El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha asegurado este miércoles que el desarrollo de las energías renovables no está poniendo en peligro el olivar andaluz y ha calificado de “equivocada y tergiversada” esa afirmación. Lo ha dicho en referencia a las críticas surgidas en la provincia de Jaén ante varios proyectos fotovoltaicos que han generado rechazo social.
Paradela, en una entrevista concedida a Canal Sur Radio, ha respondido así a las protestas vecinales y agrarias en municipios como Lopera, Marmolejo o Arjona, donde se han organizado concentraciones, tractoradas y recogidas de firmas. También ha surgido la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, que denuncia el riesgo que representan estos proyectos para el olivar tradicional.
"No son 100.000 olivos, son 13.000"
“Quien dice que el olivar está amenazado por las renovables se equivoca y tergiversa la situación. En la provincia de Jaén hay 4.000 hectáreas más de olivar que hace cinco años”, recalcó Paradela. En particular, negó que se vayan a arrancar “100.000 olivos” como se ha denunciado desde colectivos sociales. “No es cierto, está cartografiado. No llega a 13.000. Son olivos, pero no son 100.000”, insistió.
El consejero reconoció que “no nos gusta ni nos estimula” que se produzcan movilizaciones contra estos proyectos, pero aseguró que son “casos anecdóticos” dentro del conjunto de Andalucía. “Son pocos los casos en los que ocurre”, apuntó, sin restar importancia a la inquietud generada.
La Junta señala a Europa y al Gobierno central
Paradela también recordó que el impulso de las energías renovables es una prioridad marcada por la Unión Europea y asumida por el Gobierno de España. “De hecho, las instalaciones de más de 50 megavatios las tramita directamente el Ministerio, no la Junta de Andalucía”, explicó.
En el caso de los proyectos de menor potencia, como los que afectan a la Campiña Norte jiennense, es la administración autonómica la responsable de la tramitación. Precisamente, esos proyectos han sido llevados a los tribunales por los afectados, que critican la declaración de interés público que permite expropiar terrenos.
Las plataformas denuncian que esa declaración limita la capacidad de negociación con los promotores, además de acusar a la Junta de “trocear artificialmente los proyectos” para que no alcancen la escala que requeriría una declaración de impacto ambiental estatal, más exigente.
Frente a estas críticas, la Junta mantiene su postura: el desarrollo renovable es compatible con la protección del olivar y el medio rural. El Gobierno andaluz insiste en que Andalucía puede liderar la transición energética sin poner en riesgo sectores tradicionales, aunque las fricciones con parte del sector agrícola auguran que el debate continuará.
