Juana Rivas deberá entregar este viernes a su hijo menor, de 11 años, al padre del niño, el italiano Francesco Arcuri, en un acto que se celebrará bajo estrictas condiciones de privacidad, según ha dictado el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada. Es un episodio más, terrible, dentro de una truculenta batalla legal y familiar que dura ya nueve años.
La decisión llega tras el fallido primer intento de entrega celebrado el pasado martes, que tuvo lugar entre una gran expectación mediática y decenas de simpatizantes de la madre granadina.
El juzgado ha querido garantizar que el acto se produzca de forma discreta, asegurando la “privacidad y seguridad” del menor para evitarle una exposición pública “innecesaria”. La escena del martes, celebrada en el punto de encuentro familiar de Granada, derivó en un ambiente de tensión que ha llevado a las autoridades judiciales a replantear el procedimiento.
Un caso con impacto internacional
Desde entonces, la situación se ha tensado aún más: se han sucedido querellas cruzadas, recursos legales para frenar la entrega, gestiones del Gobierno, e incluso un pronunciamiento de Amnistía Internacional. La Audiencia de Granada ha abierto una investigación contra Rivas por un posible delito de sustracción de menores, mientras que el Tribunal Constitucional inadmitió la petición de su equipo jurídico de suspender cautelarmente el intercambio.
El menor, Daniel, debía regresar a Carloforte (Italia) con su padre después de unas vacaciones navideñas en Maracena (Granada), donde permaneció por una medida cautelar que ya ha decaído. Francesco Arcuri tiene la custodia legal del niño y ha manifestado su deseo de reunirse con su hijo tras siete meses sin contacto.
El Ministerio de Justicia, por su parte, ha respondido al Ayuntamiento de Maracena que “sólo los tribunales” pueden suspender la ejecución de la sentencia, basándose en el Reglamento Europeo 2019/1111 y en el Convenio de La Haya. Fuentes oficiales han recalcado que la competencia en este tipo de procesos judicializados es estrictamente de los órganos judiciales.
En caso de que se produzca finalmente la entrega este viernes, el Ministerio ha asegurado que mantendrá contacto directo con la autoridad italiana para garantizar el interés superior del menor y realizar un seguimiento constante de su situación en Italia.
Amnistía denuncia el miedo del menor
El caso ha adquirido un nuevo nivel de complejidad tras el comunicado de Amnistía Internacional, que ha pedido al Gobierno español que proteja al menor tras haber recibido una carta suya denunciando “actos de violencia” por parte del progenitor. La organización recuerda que el niño tiene derecho a ser escuchado, y que su miedo debe ser tomado en serio.
Según Amnistía, el pequeño relató que teme volver con su padre y denunció malos tratos físicos y psicológicos, lo que ha sido respaldado por la Fiscalía de Cagliari (Italia), que ha imputado a Arcuri y fijado la apertura de juicio oral para el 18 de septiembre.
