El reloj avanza y el plazo se agota. Este martes, Juana Rivas deberá entregar a su hijo menor, Daniel, de 11 años, a su padre, Francesco Arcuri, en cumplimiento de una orden judicial firme. Así lo ha confirmado la Audiencia de Granada, que ha rechazado el recurso de la madre para suspender la entrega del menor.
El auto, emitido por la Sección Quinta de la Audiencia, subraya que en procedimientos de familia impera la “ejecutividad inmediata” de las resoluciones, por lo que no cabe suspensión ni trámite previo. Se trata de dar cumplimiento a la decisión de la Corte de Apelación de Cagliari, que mantiene la custodia en manos del padre. La fecha clave es este 22 de julio, cuando se debe ejecutar el intercambio.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alzado la voz en contra de esta decisión. “No entendemos las prisas”, ha señalado, reclamando que primero debe dilucidarse "si el padre es un maltratador". Redondo ha remarcado que hay un proceso penal abierto contra Arcuri en Italia y ha insistido en que debe “prevalecer el interés superior del menor”.
Una situación con difícil solución para Rivas
Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha respondido ante los medios a la carta enviada por el hijo mayor de Juana Rivas, quien clama por la protección de su hermano pequeño. Moreno ha asegurado que la Junta de Andalucía no tiene competencias para frenar una orden judicial, aunque ha garantizado apoyo social y psicológico en todo momento.
La madre ha denunciado públicamente que su hijo siente “terror” ante la idea de regresar con su padre. De hecho, la jueza española que analizó el caso permitió al menor permanecer provisionalmente en España mientras era escuchado, algo que se retomará ahora, según ha adelantado la ministra Redondo: “El juzgado va a escuchar al niño. Tiene edad suficiente para discernir”.
La controversia también ha desatado una ola de movilización social. Este lunes, la plataforma de apoyo a Juana Rivas entregó 50.000 firmas en el Ministerio de Justicia para frenar la entrega. La petición, bajo el lema “Escuchen a Daniel”, exige aplicar el artículo 39 del Reglamento Europeo, que permitiría paralizar el traslado si se considera perjudicial para el menor.
Mientras tanto, Arcuri ha emitido un comunicado exigiendo que se respete la sentencia. Su equipo legal asegura que los hijos han sido “permanentemente monitorizados” y denuncia una campaña de presión e “injurias” contra la justicia.
