La retirada de piezas de los trenes implicados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, se produjo antes de que concluyera la inspección judicial del lugar del siniestro, según ha manifestado la Guardia Civil en uno de sus informes sobre el accidente.
Durante las labores de inspección ocular y recogida de muestras realizadas por la Guardia Civil, personal de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) evacuó diversos elementos de los convoyes accidentados. Posteriormente, los agentes localizaron este material y lo incorporaron a la investigación en curso. La empresa pública ha respondido a las acusaciones asegurando que recogieron las pruebas para custodiarlas porque los investigadores las habían "dejado olvidadas".
Los trenes afectados fueron un Alvia de Renfe que circulaba hacia Sevilla con destino final en Huelva y el Iryo 6189, que viajaba en dirección Madrid. Según la información recabada durante las diligencias, un trabajador habría recibido una orden verbal para trasladar durante la madrugada cupones de raíles con soldaduras, considerados elementos clave para el análisis técnico del accidente, hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba).
La incidencia quedó recogida en un oficio fechado el 7 de febrero por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, remitido dos días después al juzgado competente. En el documento se comunicó a la magistrada instructora una situación considerada anómala en relación con la actuación de responsables de Adif. Al no existir autorización judicial para la retirada del material, los agentes solicitaron información sobre su paradero, lograron localizarlo y ordenaron su devolución al lugar del siniestro para continuar con las diligencias técnicas.
La investigación
La causa está siendo instruida por el Juzgado de Montoro, cuya titular recibió comunicación formal de estos hechos. Paralelamente, la Guardia Civil ha trasladado que todas las hipótesis permanecen abiertas, desde un fallo en la infraestructura ferroviaria o deficiencias de mantenimiento hasta escenarios más graves como sabotaje, actuación terrorista o error humano.
Los investigadores sostienen que todavía faltan pruebas determinantes para esclarecer el origen del descarrilamiento del tren de Iryo y su posterior colisión con el convoy Alvia. El análisis de las cajas negras de ambos trenes figura entre las diligencias pendientes. Estos dispositivos permanecen bajo custodia judicial y no han podido ser examinados ni por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ni por los agentes encargados del caso, lo que mantiene en suspenso las conclusiones definitivas sobre uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en la provincia en los últimos años.