En 2019, los servicios de limpieza de la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada pasaron de la empresa Rydalca a la compañía Verdiblanca. Aquello coincidió con un cambio de edificio y una nueva configuración de la estructura del Gobierno andaluz con la llegada del Partido Popular y Ciudadanos al poder.
Una de las limpiadoras afectadas era Vanesa Sánchez. Sin embargo, lo que no imaginaba esta granadina es que aquello iba a suponer el inicio de una pesadilla. Vanesa fue la única trabajadora de la plantilla a la que no absorbió la nueva empresa. Quedó sin empleo a pesar de que su sindicato, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, denuncia que incumple el artículo 28 del Convenio Colectivo de Limpieza. Ella llevaba 11 años trabajando en el mismo lugar y hasta entonces siempre había sido absorbida por la empresa que lograba la licitación.
Su despido provocó una ola de solidaridad y movilizaciones a favor de Vanesa. El 21 de marzo, año y medio después, se manifestó junto a sindicatos y colectivos. Vanesa, junto a otros participantes, entró en el edificio para solicitar una reunión con el delegado de Turismo en aquel momento. Ella explica que la entrada fue completamente pacífica y que, incluso la seguridad de la puerta le dio el visto bueno. Ahora, la Junta de Andalucía pide para ella y para otros dos sindicalistas cinco años de prisión por desórdenes públicos y otros delitos.
#Absolución3delSAT
— SAT Andalucía (@SAT_nacional) January 17, 2024
Maria Jose Sanchez, portavoz de @KellysUnionGR
Imputada en el caso de Vanesa.#LucharPorTusDerechosNoEsDelito#NoMasRepresionSindical pic.twitter.com/tRR9PZM5Z9
"Subí con ellos, pero empezaron a darma arritmias y me bajé", cuenta sobre el momento por el que le denuncia la Junta de Andalucía. Vanesa está operada de corazón y tiene un desfibrilador implantado, "imagínate el estrés al que estaba sometida", cuenta sobre su etapa laboral en la empresa. El juicio será el próximo 1 de febrero pero este domingo habrá una nueva concentración en Granada para apoyarla. La gente que la conoce la respalda en su versión, con su complexión física no se creen que fuera capaz de realizar los hechos que se le imputan. Al acudir a la Delegación vio el carro de la limpieza con el que había trabajado tantos años. Él siguió en la empresa, ella no. "Lo veía allí limpiando y se me saltaban las lágrimas", cuenta a lavozdelsur.es
Los problemas, no obstante, comenzaron antes para Vanesa. Cuando observó que cada mes le faltaban 100 euros en la nómina pasó a ser delegada sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Empezó a reclamar las cantidades debida y a hablar con otras mujeres que estaban en una situación similar.
Su sindicalización, según ella, provocó una situación de "acoso y derribo" por parte de la empresa y la Junta. "Aprovecharon el cambio de sede, se llevaron a todas menos a mí. Me echaron sin nada, sin el dinero que me correspondía por los 11 años, ni los papeles del paro", afirma Vanesa, quien también denuncia las condiciones en la que trabajaba. Durante 18 meses estuvo manifestándose, tras comuncarlo a la Subdelegación del Gobierno, cada viernes frente a su centro de trabajo.
"Nuestro convenio es muy limitado y abusan de las necesidades de las personas. Hemos sido esenciales durante la pandemia a pesar de tener unas condiciones malísimas. Yo para poder trabajar 40 horas tengo que trabajar para cuatro empresas distintas y estar de un sitio a otro. No tengo vida", añade sobre las condiciones.
Pese a la situación que vive, donde se enfrenta a cinco años de prisión junto a su hermana María José Sánchez, portavoz de Unuón Kellys Granada, y el sindicalista Néstor Salvador. Precisamente, su hermana ha denunciado en Granada Digital que ella no estuvo presente el día que sucedieron los hechos que se le imputan.
"Estoy tomando ansiolíticos. Si yo me canso de luchar, ¿cuántas veces nos van a explotar?", pregunta Vanesa. "No me rindo porque sólo me queda luchar para darle algo a mis hijas, darles un futuro. El caso ha llegado al Parlamento de Andalucía e, incluso, a Bruselas. Sin embargo, y aunque han intentado comunicarse con la Junta, la administración no se ha pronunciado.
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