La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada vuelve al centro del debate político. El PSOE ha denunciado que la aplicación del sistema está generando sanciones “de manera masiva” y sin aviso previo, con casos de vecinos que acumulan hasta 8.000 euros en multas, a razón de 200 euros diarios por acceder a la ciudad. La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha anunciado que su formación solicitará en la próxima Junta de Portavoces una declaración institucional para exigir a la alcaldesa, Marifrán Carazo, una “moratoria inmediata” y la anulación de las sanciones vinculadas a la ZBE.
Según ha señalado Ruz, las multas se están tramitando “sin ningún tipo de notificación previa” porque el equipo de gobierno “no ha previsto el personal suficiente” para gestionarlas en tiempo y forma. Esto, sostiene, ha provocado que las sanciones se notifiquen por vía ejecutiva, generando una acumulación “sin precedentes” y “cifras astronómicas” que pueden desembocar en el embargo de cuentas.
La socialista ha explicado que muchos conductores, al no recibir un primer aviso, entendieron que sus vehículos estaban autorizados y continuaron accediendo con normalidad. “Cuatro meses después se encuentran con una situación dramática que puede provocar el embargo de sus cuentas y hundir a miles de familias que tienen que venir a diario a trabajar a nuestra ciudad”, ha advertido.
Ruz se ha hecho eco además de las denuncias sindicales sobre ciudadanos que han recibido multas acumuladas de 8.000 euros sin notificación anterior. Entre los casos citados, ha mencionado el de un vecino de 80 años que creía estar exento y que ahora afronta miles de euros en sanciones. “A esa persona mayor hay que explicarle que tiene que venir al Ayuntamiento, presentar una instancia y hacer una declaración responsable. Es una burocracia que muchas personas mayores no saben cómo afrontar”, ha lamentado.
La portavoz ha reclamado “sensibilidad” a la alcaldesa y ha exigido que se anulen los expedientes actuales y se notifique debidamente a los afectados antes de que las deudas pasen a vía ejecutiva. A su juicio, la implantación de la ZBE “no tenía ni pies ni cabeza” y ha provocado “exactamente lo que advertimos”. “Una administración tiene que ayudar a la ciudadanía. Lo que no puede ser es generar la ruina económica a las familias”, ha concluido Ruz, quien intentará “por todos los medios” que la propuesta llegue a la alcaldesa a través del viceportavoz Saavedra.