Este lunes se cumplen 13 años de uno de los crímenes más estremecedores de la historia negra española. El 27 de abril de 2013, Miguel Ángel, de 38 años, y su hija María, de apenas 7 años y a punto de cumplir los 8, fueron asesinados a 151 puñaladas en su domicilio de la Avenida de los Reyes, número 3, de Almonte (Huelva). Trece años después, no hay ningún condenado. Y la familia no está dispuesta a callar.
Eran días de Feria en Almonte cuando el crimen sacudió la localidad onubense. Ese sábado le correspondía al padre quedarse con la pequeña María, fruto de una relación que se había roto apenas quince días antes. Miguel Ángel y su expareja, Marianela, habían acordado la custodia compartida. Esa noche, él tenía pensado llevar a la niña a cenar a una pizzería. Antes, un amigo pasó por casa a ver un partido de fútbol, aunque se marchó antes de que terminara. Miguel Ángel se metió en la ducha. Nunca llegó a salir de casa.
Una vecina escuchó los gritos de una niña y los golpes que llegaban desde el interior del domicilio. Eran las 22.04 horas. La persona que entró en la vivienda no forzó la cerradura. Dos días después, al no recibir respuesta a sus llamadas, Marianela pidió a su padre que se acercara al domicilio. Fue el abuelo de María quien descubrió una escena que marcaría a todos los que la vieron: padre e hija sin vida, rodeados de un reguero de sangre. La policía científica trabajó durante tres días en la vivienda recabando pruebas.
Un sospechoso, tres años en prisión y un veredicto que partió en dos a la familia
Al mes del crimen, los restos de ADN hallados en una toalla apuntaron a un primer sospechoso: Fran, la nueva pareja sentimental de Marianela. Fue detenido y permaneció en prisión preventiva más de tres años, período durante el cual los recursos solicitando su libertad fueron rechazados de forma sucesiva por el juzgado de instrucción, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó dos investigaciones que, según la familia, apuntaron con determinación hacia él.
Sin embargo, en 2017 un jurado popular lo declaró no culpable. Los jueces consideraron que resultaba imposible que Fran hubiera abandonado su puesto de trabajo en un supermercado, cometido el doble crimen y regresado antes de las diez de la noche.
Además, la defensa argumentó que los restos de ADN en la toalla pudieron transferirse desde el cuerpo de Marianela, quien la había estado usando hasta dos semanas antes del asesinato. La versión de la propia madre de María también varió con el tiempo: si en un principio aseguró que Fran no tenía relación con el crimen, más tarde apuntó a que existían celos por parte del hombre. El veredicto generó una fractura profunda entre el alivio del entorno del acusado y la desesperación de los familiares de las víctimas.
Aníbal Domínguez, familiar directo de las víctimas, ha denunciado públicamente que aquel veredicto fue "arbitrario y débil", fruto de una deliberación "carente de fundamento y rigor jurídico" por parte de personas sin formación legal para interpretar pruebas de esa complejidad. Domínguez ha señalado además que los miembros del jurado tuvieron acceso a sus domicilios durante el proceso, exponiéndose a presiones externas que pudieron comprometer su imparcialidad.
La familia agotó todas las vías de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, denunciando la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, sin éxito. Incluso cuando el Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo solicitó la repetición del juicio, la situación no cambió.
"Mientras el asesino ande suelto, la cara de la Justicia llevará la marca de la vergüenza"
En el decimotercer aniversario del crimen, la familia ha emitido un comunicado a través de Europa Press que no deja lugar a la ambigüedad. "No es un aniversario más", advierten, porque "se cumplen trece años desde que el silencio más atroz se instaló en el número 3 de la calle Avenida de los Reyes". Y lanzan una acusación directa al sistema: la Justicia "tiene una deuda de sangre con la memoria y la dignidad de María y Miguel Ángel".
Los familiares denuncian que, tras dos investigaciones exhaustivas de la UCO que señalaron a un sospechoso, el sistema haya permitido que "el verdadero autor de esta carnicería camine libre, respirando el mismo aire que nosotros, manchando con sus pisadas las mismas calles de Almonte que un día tiñó de rojo".
Describen su situación como una "cadena perpetua de dolor" impuesta a las víctimas, mientras el culpable, aseguran, disfruta de una libertad "que no le pertenece". "Nos dicen que es 'lo que hay'. Nos piden que pasemos página como si estuviéramos hablando del robo de una bicicleta y no de la vida de una niña de ocho años y su padre", lamentan en el texto.
El comunicado también conecta el caso con un debate más amplio sobre el sistema del jurado popular en España. Domínguez ha aprovechado la disolución hace unas semanas de un jurado en Huelva —tras un juicio por la muerte de un hombre en el barrio de El Torrejón en 2020— para subrayar lo que considera un fallo estructural: "Solo cuando el error es escandaloso se corrige; cuando no lo es de forma formal, queda blindado, aunque sus consecuencias sean devastadoras". A su juicio, el modelo actual "no está capacitado para resolver con garantías delitos de extrema gravedad" porque carece de los filtros técnicos necesarios para valorar pruebas complejas.
La familia concluye su comunicado con una advertencia que resume trece años de lucha sin respuesta: "Mientras el asesino ande suelto, la cara de la Justicia española llevará grabada la marca de la vergüenza. La memoria de María y Miguel Ángel no es un expediente; es nuestro aire. Y no dejaremos de golpear el aldabón de vuestras puertas cerradas hasta que el eco de su justicia haga temblar los cimientos de vuestra indiferencia".