de 2015, acababa con un menor hospitalizado. El joven, de 15 años, terminaba con la mandíbula rota y posibles daños cerebrales. El fin de semana concluía con otros dos hospitalizados, uno de ellos apuñalado. En noviembre del pasado 2016, otra pelea multitudinaria se zanjaba con otros dos heridos. En febrero de este año se hacía público que una banda juvenil de entre 15 y 20 años atracaba a menores en las citadas explanadas. No, no ofrece titulares positivos este espacio público de la ciudad destinado a la ingesta masiva de alcohol. "Estamos preocupados porque somos los responsables de que pueda ocurrir algo no deseable, como ya ha ocurrido anteriormente", admitía en el pasado pleno de marzo el teniente de alcaldesa de Seguridad, Francisco Camas. Ciudadanos volvía a llevar a la sesión plenaria una petición para poner punto y final a esta instalación con su "clausura definitiva". "Como ya trasladó el fiscal de menores de Andalucía, éste se mostró partidario de eliminar los conocidos botellódromos en favor de ofrecer alternativas de ocio y culturales alejadas del consumo masivo de alcohol en estos espacios que reúnen a miles de jóvenes", recogía la moción presentada por la formación naranja en la ciudad. "Es relativamente fácil decir se quita el botellódromo y démosle a los jóvenes una alternativa, pero ésta es complicada y las ciudades que los han quitado no han sabido ponerla en pie", replicaba Camas en ese mismo debate.

La Delegación de Juventud, según el responsable político socialista, ha estado sondeando la posibilidad de la clausura pero "los jóvenes consultados no están de acuerdo en que el botellódromo se elimine y sí en que se implementen actividades lúdicas y de otro tipo en este recinto". El Ayuntamiento ya anunció el pasado año que estudiaría si optaba por el cierre total o parcial de este espacio, pero por el momento sigue sin mover ficha sobre su futuro. "Entiendo que sin dejar al lado a ninguna de las partes, y respetándolas a todas, somos los representantes que estamos aquí, e incluso de asociaciones y entidades convocadas para buscar soluciones, quienes debemos tomar decididamente una solución al respecto. Es un tema que hay que resolverlo y no muy allá de unos cuantos meses", incidía Camas. Otras voces sobre estos polémicos lugares de ocio juvenil son más tajantes. Es el caso del mediático juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, quien en unas declaraciones recientes sostenía: "Que el alcalde dicte un bando y lo cierre, y ya está. Que los jóvenes beban en los bares como se ha hecho toda la vida. Y si les resulta caro, pues mejor, así no se emborrachan. Y, por supuesto, los menores que no beban en ningún sitio porque está prohibido".

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