El hijo menor de Juana Rivas ha sido entregado este martes a su padre, Francesco Arcuri, en un punto de encuentro familiar en Granada, para su posterior traslado a Italia. La entrega se ha producido después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera a trámite la solicitud de suspensión de la medida planteada por la madre, lo que dejaba sin efecto su petición de paralizar el regreso del menor con su progenitor, quien ostenta la custodia legal. Tanto Rivas como su hijo no han podido evitar las lágrimas. Además, la granadina ha tenido que ser trasladada en ambulancia a un centro de salud por su estado de nerviosismo.
La situación se remonta a 2017, cuando Juana Rivas permaneció durante un mes en paradero desconocido con sus dos hijos, incumpliendo las órdenes judiciales que le exigían entregarlos a Arcuri. Por esta actuación, fue condenada a dos años y medio de prisión. La madre alegaba entonces que huía para proteger a sus hijos de presuntos malos tratos por parte del padre.
Arcuri tiene una causa abierta
Francesco Arcuri está siendo investigado en Italia por supuestos episodios de violencia familiar, tras las denuncias presentadas por Rivas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Granada, en su Sección Quinta con competencias civiles, desestimó la solicitud de la madre de suspender la entrega mientras se resuelve el procedimiento judicial abierto en el país transalpino.
El menor llegó al punto de encuentro acompañado por su madre, familiares y representantes legales, en una calle cortada al tráfico debido a la expectación mediática y la presencia de curiosos. Durante el trayecto, Juana Rivas fue apoyada por miembros del Centro de Información a la Mujer de Maracena y de la plataforma 25N/8M.
Momentos antes del encuentro con su padre, el niño expresó entre lágrimas su temor por el regreso a Italia, manifestando en presencia de su hermano, ya mayor de edad, que temía por su seguridad. La entrega se formalizó alrededor de las 11:00 horas, dentro del margen establecido por el juzgado. El proceso fue seguido de cerca por la directora general de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Sandra Gómez de Garmendia.
