El consejo de administración de Aguas de Cádiz (Acasa), con los votos de los representantes del equipo de gobierno y del PSOE, ha acordado disolver la comisión ejecutiva delegada de esta empresa municipal ante la negativa del su vicepresidente y consejero por el Partido Popular, Ignacio Romaní, a abandonarla. Según ha recordado en una nota el Ayuntamiento de Cádiz, esta comisión de investigación pretendía esclarecer la relación entre la empresa municipal del agua y el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social, que coordina el director de la tesis doctoral del propio Romaní, en el periodo en el que el edil popular fue presidente de la misma.
El posicionamiento de seis de los ocho consejeros presentes —los tres representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz y de los tres del PSOE— no han logrado que el consejero del PP, Ignacio Romaní, renuncie finalmente a formar parte de esta investigación. El presidente de la empresa municipal, Álvaro de la Fuente, ha asegurado que "ante la cerrazón del consejero del PP, no tiene sentido que esta comisión siga adelante con este proceso".
El pasado 23 de abril el consejo de Acasa aprobó establecer una comisión que aclarara la relación entre la empresa municipal y el observatorio del director de la tesis doctoral del que fuera presidente de la misma y actual vicepresidente, Ignacio Romaní, a la luz de las informaciones periodísticas que atribuían un pago por parte de la empresa municipal de 42.000 euros al Observatorio que dirigía el director de la tesis del expresidente cuando estaba al frente de la sociedad.
Esta comisión iba a estar formada por un representante de cada fuerza política con presencia en el consejo, y el PP había designado al propio Romaní: De la Fuente calificó entonces lo ocurrido de "increíble e insólito", agregando que esta comisión "nació ya herida, puesto que es absurdo lo que ha hecho el PP, que vive completamente ajeno a la realidad". Por ello, los representantes del equipo de gobierno —dos de Por Cádiz sí se puede y uno de Ganar Cádiz en Común— y del PSOE han pedido formalmente en el consejo de administración de este lunes que Romaní abandonara dicha comisión. Sin embargo, esta petición no ha sido acogida por el implicado y su partido, que ha optado por mantenerlo en la misma.
El presidente de Aguas de Cádiz ha señalado al termino del consejo que "es un despropósito que Romaní siga empeñado en estar presente en esta comisión, no tiene ningún sentido más allá que el de enturbiar, entorpecer y boicotear esa comisión". Asimismo, ha afirmado que "la comisión nació herida por la presencia de Romaní y ahora está muerta por culpa de un PP que demuestra que vive muy alejado de la realidad y quiere ser juez y parte".
El también edil de Medio Ambiente ha insistido en que "tenemos la obligación de estudiar y poner en marcha otras vías porque está en entredicho la reputación de una empresa municipal y porque la gente tiene derecho a saber qué se ha hecho con su dinero". Por su parte, el PSOE ha explicado en un comunicado que sus representantes han trasladado al presidente de Acasa que tome las medidas oportunas, "ante las instancias que correspondan", para esclarecer la relación entre esta entidad y el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa entre 2011 y 2015.
"Nuestro único objetivo es que se esclarezcan los hechos con todas las garantías", ha asegurado la concejal socialista y consejera de Aguas de Cádiz, Mara Rodríguez. "Durante el desarrollo del Consejo de Administración hemos solicitado a Ignacio Romaní que no forme parte de la comisión de investigación, ya que desvirtúa la finalidad de la misma y supone un obstáculo y una total falta de objetividad. No se puede ser juez y parte", expone.
"Lamentablemente, se ha negado a traspasar la representación del Partido Popular a manos de alguno de sus compañeros, por lo que, a propuesta del PSOE, se ha aprobado dejar sin efecto la comisión de investigación y que sea el presidente de la empresa, como máximo representante de la misma, el que lleve a cabo las acciones oportunas para llegar al fondo de este asunto", explica Rodríguez.
Por otra parte,la edil ha recordado que, "desde el primer momento, en el consejo de administración que se celebró el pasado 23 de abril, y en el que votamos a favor de la creación de una comisión de investigación, dejamos de manifiesto que Romaní no debía formar parte de la misma. Finalmente, y ante su negativa a marcharse, lamentablemente hemos tenido que renunciar a esa comisión".
La versión del PP
De su lado, el Grupo Popular ha afirmado en un comunicado que su portavoz y consejero en la empresa "no va a renunciar a su legítimo derecho de defensa en los foros en los que como consejero puede y debe estar". La comisión era "justo una Comisión Ejecutiva delegada por el consejo de administración en materia de investigación de las actuaciones de la sociedad, que puedan afectar a la imagen y reputación de ésta; entre otras las relaciones con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa".
Los populares han llamado la atención sobre el nombre de la pretendida comisión y lo han comparado con la creada en 2016, en el seno de la misma empresa, con el nombre de comisión para el estudio y esclarecimiento del incidente en el servicio de abastecimiento de agua del Barrio de Loreto.
"La misma empresa ha planteado dos comisiones de supuesta investigación y en ninguna de ellas se acusaba a nadie en el enunciado de la misma: hace dos años nadie dijo absolutamente nada sobre el hecho de que el anterior responsable de Aguas estuviera en la de Loreto, pero ahora es calificado de inconcebible algo que es exactamente lo mismo", dice el PP, que se pregunta "cuáles son las verdaderas intenciones de Podemos en este asunto".
Ha señalado que "es curioso que ni Podemos ni Ganar Cádiz, y ni siquiera el PSOE, tan contundentes en este planteamiento sobre quien puede y no estar en una comisión de investigación, no hayan pedido ya que el alcalde, que se sentará en el banquillo en julio a raíz precisamente de su actuación en la comisión llamada de Loreto, deje de presidirla. Es el mayor sinsentido que hayamos podido escuchar en estos tres años: los que pretenden el linchamiento de nuestro portavoz prefieren que no se pueda defender, y son los mismos que se ponen dignos para exigir documentación mientras filtran papeles de manera sesgada".
Los populares también indicaron sobre este asunto que no permitirán que pase ahora como ha ocurrido en el llamado Caso Matadero, que actualmente tiene como imputados a dos concejales del equipo de gobierno, Martín Vila y Eva Tubío. El PP señala también que Romaní ha presentado en el consejo de administración un acta notarial en el que, bajo firma del notario, consta que la documentación que el portavoz presentó a la prensa cuatro horas después de aparecer la noticia en los medios de comunicación no había sido manipulada". En dicho acta se certifica la hora y fecha de recepción del correo electrónico por parte de Romaní, y el contenido del mismo, que no es otra cosa que exactamente el documento mostrado a los medios el pasado 18 de abril.
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